El juicio de La Bufona ha arrancado este lunes en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, 16 años después de que se iniciara la instrucción de esta causa. Durante el debate de las cuestiones previas, las defensas de los dos acusados que se sientan en el banquillo, el constructor Antonio Caro y el arquitecto Federico Echevarría, han pedido la suspensión del juicio, aunque la juez ha rechazado su solicitud.
"Las argucias de la defensa para que este juicio no se celebre yo creo que ya están agotadas", ha señalado una de las abogadas de la acusación particular, que representa a la familia Murillo. Se refería así a los retrasos que ha sufrido esta causa, en la que se juzgan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, de desobediencia grave (por el supuesto incumplimiento de un precinto), de falsedad de documento público y de estafa, ya que además de realizarse parte de las obras en suelo rústico protegido de paso de jable, la acusación sostiene que se usurparon terrenos de la familia Murillo. En total, la Fiscalía pide 4 años de prisión para cada uno, mientras que la acusación reclama 11 años para Echevarría y 15 para Caro.
Entre los compradores de esas viviendas se encuentran la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, y el ex fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, que está citado a declarar como testigo este martes, cuando continuará la vista oral. En cuanto a los acusados, uno de ellos falleció durante la instrucción. Se trata de Francisco Carmona, que además de ser promotor de las obras junto a Caro y Echevarría, a través de la sociedad Brisa Inversiones, era trabajador del Ayuntamiento de Arrecife y encargado municipal del catastro.
Delitos prescritos, según las defensas
Además de pedir la suspensión del juicio, los abogados defensores han planteado también como cuestión previa que los delitos de los que se acusa a sus clientes habrían ya prescrito. Y es que aunque la instrucción se inició en el año 1999, cuando aún no había terminado siquiera la construcción de las viviendas, alegan que no fueron llamados a declarar como imputados hasta seis años después.
Respecto a esa supuesta prescripción, la juez ha señalado que al ser un tema de fondo lo resolverá al dictar sentencia. Cabe recordar que sobre este asunto ya se ha pronunciado la Audiencia Provincial, que hace unos meses rechazó la pretensión de los acusados y ordenó celebrar el juicio, al considerar que no habían prescrito los delitos. En cuanto a la petición de suspender la vista, la juez ha sido tajante tras escuchar a las partes: "Obviamente no voy a aceptar la suspensión", ha concluido, afirmando que los argumentos planteados por las defensas "no justifican de ninguna forma" adoptar esa medida.
Esos "argumentos" se basan en dos ejes. Uno de ellos, las nuevas sentencias que la acusación particular aportó a la causa la pasada semana, relativas a las órdenes de derribo que pesan sobre parte de algunas viviendas de La Bufona. En esas sentencias, se rechazan los recursos de los propietarios (a los que aún les cabe otro recurso) contra la orden de derribo decretada en 2013 por la Apmun.
Entre otras cosas, las defensas pedían que se aportara a la causa penal "testimonio de todo lo actuado en esos procedimientos" contencioso administrativos, para "el análisis y estudio de toda la documentación", para "evitar indefensión" de sus clientes. Los abogados se han referido expresamente a informes que se analizaron en ese procedimiento contencioso, señalando que "afectan sobremanera a esta causa" y que por tanto tenían derecho a estudiarlos. Sin embargo, tras rechazarse la suspensión del juicio, ha sido la abogada de uno de los acusados quien ha aportado precisamente uno de esos informes.
Demanda contra un técnico del Cabildo
Por su parte, la abogada de la defensa ha mostrado su sorpresa por esta aparente contradicción de "aportar informes que no conocían". Además, respecto a ese dictamen que ha pedido incorporar la defensa, elaborado por el técnico del Cabildo Gustavo Navarro, ha adelantado que su cliente, Gonzalo Murillo, le ha interpuesto una demanda por prevaricación. Y es que el denunciante considera que este trabajador del Cabildo se "extralimitó" al elaborar su dictamen, ya que "no es jurista".
Por su parte, el fiscal no se ha opuesto a que se aporte nueva documentación y ha subrayado que las sentencias que pidió incluir la acusación particular la pasada semana simplemente tienen un efecto "ilustrativo", porque "ponen de manifiesto la existencia de una problemática no solo en vía penal". En cuanto a la acusación particular que aportó esas sentencias, ha señalado que "no contradicen" lo que se sostiene en este procedimiento penal, sino que "vienen a reforzarlo".
Respecto a la supuesta contradicción que según las defensas podría existir entre esos procedimientos (por las ordenes de derribo parciales que afectan a los actuales propietarios de las viviendas) y los hechos que se han empezado a juzgar este lunes (donde también se pide el derribo total de las casas), el fiscal ha subrayado que en todo caso, definir a quién corresponde el pago de los derribos (si a los promotores o a los compradores de las viviendas) se vería en la ejecución de las sentencias.
Posibles medidas contra dos testigos ausentes
El otro argumento al que se han aferrado las defensas para pedir la suspensión del juicio ha sido el de la ausencia de algunos testigos que estaban citados este lunes. Algunos han justificado su ausencia por problemas médicos, incluyendo al propio denunciante, que actualmente tiene ya casi ochenta años (por la acusación sólo ha declarado Gonzalo Esteban Murillo, que ha acudido con un poder para hablar también en nombre de sus padres).
Sin embargo, en el caso de otros dos testigos, la juez ha subrayado que ni habían acudido al Juzgado ni habían explicado los motivos. "Se tomarán las medidas oportunas con respecto a la incomparecencia", ha advertido. Pero pese a la petición formulada por las defensas, no ha considerado que esas ausencias debieran motivar la suspensión del juicio.
Tanto el fiscal como los dos abogados de la acusación particular han subrayado que los dos testigos que no han justificado su ausencia eran compradores de viviendas en La Bufona, y que su testimonio no era imprescindible porque hay citados varios más. "Se decidió de forma aleatoria quién venía y quién no. Que vengan dos o tres más no cambia nada", ha señalado desde la acusación particular.
Así, el juicio ha comenzado este lunes con la declaración de los dos acusados y de los primeros testigos, incluyendo agentes del Seprona y compradores de viviendas. La vista continuará el martes y después se reanudará la próxima semana, con otras dos sesiones entre el lunes y el martes.