El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este jueves la designación de los integrantes que formarán parte del Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa, que será el encargado de tramitar los proyectos y planes con incidencia ambiental de carácter insular e incluso trámites que necesiten los ayuntamientos para sus proyectos.
El presidente Oswaldo Betancort ha valorado esta aprobación como “un paso más para lanzar un instrumento importantísimo de cara a agilizar la tramitación de normativa dirigida a la conservación del territorio y el cuidado de nuestro medioambiente, ya que lamentablemente éramos la única isla de Canarias sin Órgano de Evaluación Ambiental”.
En esta línea, ha explicado que “hasta ahora, cualquier proceso normativo emprendido en este ámbito por el Cabildo debía pasar obligatoriamente por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias, y ahora, la aprobación de este órgano ambiental facilitará la aprobación de normas fundamentales que desde el Cabildo nos proponemos aprobar en este mismo mandato como el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) o el Plan Especial de La Geria”.
Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, ha asegurado que este acuerdo “es una excelente noticia y un reclamo histórico de la ciudadanía de ambas islas”. Así pues, ha revelado que “no podíamos seguir sin iniciar la redacción de un órgano medioambiental, porque nos jugamos mucho en nuestro territorio y era nuestra obligación, como Corporación insular, doblar los esfuerzos para sacar adelante esta iniciativa”, añadió Medina, quien apuntó también que a medida que avancen los meses “se seguirá avanzando y dando cada vez más pasos para tener cuanto antes un documento completo y reglado”.
Como responsable del área, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, ha celebrado que en apenas ocho meses se haya aprobado el reglamento que dirime todo el funcionamiento de este órgano y que en el pleno de hoy, se haya cerrado la lista definitiva de miembros perfectamente designados, desde juristas, ambientalistas, geógrafos y arquitectos.
“Una herramienta que nos va a dar agilidad, que nos va a dar dinamismo y que contará con el asesoramiento profesional de gente de Lanzarote que conoce nuestras vicisitudes, nuestras idiosincrasias y lo que supone para la isla esta concepción nueva del territorio y de los espacios naturales protegidos”, ha concluido Machín.
Miembros del Órgano de Evaluación Ambiental
El jurista Pedro Fraile Bonafonte, actual director de la asesoría jurídica del Cabildo, será el nuevo secretario de este Órgano Ambiental y, por su parte, Carolina Pardo, jurídica del Cabildo insular será la suplente.
Asimismo, también se han designado a los siguientes vocales titulares y suplentes respectivamente: María del Pilar Gómez Cortés (jurídica del Cabildo de Lanzarote) y Santiago Calero Cabrera (jurídico el Ayuntamiento de Tías); Flora Márquez Cabrera (jurídica del Ayuntamiento de Tinajo) y Laura del Carmen Morales Soler (jurídica del Cabildo de Lanzarote); Alberto Lasso Hernández (arquitecto del Ayuntamiento de Tías) y Lidia Sánchez Suárez (arquitecta del Ayuntamiento de Arrecife); María Matilde Rodríguez Borges (ambientalista del Ayuntamiento de Teguise) y Tani María Acuña González (técnico agrícola del Cabildo de Lanzarote); Ignacio A. Ramos García (geógrafo) y Ancor Sánchez González (geógrafo).
El órgano es complementario del Cabildo de Lanzarote y debe estar integrado, según se recalca en su reglamento, por "personas que respondan a criterios de autonomía, especialización y profesionalidad, adoptando sus decisiones de forma colegiada". Las personas integrantes del órgano ejercerán sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los principios de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
De esta manera, la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, que precisen de evaluación ambiental, y cuya aprobación corresponda al Cabildo, ya no tendrán que ser tramitados por el Gobierno de Canarias.
Del Órgano Ambiental pueden formar parte tanto empleados públicos como personas con reconocida competencia profesional, con titulación superior y de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales. En todos los casos, deberán contar con formación y especialización acreditadas en materia jurídica, técnica, territorial o medioambiental, e igualmente deberán cumplir los criterios de “profesionalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.