El Cabildo de Lanzarote ha mantenido una reunión con representantes de Amnistía Internacional, una asociación que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, y que se ha interesado por la situación migratoria en la Isla. Según ha informado el Cabildo, el encuentro se centró en asuntos como “las competencias de la Institución insular en materia de menores, el estado de las infraestructuras destinadas a éstos y la cooperación entre administraciones públicas para atender a este colectivo”.
La consejera insular de Bienestar Social, Isabel Martín, que fue quien se reunió con la organización, ha destacado “el interés mostrado por Amnistía Internacional y su predisposición a la colaboración a la hora de conocer las posibilidades del Cabildo para atender de la mejor manera a los migrantes que arriban a las costas lanzaroteñas, en especial a los numerosos menores”.
Además, la ONG se interesó por la cooperación que prestan otras administraciones, como el Ministerio de Migración, el Ministerio de Interior u organismos a nivel europeo.
Según apuntan desde el Cabildo, Amnistía Internacional enfatizó también su preocupación “por saber si existían situaciones de trata de personas, derivadas de esta crisis migratoria”.
“En esta línea, hemos abierto un canal de comunicación entre Cabildo y Amnistía, y mantuvimos un encuentro muy productivo, con el fin de atajar este drama humanitario al que nos estamos enfrentando y de asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas que llegan a las Islas en busca de un futuro mejor”, ha señalado la consejera.
La asociación advierte que los menores sufren "las peores consecuencias de la caótica acogida" en Canarias
Por su parte, desde Amnistía Internacional han difundido un comunicado en el que se hacen eco de la situación de estos menores en toda Canarias, señalando que sufren "las peores consecuencias de la caótica acogida de personas migrantes y refugiadas". Al respecto, y refiriéndose al conjunto del archpiélago, denuncia "la falta de preparación, tanto de algunos profesionales como de las instalaciones existentes, que no se ha resuelto con el paso de los meses".
A ello, afirma que "se suma la ausencia de procedimientos ágiles y adecuados de coordinación entre los organismos competentes y la falta de voluntad política, que provoca que más de 1.100, de los 2.434 menores que están en Canarias, se encuentren a la espera de pruebas de determinación de la edad, o pendientes de alguna prueba o trámite". Al respecto, cita varios testimonios que ha recogido la asociación de distintos menores, uno de ellos llegado en patera a Lanzarote, de cuya historia se hizo eco La Voz hace meses.
En su caso, al llegar a la isla fue tratado como adulto, pese a que en ese momento tenía 17 años, y tras pasar tres días retenido pasó a la nave de adultos que gestionaba Cruz Roja y después terminó en la calle, hasta que intervino el Defensor del Pueblo. “Tenía mi partida de nacimiento que demostraba que era menor, pero no me la aceptaron. Incluso unas trabajadoras sociales me dijeron que era mejor que dijese que era mayor de edad. Me quedé en la calle. Tuve que ir frente a los juzgados de guardia y denunciar mi situación. Después me llevaron a un centro para menores en Lanzarote, pregunté si podía estudiar pero me dijeron que hasta que no se demostrase que era menor de edad, sólo podía dar clases de español. En julio llegaron los resultados de las pruebas y me dijeron que habían dado que era mayor… y ahora estoy nuevamente viviendo en la calle”, ha relatado él mismo a Amnistía Internacional.
"Los retrasos han provocado que algunos estén alcanzando la mayoría de edad sin que su situación se resuelva. Mientras tanto, están en un limbo sin derechos", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Las interminables esperas para la realización de todos los trámites acrecientan la ansiedad y la inestabilidad de los y las menores. Nos preocupa además que la consecuencia de estos retrasos pueda ser que los y las menores acaben en la calle", advierte. Y es que la asociación señala que uno de los principales problemas de los menores acogidos en España es que no se facilita su "transición a la vida adulta", por lo que pueden verse "abocados a una situación de exclusión social y de discriminación" cuando tienen que abandonar los centros de menores.
Además, tal como vienen reclamando el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo de Lanzarote, Amnistía Internacional subraya que "también es necesario que se hagan cambios ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados".