Alternativa Ciudadana pidió este viernes la depuración de responsabilidades penales por la gestión en la compañía del agua de Lanzarote, Inalsa, en los últimos años, lo que ha llevado a la empresa a una deuda de 40 millones de euros y a estar administrada por un juez.
La plataforma ciudadana pide a la Administración Concursal que denuncie en la Fiscalía Anticorrupción al consejo de administración, a la consejera delegada y al gerente por las sospechas de graves irregularidades en la gestión de los fondos y solicitan que se revisen todas las facturas.
Señalan que en 2005 se elaboró una lista de defraudadores del agua que ascendía a unas 60 personas y empresas y piden que se investigue ese asunto. Consideran que frente a todas las irregularidades, lo que se pretende es hacer un expediente de regulación de empleo y subir la tarifa del agua.
"Inalsa y los Centros Turísticos han sufrido un saqueo de cuello blanco y los responsables no pueden salir impunes", señaló Blanca Blancas, de Alternativa Ciudadana. La plataforma considera que los ciudadanos y los trabajadores no pueden pagar los excesos de los que han manejado la empresa.
Denuncia de facturas
De momento, Alternativa ha denunciado en Fiscalía cinco facturas emitidas por el abogado Francisco Rodríguez Batllori a Inalsa, por un importe total de algo más de 20.000 euros en concepto de asesoramiento y colaboración.
Alternativa considera que estas facturas, que se cobraron, pueden haber sido percibidas por trabajos que nada tienen que ver con Inalsa y constitutivas de los delitos de prevaricación y uso fraudulento de fondos públicos, de los que podrían ser responsables el consejo de administración y la gerencia de la empresa.
Según revela el sumario de la Operación "Unión", sobre el pago de comisiones ilegales en varias insittuciones públicas de Lanzarote, el fundador del PIL, Dimas Martín, que no tenía ningún cargo en Inalsa, ordenaba la emisión de facturas en esta empresa, tales como billetes de avión , trabajos realizados por su hermano y otros proyectos, algunos de ellos al margen de la empresa.
El sumario revela que Dimas Martín y Batllori mantienen una estrecha relación. El abogado, que tiene graves apuros económicos, ejerce de mediador con autoridades de Marruecos para la posible instalación de una línea marítima entre Lanzarote y África. Batllori es vocal de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y presidente del Corte Atlántica de arbitraje, que mantien relaciones con el contiente africano.
También en Arrecife
Además de las facturas a Inalsa, también facturó al Ayuntamiento de Arrecife, aunque es Dimas Martín quien hace las gestiones para que el ex concejal José Miguel Rodríguez, uno de los principales imputados, le pague un cheque por un concepto indeterminado. Batllori asesoraba a Dimas Martín en la privatización de Inalsa que pretendía llevar a cabo el líder del PIL. En una conversación queda claro que acompaña a Gran Canaria a un asesor para tratar temas del convenio de Inalsa.
También le hace gestiones a Martín, por sus contactos en la judicatura, para averiguar cómo puede volver éste a conseguir el tercer grado penitenciario y las razones por las que se lo han denegado. Incluso le manda una carta a la cárcel hablando de estas cuestiones.
ACN Press
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