ACN
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo que dirige no tiene "ningún inconveniente en la apertura de una comisión de investigación" parlamentaria sobre las irregularidades denunciadas en torno al concurso de adjudicación de energía eólica. Así se lo hizo saber por la mañana al portavoz de Coalición Canaria (CC) en la Cámara regional, José Miguel González, con quien se reunió para para trasladarle su posición sobre este caso.
Después de que la semana pasada nacionalistas y socialistas mostraran su poca disposición a poner en marcha en estos momentos esta comisión de investigación, -que coincidiría con la ya iniciada sobre las consecuencias de la tormenta Delta-, Martín se desmarcó diciendo que desde el Gobierno "no ponemos la más mínima objeción" a la misma. "Queremos el esclarecimiento total de los hechos. Y si de él se derivan responsabilidades, habrán de aplicarse con toda firmeza y con un grado de diligencia que preserve el interés público al mismo tiempo que los derechos de todas las personas implicadas", aseveró. En su opinión, el proceso no debe dilatarse largamente, pues supone avivar "la sospecha sobre una Administración que ha de seguir trabajando con normalidad, precisamente para restituir la confianza a un proceso supuestamente viciado".
Las manifestaciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre la compatibilidad entre el proceso judicial abierto y la investigación parlamentaria han contribuido a esta postura favorable del presidente, que asegura en una nota de Prensa que "estamos haciendo todo lo posible para que se aborde el caso con la máxima transparencia y eficacia". Como muestra de esta disposición, Martín recuerda que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para la suspensión del concurso, ha desarrollado una investigación interna de carácter administrativo y se ha personado en el procedimiento judicial abierto "para la mejor defensa de los intereses públicos".
Martín explica que el asesoramiento jurídico que ha recabado en los últimos días, le aconsejaba no abrir una investigación parlamentaria hasta que se levantara al menos el secreto del sumario, pero considera más valiosa la opinión de López Aguilar de que es "deseable" determinar paralelamente las responsabilidades por posibles delitos penales y si han existido conductas políticamente reprobables.
En nombre de la "transparencia, honestidad y eficacia" que el presidente entiende debe ostentar la Administración ante casos de este tipo, el titular del Gobierno regional aseguró que ya trasladó su disposición a que la investigación parlamentaria "se inicie cuando los grupos lo estimen oportuno" al líder de los socialistas canarios, Juan Carlos Alemán, desde el pasado viernes. Indicó que hoy lo ha vuelto a hacer, con el objetivo de que haya el máximo consenso posible. Además, ha pedido a González que traslade al resto de los grupos parlamentarios y a los órganos de gobierno de la Cámara su "plena disponibilidad para llegar hasta donde sea preciso en el esclarecimiento de estos hechos".
Trámite administrativo
Recordó que el trámite para la suspensión del concurso está en marcha y que la investigación puramente administrativa se ha realizado con rapidez, sin evidenciar incorrecciones en el procedimiento técnico. "Pero otros comportamientos ajenos completamente a la tramitación del expediente pueden haber viciado la limpieza, la rectitud y la honestidad que es esperable, y siempre he reclamado -antes y ahora -, a todos los miembros y dirigentes del Gobierno".
Esas fueron las razones que impulsaron al Gobierno a personarse como acusación particular ante el juzgado. "Por eso -añadió-, estamos impulsando todas las acciones que contribuyan a aportar luz y taquígrafos a este proceso. Sólo esclareciendo los hechos completamente lograremos que el buen nombre de la institución y de todos los directivos que la sirven con lealtad y honradez quede a salvo de las sospechas que están envenenando la convivencia política en Canarias".
Finalmente emplazó a todos a "mantener la máxima responsabilidad y rigor en sus declaraciones y en el tratamiento de la información, hasta que no sea contrastada. En ese sentido, he de seguir reivindicando la presunción de inocencia al mismo tiempo que el ejercicio de la transparencia, porque los dos son derechos que hemos de hacer compatibles".