La instrucción del caso Stratvs está sufriendo un "ataque" por parte de los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa, principal imputado en la causa, "con la colaboración del presidente del Cabildo de Lanzarote y ahora con el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, valorando ambos una prueba pericial judicial, en un claro intento de obstrucción a la Justicia".
Eso es lo que sostiene la familia Negrín, personada como acusación particular en esta causa, en un escrito que ha remitido al Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife. Con ese escrito, el abogado pretende "dejar constancia del ataque que está sufriendo el principio de independencia del poder judicial", y que "podría afectar plena y gravemente" a sus representados. La familia Negrín se personó en esta causa como parte perjudicada, ya que denuncia la presunta usurpación de sus terrenos, que habrían sido ocupados al construir la bodega.
Ahora, su letrado pide que se incorporen al sumario varios artículos periodísticos que considera que acreditan esos ataques, tanto por parte de medios de comunicación a los que se refiere como "afines" a Juan Francisco Rosa (en realidad es su propietario junto a otros socios), como por parte de Pedro San Ginés y Domingo Berriel.
"Inadmisible" actitud de San Ginés
En su escrito, el abogado de la familia Negrín comienza tachando de "inadmisible" que Pedro San Ginés "valore el informe redactado a petición de este juzgado y para este procedimiento penal" por la técnico del Cabildo Joana Macías, "validando o supervisando en profundidad ese informe o manifestando que incurre en errores o excede el objeto del mismo, sin ser perito ni parte alguna en el procedimiento, en un claro intento de defensa de los intereses de un imputado".
El abogado se refiere así al escrito que adjuntó San Ginés cuando envió al Juzgado los informes técnicos solicitados por la juez Silvia Muñoz. En ese escrito, el presidente cuestionaba el contenido de esos dictámenes elaborados por dos técnicos del Cabildo y señalaba que no habían sido "validados ni supervisados en profundidad". Al incorporar esos informes a la causa, la juez ya respondió a San Ginés que la Corporación no puede "supervisar" los informes que realizan sus técnicos a petición de un Juzgado, porque podría "suponer una incursión" en su "independencia", e incluso le advirtió de que "intentar influir directa o indirectamente" en los peritos está tipificado como delito.
A esto, la acusación particular agrega que "no bastándole" con eso al presidente cabildicio, "solicitó la presencia en esta isla de Domingo Berriel, a la razón consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, a los efectos de valoración del informe jurídico elaborado por una jurista de la institución en el que se plantea la nulidad del Plan Especial de La Geria, entre otros asuntos". Y es que en ese informe, Joana Macías no solo advierte del trato privilegiado que recibe Stratvs en ese documento, sino que también cuestiona la legalidad del Plan en su conjunto.
Berriel, "raudo y veloz"
"Raudo y veloz", señala el abogado de la familia Negrín, "el consejero se desplazó a esta isla de Lanzarote para defender el Plan Especial de La Geria, frente al informe emitido por la jurista del Cabildo", pese a que es "una prueba pericial aportada a un procedimiento penal". Además, el abogado subraya que el consejero acudió a varios medios de comunicación "afines" a Juan Francisco Rosa para "manifestar la legalidad del Plan Especial de La Geria" y "rechazar" el informe de Joana Macías.
Según la acusación particular, esto supone "un claro intento de intromisión del poder ejecutivo en el judicial, intentando, sin ser parte, conducir el proceso en una dirección interesada". Además, el abogado subraya que, tal como adelantó después La Voz de Lanzarote (en unlo de los artículos de prensa que el letrado ha pedido incorporar a la causa), el consejero "obvió" decir que el Plan Especial de La Geria "ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y no precisamente por el informe de Joana Macías", sino por particulares afectados que poseen terrenos en ese espacio protegido.
En cuanto al informe de la jurista, el abogado de la familia Negrín agrega además que "si nos atenemos en strictu sensu", es decir, en sentido estricto, a su contenido, "algunas personas e instituciones podrían haber cometido algún ilícito penal" en la tramitación y modificaciones del Plan Especial de La Geria, "en interés de terceras personas".