"Que la prioridad de la acción de gobierno de Pedro San Ginés es beneficiar a aquellos grupos empresariales que lo patrocinan es algo que muchos suponían, pero el político de Coalición Canaria está llegando demasiado lejos en el uso de su cargo como presidente del Cabildo para beneficiar a esos intereses particulares, que distan mucho de los generales de la isla". Con esta dureza se ha referido Alternativa Ciudadana a la última polémica abierta en torno a la bodega Stratvs, que incluso ha llevado a la juez que instruye esa causa a advertir a San Ginés de que "intentar influir" en los informes periciales de los técnicos puede constituir un delito.
Al respecto, tras las noticias adelantadas por La Voz de Lanzarote, AC subraya que "el último descaro de Pedro San Ginés ha consistido en entrometerse en la remisión al Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, que investiga el caso de la bodega Stratvs, del informe técnico de una jurista del Cabildo, quien ha alertado de que el Plan de La Geria está viciado de nulidad, y que este incluye determinaciones contrarias a la ley que tratan de beneficiar a la bodega del empresario Juan Francisco Rosa".
A juicio de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, "es indigno que un responsable público repruebe sin elementos de juicio el dictamen de un técnico y, aún más, que haya sido la propia juez de instrucción quien haya tenido que recordar, en su contestación, que no es función de San Ginés revisar informes, y que no es admisible valoración alguna". Esa respuesta de la juez llegó tras recibir un escrito del presidente del Cabildo, que al remitir los informes solicitados por el Juzgado incluyó un oficio firmado por él, en el que advertía que el dictamen jurídico de Joana Macías "excedía el objeto de lo solicitado, amén de los errores de contenido en que incurre el mismo". Tal como publicó La Voz, Alternativa recuerda que la respuesta de la juez fue contundente, advirtiendo de que "la supervisión institucional pudiera suponer la incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe".
Además, Alternativa Ciudadana recuerda que "no es la primera vez que San Ginés pretende interferir en el trabajo de los técnicos de la institución para hacer valer los intereses de los grupos empresariales afines, como ha ocurrido con la recusación de los juristas de la oficina del Plan Insular de Ordenación".
San Ginés gobierna para los mismos
El partido asambleario recuerda además que "hace dos semanas, San Ginés y su mano derecha en los Centros Turísticos, José Juan Lorenzo, con la complacencia de sus socios del PSOE, nos sorprendían aprobando, sin ningún tipo de explicación ni exposición públicas, ni consenso, una inversión de 700 mil euros para un museo de esculturas submarinas, copia de otro existente en Cancún, a colocar en las inmediaciones de Puerto Marina Rubicón". Al respecto, AC sostiene que esta iniciativa "no se ajusta al espíritu de los CACTS (poner en valor elementos singulares del paisaje y la cultura de Lanzarote a través de intervenciones artísticas originales y únicas) y que, en cualquier caso, de hacerse, debería ser sufragado por aquellos empresarios turísticos que van a hacer negocio por su proximidad a sus instalaciones de ocio náutico". Alternativa Ciudadana se refiere así al puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad también de Juan Francisco Rosa, que está investigado por su ilegalidad en otra causa penal.
"Debía parecerle poco a San Ginés aprobar un proyecto que ni siquiera cuenta con informe de viabilidad económica ni permiso de Costas, para que, ahora, vuelva a abochornarnos con esa especie de recado dejado a la juez del caso Stratvs, y que ha sido contestado con contundencia por la magistrada", subraya AC, criticando que "casualmente San Ginés ha vuelto a interferir para intentar beneficiar a esos mismos empresarios, esta vez con su bodega de La Geria".
Por todo ello, Alternativa ha querido mostrar "su indignación al comprobar que tenemos al mando de la primera institución de la isla a un político que se desvela exclusivamente en la defensa de los intereses particulares de unos pocos, apoyado por el silencio cómplice del PSOE. Unos pocos cuyas actuaciones urbanísticas y ambientales, además, presentan claras sospechas de ilegalidad, tal y como investiga la juez del caso Stratvs".
Alternativa Ciudadana 25 de mayo recuerda también que fue la única formación política que votó en contra de la propuesta de modificación del Plan Especial de la Geria, llevada a pleno en mayo de este año. "Y no porque estemos en contra del desarrollo del sector vitivinícola, al cual apoyamos plenamente", subrayan, "sino porque, como advertimos desde entonces, se está priorizando resolver los problemas legales del propietario de Stratvs frente a una visión de conjunto del sector agrícola de la zona".