La Dirección General de la Costa y el Mar publicó el pasado 8 de julio el deslinde definitivo de Costas en Playa Blanca, determinando que la zona de protección del Plan Parcial Las Coloradas, entre otros, ocupa una anchura de 100 metros, por lo que la mayor parte del hotel Papagayo Arenas queda dentro de la nueva servidumbre de protección.
La resolución del órgano ordena a la Demarcación de Costas de Canarias a iniciar las actuaciones pertinentes a “rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado”.
Como se recordará, el Plan General de Yaiza, aprobado en 2014, fue anulado parcialmente en mayo de 2018 y posteriormente, en septiembre de 2022, íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por carecer del informe preceptivo de Costas.
Según recoge el informe realizado por Costas, el 2 de junio de 2021, con respecto al Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, "la edificación residencial es un uso expresamente prohibido en la zona de servidumbre de protección, pudiendo establecerse un régimen transitorio en aquellos casos que fuera de aplicación".
Sin embargo, el mismo informe advierte que "existen edificaciones en servidumbre de protección con fecha de construcción muy posterior al año 1988, por lo que deberá acreditarse la legalidad de su construcción, recordando que ante una infracción de la normativa de Costas, el artículo 197 del RGC (Reglamento General de Costas), establece la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior".
Esta advertencia es aplicable de manera contundente al caso del hotel Papagayo Arena, ya que todas licencias que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes concedió para la construcción de este hotel han sido declaradas ilegales y anuladas por los Tribunales, que también han advertido que el hotel invade un vial público, por lo que carece por completo de cobertura legal para acceder al régimen transitorio. Por tanto, sus propietarios estarían obligados, tal y como señala el mencionado artículo 197 del RGC, a la "restitución de las cosas y reposición a su estado anterior", lo que añade un nuevo motivo que hace completamente inviable su legalización.
Denuncia en Fiscalía Anticorrupción
El Hotel Papagayo Arenas se encuentra abierto al público y en explotación desde hace más de quince años careciendo de las autorizaciones necesarias para ello. Esta situación llevó a la a la asociación cívica 'El sol sale para todos' a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza por su inacción. El Ministerio Fiscal de Arrecife, a quien Anticorrupción derivó la denuncia, dispone hasta el próximo 6 de octubre, para decidir si aprecia hechos constitutivos de delito.
La asociación cívica 'El sol sale para todos' decidió presentar la denuncia en Fiscalía cuando conoció a través de un periódico digital que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había estimado en diciembre del pasado año un recurso de la propiedad del Papagayo Arena en el que revocaba el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas. Este Tribunal había ordenado el restablecimiento de "la legalidad urbanística y territorial" y abría la puerta a la demolición total o parcial del hotel.
Sin embargo, la sentencia del TSJC insta a continuar el procedimiento de legalización de las obras de uno de los mayores hoteles de la isla, en contra del criterio sostenido por el anterior Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, que defendió la inutilidad de concluir ese procedimiento de legalización, dado el carácter ilegalizable de las obras por incumplir la normativa turística y urbanística.
De acuerdo con los Tribunales, el Sandos Papagayo Beach Resort, antes conocido como Papagayo Arenas, incumple el planeamiento municipal y ocupa un vial público de acceso a la playa, que el hotel ha hecho suyo y lo ha integrado en su construcción e instalaciones. Así ha quitado a la población el derecho de acceder por suelo público a esa playa, como parte del dominio público estatal recogido por la Constitución Española.