Activistas y ciudadanos de la plataforma Lanzarote tiene un límite, germen del movimiento regional Canarias tiene un límite, se lanzaron este pasado fin de semana al interior del hotel ilegal Papagayo Arena de Playa Blanca, antes Sandos Papagayo para lanzar un mensaje contra la masificación turística, los hoteles ilegales y el problema con la gestión del agua en la isla.
Para esta movilización, los activistas entraron al hotel desde la playa de Las Coloradas, una playa pública cuyo vial de acceso fue privatizado por el establecimiento hotelero, en contra de la ley. Bayetas en mano, cubos y con botellas de plástico, el grupo subió por las escaleras del hotel con mensajes escritos en inglés dirigidos a los turistas que decían frases como "Este hotel es ilegal" ("this hotel is illegal" en inglés) o "Nuestra agua está en tu piscina" ("Our water is in your pool").
Esta movilización se dio en la misma semana en la que en un solo día 25 pueblos de Lanzarote sufrieron cortes del suministro y tras años de problemas con el abastecimiento y la gestión del agua. Durante el escrache, los activistas comenzaron a extraer agua de la piscina haciendo uso de una botella de plástico, llenaron cubos y simularon que limpiaban con unos paños de cocina.
Durante la movilización, los activistas repartieron panfletos donde explicaban a los turistas que el hotel en el que se estaban alojando es ilegal. Además, en la publicación compartida en redes sociales invitan a la población a salir a la calle y manifestarse contra el turismo masivo y sus consecuencias este domingo 20 de octubre, a las 12.00 horas en Puerto del Carmen.
La oscura historia del Papagayo Arena
La licencia de este establecimiento es junto a la del Princesa Yaiza y el Son Bou, los tres en Playa Blanca, las únicas de la localidad turística de que no se han podido legalizar después de ser declaradas nulas por la Justicia por las irregularidades cometidas durante su construcción.
En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cometer infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.
En todos estos años, el establecimiento ha seguido abierto al público y alojando turistas a pesar de no contar con ninguna autorización para ello. A ello se suma que tiene una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Yaiza en marzo de 2016, durante la alcaldía de Gladys Acuña.
El propio consistorio sureño concluyó que este establecimiento, localizado en una ubicación privilegiada junto al Monumento Natural de Los Ajaches, era ilegalizable.
La Dirección General de Costas publicó el pasado mes de julio el deslinde definitivo para Playa Blanca y determinó que en esta zona la servidumbre es de 100 metros, lo que significa que la práctica totalidad del establecimiento hotelero queda dentro de la servidumbre.
En esta línea, la asociación Ecologistas en Acción describió este hotel como "uno de los mayores símbolos de la corrupción en Lanzarote", pero a pesar de ello el Cabildo de Lanzarote, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, aprobó el inicio del expediente para otorgarle la autorización turística.