La Asociación de la Prensa de Las Palmas ha amparado al periodista Carlos Sosa, al que el exmagistrado Salvador Alba, en prisión por manipular una instrucción para perjudicar a su colega Victoria Rosell, envía a juicio por sus informaciones sobre el caso en los digitales 'Canariasahora.com' y 'eldiario.es'.
En el comunicado que ha emitido este domingo, la Asociación de la Prensa de Las Palmas también ha advertido de la amenaza que supone este tipo de procedimientos judiciales para el "libre ejercicio periodístico que abriga la Constitución a través del derecho a la libertad de expresión y comunicación".
Alba solicita 23 años de prisión para el periodista al entender que las informaciones que publicó sobre el caso invadían su esfera privada y promovían el odio contra su persona, argumentos que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha estimado para abrir juicio oral contra Carlos Sosa por tres delitos de revelación de secretos, dos de acoso y uno de odio en contra el criterio del Ministerio Fiscal, que no ve nada reprochable.
"Esta junta directiva entiende que Carlos Sosa se ha limitado a cumplir con sus obligaciones profesionales, según los principios deontológicos que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y sus asociadas proponen a sus miembros, o sea, garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, rigurosa y contrastada en base al interés social y periodístico y a la autonomía editorial de cada medio", reza la nota.
La Asociación de la Prensa de Las Palmas ha asegurado que no comparte la decisión del Juzgado de abrir juicio oral contra Sosa, ni tampoco la elevada fianza propuesta contra el periodista.
Al mismo tiempo, ha mostrado su preocupación por las posibles consecuencias laborales, morales y profesionales que genera esta decisión, así como "la alarma que esta denuncia ocasiona al colectivo periodístico en tanto en cuanto el denunciante fue declarado culpable por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y, con posterioridad, por el Tribunal Supremo".
Y ha destacado el criterio favorable al periodista de la Fiscalía, que ha respaldado la legalidad de las noticias referidas al caso de Salvador Alba, que cumple condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación desde octubre de 2022 tras sentencia del TSJC confirmada por el Supremo.
"No se publica", según la Fiscalía, "ningún dato no relacionado con la noticia, y los datos publicados cumplen el juicio de necesariedad en cuanto se circunscriben estrictamente a lo que se considera noticiable, sin que excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa ni puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios", recoge el comunicado de la asociación.
La junta, que ha aprobado la publicación del comunicado de amparo por nueve votos a favor y dos en contra, se ha solidarizado con el periodista y se adhiere a los principios de libertad de expresión e información.
Al mismo tiempo, ha mostrado su deseo de que el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid sea aceptado y se acuerde el sobreseimiento de los presuntos delitos de los que se acusa a Sosa.
Salvador Alba se ha querellado contra el director de Canarias Ahora por una serie de informaciones sobre episodios relacionados con la sentencia en su contra, ocurridos cuando el TSJC intentó localizarle para notificarle sus decisiones o cuando el entonces magistrado se dio de baja médica y trató de que se tuvieran en cuenta una serie de problemas de salud que padecía.
El exjuez acusa al periodista de haber obtenido de forma ilícita y haber revelado sin permiso datos personales y concretos sobre su salud, su domicilio, su vida familiar y el colegio donde estudiaba su hija (una menor), y de haber generado un clima contra él que hizo que recibiera mensajes de odio a través de las redes sociales.
Por eso, le reprocha tres delitos de revelación de secretos (relativos a su mujer, su hija y él mismo), dos de acoso (contra su esposa y contra él) y de incitación al odio, por el que no solo pide penas de prisión, sino tres indemnizaciones que suman 325.000 euros. EFE
