La crisis de vivienda en España, que ha provocado movilizaciones en todo el país y el adelanto de la convocatoria electoral de los comicios nacionales, golpea de forma diferente a las autonomías. Canarias, como un archipiélago turistificado, y en concreto, Lanzarote, como un territorio limitado, ve resentido aún más el acceso a la vivienda de su población.
En total, los órganos judiciales de Canarias registraron entre enero y junio de este año 117 peticiones de suspensión de desahucios por motivos de vulnerabilidad. Los juzgados de las islas solo accedieron a paralizar catorce de estos lanzamientos, es decir, una paralización por cada diez solicitudes.
Si el cálculo se realiza a través de las resoluciones dictadas, de las 65 resueltas, solo se accedió a suspender los lanzamientos en catorce ocasiones, dos de cada diez solicitudes. Todas las suspensiones se han producido por la Ley de Arrendamientos Urbanos y ninguna por ejecución hipotecaria.
Por órganos judiciales, por un lado, en los primeros seis meses del año, los órganos de lo civil de Canarias recibieron 109 peticiones de suspensión de lanzamiento basándose en la ley nacional que protege a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad. De las 51 solicitudes resueltas en este periodo, los tribunales solo acordaron paralizar catorce. Así lo recogen los datos publicados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De este medio centenar de peticiones resueltas, solo en tres casos la intervención de las administraciones públicas permitió continuar con el desahucio al ofrecer ayuda a las familias afectadas. Según esta misma situación, las instituciones públicas canarias no ofrecieron medidas de alojamiento temporal, ayudas económicas o adjudicaciones de vivienda pública para el alquiler que permitieran mediar en estos desalojos.
Por otro lado, los órganos de lo penal recibieron otras ocho peticiones de suspensión de desahucios y resolvieron catorce acumuladas en los tribunales. En ningún caso a lo largo de esos seis meses se levantaron suspensiones de desahucios porque se ofrecieran a las familias registraron medidas de alojamiento temporal, ayudas económicas, adjudicación de vivienda social en alquiler u otras intervenciones de las administraciones.
Más de 1.426 desahucios en 2025, la mayoría en el mercado del alquiler
En los primeros seis meses de 2026 se ejecutaron un total de 270 desahucios en Canarias. Solo en entre abril y junio se desahuciaron a 64 familias en la provincia de Las Palmas. La mayor parte, de estos desalojos se produjeron en viviendas de alquiler.
A lo largo de 2025, se produjeron un total de 1.426 desahucios en Canarias, un 17,7% menos que en el año anterior. La mayor parte de lanzamientos se dieron en el mercado del alquiler. En total, 1.129 familias fueron desahuciadas por no poder hacer frente al arrendamiento; 224 por ejecuciones hipotecarias y 73 lanzamientos por otros motivos sin especificar.
La tasa de desahucios de inquilinos en Canarias se situó en 63,4 desalojos por cada 100.000 habitantes y la de hipotecas en diez de cada 100.000 residentes. Frente a ello, el año anterior se registraron 78,3 lanzamientos por cada 100.000 habitantes. Ambos datos están por encima de la media nacional, situada en 50 y 57,4, respectivamente.
En los primeros seis meses de 2026 se registró una reducción significativa de estos lanzamientos. Por motivos hipotecarios se ejecutaron 87 y otros 160 por impago del alquiler. Los desahucios por impago del alquiler decrecieron un 77% en el archipiélago en los primero seis meses del año, una tendencia que también registró el resto del país.
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