El viernes 24 de julio de 2015 no fue un día cualquiera en Industria. Las elecciones del 24 de mayo habían dejado en situación de interinidad al Gobierno de Canarias, a la espera de que el nuevo ejecutivo renovara los cargos. El nuevo presidente fue investido el 7 de julio en el Parlamento, y los consejeros anteriores cesaron desde el 10 de julio. Los puestos intermedios de las Consejerías se mantendrían unos días más.
Una de las áreas donde se esperaban más cambios era Industria. Durante los cuatro años anteriores la había gestionado el PSOE y ahora quedaba bajo la dirección de CC.
De hecho, el 24 de julio de 2015 era el último día del equipo que dirigió Paquita Luengo: el sábado 25 fueron sustituidos.
Pero en esa jornada que se suponía de despedidas, agradecimientos y buenos deseos, la prioridad fue otra para la 'interina' Dirección General de Industria: firmar cuatro resoluciones con las que se venían a declarar "de utilidad pública" diferentes obras relacionadas con el nuevo tendido eléctrico y sus torretas en Fuerteventura. Todo, dentro de un macroproyecto, convenientemente troceado --a mayor gloria de las grandes empresas eléctricas--, para pisotear la opinión y la decisión democrática de la Isla.
Decenas de acuerdos institucionales, debates de todo tipo y gestiones en mil instancias habían conseguido paralizar estos proyectos eléctricos durante años, con el compromiso del Gobierno de Canarias de que no se instalaría si Fuerteventura no daba su visto bueno.
Así se hizo en su momento con la central que se proyectaba en Agando y también se respondió de igual forma ante los intentos por construir una regasificadora en Gran Canaria: si las instituciones locales e insulares no aceptaban estos proyectos el Gobierno de Canarias no los impondría. Esa es la forma correcta de actuar. Eso es nacionalismo canario.
Con respecto al nuevo tendido eléctrico de Fuerteventura la negativa local no es un capricho.
Pese a la presión social que los recurrentes cortes eléctricos trasladaban a las instituciones locales, lo cierto es que existió y existe una idea muy clara: ese gran tendido eléctrico no está pensado para esta Isla, sino más bien para conectar otros territorios por mandato de la cuenta de beneficios de las eléctricas. Hay que apostar por aprovechar al máximo el tendido ya existente y, si es necesario hacer nuevas obras, que sean con el menor impacto territorial y vecinal posible.
Quienes desde sus despachos idearon las torretas no esperaban esta resistencia insular.
Las resoluciones de despedida del 24 de julio en la 'interina' Dirección General provocaron una vez más la reacción local: los vecinos protestaron, los ayuntamientos las rechazaron, el Cabildo advirtió con recursos y en el Parlamento obtuvimos el compromiso de los nuevos rectores de la Consejería de revisar y buscar alternativas consensuadas con las instituciones locales.
Pero algo debe pasar en esa Consejería de Industria donde el tiempo corre y las respuestas a las instituciones locales no llegan (pero sí los vericuetos para los intereses de las grandes eléctricas, como hemos visto).
La espera infructuosa llevó al Cabildo a presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para suspender la resolución 'interina' que más efecto tenía sobre el territorio. Porque desde agosto para acá los tableros y lomas de Fuerteventura se han poblado de 4x4 y tractores de las eléctricas en una loca carrera de levantamiento de torretas y destrozos ambientales de todo tipo que tiene sublevada a toda la Isla.
¿Qué es lo que ahora le ha dicho el auto del TSJC al Gobierno? Pues que el Gobierno lo hizo mal.
Dice que la autorización que se dio a Red Eléctrica se basa en que la Ley canaria del sector fija que cuando existan razones de urgencia o excepcional interés para modernizar el tendido eléctrico, la Consejería podrá declarar las obras "de interés general". Pero también añade que aunque estos proyectos que se quieren declarar "de interés general" no estén sujetos a licencia urbanística ordinaria, sí deberán ser remitidos al ayuntamiento para su autorización y al Cabildo para que informen. Y que en el caso de disconformidad con el planeamiento, el Gobierno de Canarias tendrá que modificar o revisar la norma territorial o urbanística.
Sí, eso es. Cuando la Dirección General de Industria 'interina' esperó al último día de su mandato para firmar las resoluciones de las torretas de Fuerteventura, lo hizo además saltándose la propia Ley del Gobierno de Canarias que exigía la necesaria consulta previa a las instituciones locales y la consiguiente modificación del planeamiento afectado.
Recapitulemos: Dirección General 'interina', que espera al último día de su mandato para autorizar un gran proyecto –que ya venía convenientemente fraccionado para evitar la evaluación de ambiental estratégica--, se salta la propia Ley canaria del sector y no espera por las consultas a las instituciones locales ni a completar la modificación del planeamiento.
Llegado este punto, ¿no creen ustedes que la actual Consejería de Industria del Gobierno de Canarias debería hacer ahora algo más? Ya se lo hemos dicho en el Parlamento en varias ocasiones y vamos a seguir haciéndolo.
Para empezar, revisar de oficio todas las resoluciones del tendido eléctrico en las que se actuó de la misma manera y suspender su aplicación, porque visto el auto del TSJC hay base más que suficiente para hacerlo.
Llevar a cabo esa misma revisión sobre los distintos expediente 'troceados'. Porque es obvio que se trata de un macro proyecto que atraviesa tres islas y que, por lo tanto, no puede ser resuelto con informes ambientales parciales sino con una evaluación ambiental estratégica
Por supuesto, no volver a emprender ninguna actuación en contra de los intereses de una isla y dando la espalda a sus instituciones. Y no esperar a que el TSJC comunique oficialmente el auto, sino reclamarlo y mandar a parar ya la obras. No estaría de más que también supervisaran los trabajos, que durante esta semana se han acelerado incluso en horario nocturno.
Finalmente, preparar las órdenes de derribo de las torretas, porque ya es hora de que en estas islas donde Direcciones generales 'interinas' firman resoluciones en el tiempo de descuento saltándose leyes autonómicas y la voluntad insular, se empiece a actuar contra las grandes eléctricas con la misma contundencia con la que se derriban granjas ganaderas y viviendas irregulares.
Porque actuar así, al lado de la gente de las islas y frente a las multinacionales, es nacionalismo canario. Y respetar la decisión de las instituciones locales es la mejor forma de asentar un Gobierno de Canarias sólido y apreciado en todas las islas, que esté muy por encima de las amenazas apocalípticas sobre el futuro del sistema energético y las renovables con las que ahora nos asustan a los majoreros por haber parado la obra.
Mario Cabrera González, Diputado de CC por Fuerteventura
