En su discurso de investidura, Adán Martín nos decía que nuestro progreso y desarrollo habían provocado un elevado crecimiento de la población y, a la vez, un aumento de la inmigración. Recuerdo al ex presidente de Canarias porque durante su legislatura se vivió el punto álgido de la inmigración en el Archipiélago. La ruta atlántica/africana hizo que en el año 2006 llegaran a nuestras Islas 33.000 inmigrantes.
En ese momento, la Unión Europea le propuso a España unas quince medidas como plan de choque para intentar frenar la llegada de irregulares. Al mismo tiempo, se activó el dispositivo Hera II, para control marítimo. Mientras, la UE desplegó su acción diplomática y trabajó en la línea de implicar a los países africanos de origen o los que eran de paso de la inmigración para poder controlarla. El Gobierno de Canarias tuvo que batallar mucho para lograr que el Gobierno Estatal pusiera las herramientas necesarias para afrontar la situación.
En 2018, el Cabildo de Lanzarote tuvo que declarar la “Situación de Emergencia Humanitaria”, ante el desbordamiento de la llegada de pateras. Había que buscar un lugar donde poder ubicar a todos los que venían en estas embarcaciones aunque no fuera el idóneo, como el caso del Albergue de La Santa. Todo sucedía ante la pasividad del Estado, incluso, como se recordará, el presidente de España, Pedro Sánchez, el mismo que ahora, visitó la isla y se negó a reunirse con los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.
En la actualidad, el problema de la inmigración irregular no es que haya mejorado mucho. Es más, me atrevo a decir que se ha agravado. Los lugares para reubicar a los menores que llegan a la isla están sobrepasados, carecemos de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los que hay en el resto de Canarias están repletos.
Hay que tener en cuenta, además, una cuestión que se tiende a confundir; y es que no es el mismo procedimiento para los adultos que para los menores no acompañados. Estos últimos son responsabilidad de la Comunidad Autónoma y, según la Ley de Extranjería, no pueden recluirse en los CIE. La falta de acuerdos con los países africanos de origen, lo que provoca es que se tenga trasladar a las personas inmigrantes a otros CIES del Estado español. Es evidente que no se han planificado todos estos traslados y nos encontramos en situación muy complicada.
Los flujos migratorios han formado parte de la historia de la humanidad. Nuestro Archipiélago fue tierra de mucha emigración, sobre todo, a los países de América Latina. Las personas que desafían la muerte subiéndose a una patera tienen algo en común: escapar del hambre, la miseria, los conflictos bélicos… Querer buscar oportunidades para mejorar su vida no es algo reprochable, todo lo contrario. Y es que si de algo estoy segura es de que si en su tierra de origen tuvieran la esperanza de poder mejorar, no la abandonarían. Nadie deja atrás a su familia para lanzarse a lo desconocido sin tener las certeza de que vaya a salir bien, e incluso sabiendo que su destino en el intento podría ser la muerte.
Lanzarote ha sufrido en las últimas semanas una llegada constante de pateras. Los lugares improvisados para ubicar a los inmigrantes están repletos y sé, como saben muchos, que van a seguir llegando más personas a nuestras costas, porque ven a Canarias como el puente para llegar a Europa.
La reivindicación es reiterativa: el Gobierno estatal no se implica de forma definitiva en afrontar el debate de la política migratoria, la UE no termina de definir la política en este asunto y, cuando lo hace, salta por los aires sus cimientos, llevándose por delante sus valores fundacionales. Insisto, es fundamental la política de cooperación en los países de origen.
El Gobierno de Canarias necesita plantar cara. Siento que ahora mismo tenemos un gobierno agazapado esperando a Madrid y, mientras esperamos respuestas, los problemas nos atropellan sin una dirección definida de cómo atajar la situación. La situación social comienza a ser asfixiante en la isla con la cuestión de inmigración y estamos corriendo el peligro de conectar con pensamientos y con actitudes no propias de un pueblo que siempre ha sido grande por su acogida.
La situación es complicada por varias razones: el Covid-19, la situación de estancamiento económico al no llegar turismo, la incertidumbre de los ERTE, las ayudas prometidas que no se materializan… y, sobre todo, esa sensación de inseguridad... La inseguridad por el temor al paro, el temor a perder en la distribución de nuestros recursos y, perder la confianza de quien toma las decisiones porque da la sensación que todo se ha descontrolado.
No creo mucho en los efectos llamada, creo en los valores de una sociedad que sepa gestionar de manera efectiva la llegada de irregulares. Para ello, hay que estar preparado y trazar la implementación de políticas a largo plazo coordinadas entre todas las administraciones. Y hay que actuar y reforzar dos cuestiones fundamentales; la vía diplomática por parte de la Unión Europea y conseguir mayor implicación de los países africanos de origen, para que con ello podamos reducir la llegada de inmigrantes.
Canarias no puede controlar la situación por sí sola, necesitamos la complicidad de todas las administraciones. Necesitamos un Gobierno Estatal fuerte y que junto con la Unión Europea aplique las políticas necesarias, tanto a corto como a largo plazo, mostrando así su intervención y no dejarnos, una vez más, con la sensación de que prefieren mirar para otro lado.