Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre los vertidos en Canarias. La alarma social provocada por las cianobacterias generó que el Gobierno autonómico anunciara la creación de un nuevo censo de vertidos, en un intento de hacer ver que estaba tomando decisiones y no en una huida hacia delante, al no poder controlar la situación.
Un censo que debe sustituir al que teníamos, realizado en el año 2007. Diez años más tarde, el Gobierno de Canarias vuelve a preocuparse por los vertidos que llegan a nuestro mar.
Precisamente, en ese momento, en 2007, se realizó un listado de aquellos vertidos líquidos que, aunque no tenían como destino directo el mar, se produjeron en zonas próximas y, de alguna manera, podrían haber acabado en él.
Pero ahora, diez años más tarde, y a pesar de que la consejera ha asegurado que el objetivo "es que la afección marina sea mínima", el Gobierno de Canarias ha cambiado los criterios para realizar el inventario de los vertidos en el Archipiélago.
De hecho, en el nuevo censo, que aún es provisional, se eliminan los vertidos no localizados en dominio público marítimo-terrestre, pero próximos. ¿Es que éstos no llegan al mar? Pero además también excluyen los que están en pozos porque consideran que son de escasa entidad. ¿Qué entiende este Gobierno por escasa entidad?
Se eliminan también los vertidos de aguas de escorrentías u origen pluvial, aunque vayan al mar porque suponemos que entienden que no representan ningún riesgo a la calidad ambiental de las aguas marinas, y por ello, ni siquiera tienen en cuenta las zonas sensibles o de alto valor ecológico.
Con estas modificaciones, en Podemos nos preguntamos si realmente así se cumple el objetivo marcado por la consejera, si realmente así minimizamos la afección al mar. Desde luego que creemos que no.
Lo que todavía no podemos entender son los motivos para cambiar los criterios. Lo preguntamos en el último pleno y el gobierno no lo explica, ni siquiera el responsable en responder estaba presente cuando se formuló la pregunta. Y no queremos pensar mal, pero con los datos provisionales que tenemos, en una isla como Lanzarote, este censo reduce en un 50 por ciento el número de vertidos. Donde antes estaban contabilizados 70, ahora pasan a ser 33. Pero además, 8 están autorizados, cuando antes estaban autorizados 7. Es decir, que pasamos de un 10 a un 20 por ciento de vertidos autorizados.
Y no queremos pensar mal, pero con estos datos en la mano, hay 37 vertidos menos con respecto al inventario de 2007. Curiosamente todos los que ya no aparecen, serían vertidos no autorizados, por lo que el porcentaje de los autorizados en el censo de este año se incrementan notablemente. Blanco y en botella.
Si en cualquier territorio con costa son importantes las políticas para preservar la calidad ambiental de las aguas marinas, en canarias tiene mayor relevancia. Ello se debe a nuestra situación geográfica, a las corrientes Atlánticas que mantienen un anillo alrededor de las islas, lo que significa que la contaminación que producimos se queda alrededor de nuestras islas.
Por tanto la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos, las inspecciones, los inventarios, los muestreos y el análisis de la calidad de las aguas y, por supuesto, el estudio de la evolución de los datos que nos ayuden a evaluar las acciones, son en Canarias, más que en ningún sitio, indispensable.
La protección de nuestros mares debería ser tomado como un asunto prioritario y serio para el Gobierno de Canarias porque no sólo es un mandato competencial, sino que es indispensable para la vida de todos y todas las canarias.
En Podemos creemos que debemos apostar por un modelo más sostenible, por un verdadero ciclo del agua donde seamos capaces de gestionarlo con soluciones locales que impidan la contaminación de nuestros mares.
*Concepción Monzón, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias
