Esta semana nos ha presentado el Gobierno de Canarias su proyecto de presupuestos para el próximo año, unos presupuestos que no se alejan un ápice de las reglas del juego marcadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2016 y la Troika. Esperábamos con mucha expectación este proyecto, como una forma de saber si de verdad este Gobierno representaba algún cambio respecto al anterior, tal y como nos prometían: "De aquí en adelante". Desgraciadamente todo sigue igual, poco o nada cambia.
Los presupuestos son la principal herramienta de cambio que tiene un Gobierno. Su incidencia en las condiciones de vida de la ciudadania canaria es indudable. Desde el Grupo Parlamentario Podemos hemos decidido presentar una enmienda a la totalidad de este Proyecto de Ley, porque no recoge los objetivos ni los recursos sociales necesarios para garantizar un Estado de Bienestar real, ya que no aboga por la contribución a la recuperación económica, ni por la máxima eficiencia en los servicios públicos. Nuestra posición frente a los Presupuestos obedece a un objetivo prioritario: rescatar a las personas, y poner en marcha un futuro económico con un cambio de modelo productivo.
Se nos presenta un proyecto con un montante total de 7.071 millones de euros, pero falto de medidas que hagan frente a los retos que la sociedad canaria afronta. Se quedan exiguos unos ridículos 17 millones de esfuerzo inversor (3,5% más), que debieran ser la pieza fundamental para reactivar la economía. Echamos de menos ese impulso necesario a sectores productivos claves para la diversificación económica y el respaldo a iniciativas innovadoras y emprendedoras. Nos preocupa la ausencia de estrategias para paliar la enorme tasa de paro, el deterioro de la sanidad, las tasas de fracaso escolar y abandono educativo, la ínfima política de vivienda, la falta de transversalidad en las políticas de igualdad y accesibilidad, así como los pocos esfuerzos para activar el consumo interno o el acceso al crédito.
Nos encontramos ante un Gobierno CC-PSOE que sigue negándose a reducir el volumen del Ejecutivo. Alarma que el gasto en sueldos del Gobierno y altos cargos aumente un 12%, que se destine 4,5% más a asesores y personal eventual, también que los datos en dietas crezcan un 36,9%, hasta los 6 millones de euros. Desde Podemos siempre hemos denunciado que la crisis la pagan unos más que otros. Canarias parece no ser la excepción, es evidente que para algunos la crisis es todo un chollo.
Las cifras mencionadas son consecuencia del aumento de la estructura de la Comunidad Autónoma, con más consejerías, viceconsejerías, direcciones generales y otros puestos que se han creado en la reedición del pacto entre CC-PSOE. Resulta irresponsable y refleja el alejamiento de la realidad de algunos políticos: en la situación crítica en la que se encuentra Canarias, parece evidente que el "establishment" solamente se preocupa de cuidar de los "suyos".
El engrose del Ejecutivo choca frontalmente con el ínfimo aumento del 1% en los pilares de nuestro estado del bienestar, como son la Sanidad y Educación. Chocante es también que la asistencia al Presidente del Gobierno de Canarias suponga un gasto de 3,9 millones de euros.
Por otro lado, continúan sin fomentar una política fiscal progresiva. El caso más sangrante lo encontramos en la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones. No nos dejemos engañar, no es lo mismo heredar el pisito de la abuela que una cadena hotelera. Cuestión de sentido común, que paguen más quienes más tienen. Además, las políticas deben orientarse a paliar el fraude fiscal (la economía sumergida en Canarias supone el 28% del PIB), a la aportación tributaria de quienes mayor capacidad económica poseen, en defensa de la máxima eficiencia de los servicios públicos, así como a la creación de empleo de calidad a través de la inversión pública y privada.
Somos conscientes de que nos movemos en un escenario condicionado por la reforma del artículo 135 de la Constitución que aprobó el PSOE en 2011 y por los objetivos de déficit y deuda marcados por el PP para el trienio 2015-2017. Para la deuda pública siguen estableciéndose objetivos que difieren en cada comunidad, siendo Canarias perjudicada respecto incluso a otras comunidades incumplidoras. Todo ello en un sistema en el que el Gobierno del PP relega a Canarias a la cola, por debajo de la media española en financiación autonómica, volviendo a incumplir lo establecido en el REF. En este contexto, el Gobierno pretende cumplir el déficit cero en 2017, un año antes de lo exigido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo elaborar un presupuesto más expansivo, menos conservador. Las personas deben ser la prioridad, no los cumplimientos presupuestarios que difieren y mucho de la realidad. ¿De qué sirve un presupuesto si no mejora la vida de la ciudadania?
Los presupuestos para 2016 se incrementan un 5,3% respecto al año anterior y prevé un 2,8% de crecimiento del PIB gracias a la demanda externa del sector turístico, pero no debido a la recuperación de la demanda interna (consumo e inversión). A pesar del récord de llegada de turistas, el incremento de puestos de trabajos vinculados al sector crece pocas décimas, empleando a menos personas que antes del inicio de la crisis. Batimos también récords en paro y pobreza. No hace falta ser Premio Nobel de Economía para entender que algo falla.
Podemos considera necesario un impuesto sobre las estancias turísticas en Canarias, una recaudación que afectaría a la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, la promoción turística de las Islas, la formación de profesional en el sector y el fomento de la diversificación para la creación de nuevos puestos de trabajo. Este impuesto, por día de estancia y progresivo al tipo de establecimiento, supondría una vía para el ajuste presupuestario y revertiría directamente en la sociedad canaria. ¿Cuantos turistas vendrían a Canarias si sigue creciendo a este ritmo el nivel de pobreza y desigualdad? Pan para hoy, hambre para mañana. Esa es la forma de gestionar y de hacer política de algunos: inflar burbujas y vivir de ellas mientras puedan.
Este Grupo Parlamentario arroja serias dudas sobre las intenciones del Gobierno de catalogar estos presupuestos como "los más sociales". La realidad señala que del incremento de la dotación, solo destina a inversión y gasto público el 25%, 87 millones. En concreto, la Consejería de Educación y Universidades contará con un 1,1% más. La de Sanidad aumenta sus partidas un 1% más. En ambos casos, aumentos inferiores al IPC. Con esa dotación económica será imposible resolver los problemas con las urgencias y las listas de espera, acentuándose el deterioro de nuestra sanidad pública canaria.
Una cosa es cierta, se incrementan los fondos destinados a las políticas de empleo, la Prestación Canaria de Inserción y las ayudas a la dependencia, pero también consideramos que éstos son insuficientes. La dotación para la PCI del 2015 se agotó apenas trascurrido el primer cuatrimestre del año, por lo que el aumento incluso del doble, dejará a muchas personas en la misma situación en la que se encuentran hoy, sin poder acceder a la prestación.
No deja de sorprendernos que en 2016 no se recoja ninguna dotación para devolver el 50% restante de la paga extra debida al funcionariado de la Comunidad Autónoma Canaria (bajo la excusa de acudir a un crédito extra más adelante para costear ese gasto) y restaurar la capacidad adquisitiva que perdieron en 2012. Llama especialmente la atención el brusco recorte en la Consejería de Agricultura, más de un 10%.
Es reconocible el apoyo presupuestario al I+D+I, pero son cuestionables las dotaciones a la Promoción Económica y Comercial en lo relativo a internacionalización, cuando el Gobierno no ha solucionado las debilidades estructurales del empresariado canario. Hay que subrayar la importancia del I+D+I para el crecimiento a largo plazo y la diversificación, pero también es de resaltar el escaso nivel de ejecución del presupuesto en esta materia en años anteriores.
Sin proyecto de futuro, Canarias no podrá superar la situación de desastre sin paliativos por la que está atravesando. Es por esto que Podemos solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016.
Noemí Santana Perera, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos
