Paulino Rivero Baute
Presidente de CC
Determinados sectores políticos, sociales y mediáticos han acogido con expectación el pacto alcanzado por los dos partidos de ámbito estatal, PP y PSOE, sobre una reforma del sistema electoral canario que modifica dos aspectos muy concretos: la distribución de escaños, al crear una circunscripción de ámbito autonómico a la que se le atribuyen quince diputados que se superponen a los 60 actuales (quedando en 75 el número total de representantes en el Parlamento de Canarias) y una disminución de las barreras electorales del 6 al 3% autonómico, y del 30 al 15% insular.
Recordemos que la principal razón esgrimida para que se introduzca esa circunscripción autonómica es aportar más pluralidad y democracia al Parlamento, dando entrada a nuevas formaciones. Sin embargo, esas razones son radicalmente falsas: los nuevos quince diputados se reparten, según los resultados de 1999 y 2003, entre las mismas tres formaciones, a razón de seis para Coalición Canaria, cinco para el PP y cuatro para el PSOE. ¿Dónde está la entrada de nuevas formaciones? ¿Dónde la pluralidad? Otro tanto pasa con la bajada de las barreras: ya en las pasadas elecciones no excluyeron a ningún partido; luego, su disminución es inocua a efectos electorales. Es más, si las suprimiéramos totalmente tampoco tendría repercusión alguna sobre los resultados, por lo que no produciría el efecto perseguido de dar cabida a nuevas formaciones en el Parlamento de Canarias.
Por contra, tal reforma está marcada, en mi opinión, por un intento de imponer un modelo de entender Canarias que no responde a lo que es el Archipiélago en este inicio del siglo XXI.
Lo que provoca la introducción de la circunscripción autonómica es la descompensación de los equilibrios conseguidos para la construcción de Canarias como Comunidad política. Es posible que los actuales equilibrios (la triple paridad) ya no respondan a lo que es Canarias después de 25 años de autogobierno y más de 500.000 nuevos ciudadanos. Pero, desde luego, la solución no es una reforma electoral que, pretendiendo imponer un trasnochado regionalismo propio de los años ochenta (modelo que, desde la perspectiva nacionalista, está totalmente superado), crea dos categorías de diputados y, lo que es peor, posterga a las islas no capitalinas a un papel de meras comparsas en la toma de decisiones por la preponderancia de la población en esa fórmula. Esa reforma es mucho peor que la propuesta por Coalición Canaria, que consiste en aumentar los escaños de las islas más pobladas, puesto que cuanto más diputados se repartan en una determinada circunscripción (dieciocho o veinte en Gran Canaria y Tenerife) más posibilidades existen de obtener escaño, con lo que sí se conseguiría la entrada de nuevas formaciones al Parlamento.
Se equivocan quienes entienden que esta reforma perjudica a Coalición Canaria. Perjudica a las islas no capitalinas, cuyos dirigentes institucionales, apoyados por la gente de a pie, ya se están alzando contra esta medida, porque entienden, igual que la organización nacional de Coalición Canaria, que socava los cimientos de la convivencia entre los canarios. Los propios partidos patrocinadores de la reforma carecen de argumentos para defender su reforma ante sus propios dirigentes, lo que previsiblemente les pasará factura electoral. Pese a lo que pudiera aparentar, Coalición Canaria puede resultar agraciada con la reforma electoral porque, por un lado, al convertirse prácticamente en la única formación que se opone a esa circunscripción de 15 nuevos escaños, se verá favorecida electoralmente del descontento popular y de la falta de influencia de las delegaciones de los partidos estatales en las islas menores; y, por otro, Coalición Canaria, al mantener un importante apoyo electoral en las islas de Tenerife y Gran Canaria, sobre las que se asienta esa falsa lista autonómica, es lógico prever que consiga más diputados que las otras dos formaciones.
Han sido, pues, razones de principio, de cómo articular Canarias (de abajo a arriba), y de organización (Coalición Canaria es una federación de organizaciones insulares en condiciones de igualdad, a diferencia de PP y PSOE, que están fuertemente jerarquizadas y gobernadas desde sus direcciones estatales) las que han motivado el rechazo de Coalición Canaria a la lista autonómica, no a una reforma electoral a la que se está dispuesto siempre que se profundice en nuestro autogobierno mediante una reforma estatutaria que amplíe significativamente nuestro ámbito competencial a la vez que potencie nuestras instituciones, entre las que cabe destacar a los Cabildos como instituciones genuinamente canarias; reforma que, esta sí, permitiría ir resolviendo nuestros problemas por nosotros mismos, sin necesidad de acudir a otras instancias.
Personalmente, creo que se debe lograr un nuevo equilibrio poblacional/territorial y no he encontrado mejor manera que a través de lo que se puede denominar "la solución federal": esto es, una Cámara poblacional, con el sistema que se entienda más adecuado, y otra territorial, compuesta por representantes de las islas, a través de sus respectivos Cabildos, Cámara a la que se le dotaría de importantes competencias y que tiene como embrión la actual e infrautilizada Comisión General de Cabildos Insulares, prevista en el artículo 12.3 del vigente Estatuto de Autonomía. Desde luego requiere de una madurez y amplitud de miras que no existen en determinados sectores de la sociedad canaria, desgraciadamente mayoritarios por ahora, carentes de una auténtica vocación de hacer país.
De prosperar este intento de los partidos estatales de imponer un determinado modelo de organizar políticamente el Archipiélago, nadie ganará: no ganan ellos, ni el pluralismo democrático, ni los ciudadanos, ni otras formaciones políticas. Quien realmente pierde es Canarias.