Resulta curioso que mi artículo de ayer haya suscitado tantas respuestas, pero que ninguna de ellas haya aparecido -es decir, haya sido remitida- a la sección habitual en la que los lectores de este periódico opinan y que tanta amenidad y polémica suele engendrar. Por el contrario: todos los comentarios han sido enviado a mi correo electrónico particular que figura, habitualmente, al pie de esta columna. Ignoro el motivo, aunque me da que la mayoría de mis comunicantes son guardias civiles en activo (uno de ellos, al menos, firma como tal).
Podría haberles contestado particularmente, uno por uno, pero como coinciden, con bastante amplitud, en sus críticas y argumentos, les dedico esta respuesta conjunta, que espero sirva para aclarar mis puntos de vista y mi posición respecto a los recientes sucesos de Roquetas del Mar.
Nunca he atacado a la Guardia Civil, como cuerpo en sí, aunque, a veces, he tenido que escribir sobre ciertas arbitrariedades y actuaciones desaforadas de algunos de sus miembros. No existe un colectivo en que todos sus integrantes sean perfectos, y la benemérita no iba a ser una excepción.
En esta ocasión me he limitado a hablar de una se esas actuaciones en concreto que, acabó, lamentablemente, con la muerte de un ciudadano. Me referí, también, al derecho a la presunción de inocencia, y sigo manteniendo, claro, mi total respeto a ese derecho. La decisión de la jueza que lleva el asunto de dejar a los nueve imputados en libertad provisional, aunque perciba, en lo ocurrido, indicios de criminalidad, puede indicar, de momento, que, efectivamente, no exista una relación directa entre el comportamiento de los guardias y el fallecimiento del vecino de la localidad. Aunque parece hilar demasiado fino, si quieren que les diga. Y aunque, de todos modos, sea preciso repetir que la ya más que reiterada actuación fue excesiva y brutal.
En términos generales, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son ejemplares, y el personal confía en ellos. Las encuestas indican claramente la alta valoración que sus servicios y profesionalidad merecen a los ciudadanos. Y yo soy un ciudadano más, que suscribo, con entera sinceridad, los resultados de esos sondeos. Pero, precisamente por eso, por la credibilidad y confianza que depositamos en ellos, cualquier brote de violencia gratuita, de prepotencia letal, de agresividad infundada por parte de algunos de sus miembros deben ser rechazado y castigado -si fuese menester y probado- con rotunda celeridad.
Creo, por supuesto, que la tan esperada desmilitarización de la Guarda Civil se está prolongando como mera y deseable expectativa más de la cuenta. Y respecto a las cuestiones políticas que me plantean algunos de mis comunicantes, les recuerdo que ayer critiqué las actuaciones del director general del Instituto y del ministro del Interior, que han reaccionado mal y a destiempo . No hago partidismo de estas cuestiones. Ni me olvido, por ejemplo, del proyecto de patada en la puerta de Corchera.
En resumen: aunque llegase a demostrarse que la paliza propinada al fallecido agricultor de Roquetas no fue causa directa de su muerte, por el propio bien de la benemérita y de sus respetabilísimos y abnegados miembros, esa tremenda y desproporcionada respuesta a la agresividad de un ciudadano alterado, no debería quedar sin castigo. Y el castigo tendría que ser, además, ejemplar.
No sé si mis preocupados lectores quedan o no satisfechos con estas aclaraciones.
Por José H. Chela
(en www.canariasahora.com)