Cerramos una intensa semana de debates parlamentarios en la que nuestros senadores Narvay Quintero y María del Mar Julios, junto a quien escribe, hemos abierto varios frentes sobre asuntos que ponen de manifiesto la creciente distancia que existe entre las políticas que dicta el Gobierno del Estado y las demandas que plantea nuestra Comunidad Autónoma.
Que el Ministerio de Agricultura haya fijado una cuota de 34 toneladas de atún rojo para la flota artesanal canaria, que se ampliará hasta 100 a través del fondo de provisión, es quizá el ejemplo más gráfico sobre las promesas que realiza el Partido Popular y cómo las mismas se quedan en papel mojado cuando llega el momento de llevarlas a cabo. Es un insulto para las 1.200 familias canarias que dependen de la actividad de los 246 atuneros que el Gobierno nos asigne el 1,21 por ciento de la cuota que corresponde a España, pese a que nuestros pescadores cumplen más requisitos que aquellos que faenan en el Mediterráneo. Me refiero a los criterios medioambientales, históricos, económicos o sociales.
Es inadmisible que a un solo barco, como denunció Quintero, se le adjudique una cuota de 200 toneladas, es decir, el doble de la que se tendrán que repartir las embarcaciones canarias. Tal es el despropósito del reparto realizado por el Gobierno, publicado esta semana en el BOE, que la Unión Europea ha nombrado a un funcionario para que investigue si la distribución realizada por España se ajusta a la nueva normativa comunitaria. Nosotros no esperaremos al resultado de la investigación y pediremos a nuestros socios en el Parlamento europeo que exijan ya responsabilidades.
María del Mar Julios, que en apenas dos semanas ha hecho mucho más que otros senadores de su isla, Gran Canaria, vio la semana pasada cómo la ministra de Fomento, la misma que se había reunido con las aerolíneas para pedirles que redujesen las tarifas aéreas en la misma proporción que la caída del precio del petróleo, se retractaba en el pleno y le aseguraba que su departamento no podía articular ninguna medida para contener los precios. Nada nuevo en el modus operandis de un Gobierno que rema muchas veces en la dirección contraria de la que promete a los ciudadanos.
Más lamentable fue ver cómo los senadores del PP, incluidos los canarios, tumbaban una enmienda defendida por la propia Julios para que el Gobierno se comprometiese a rescatar los planes de empleos especiales para Canarias que, en apenas poco más de tres años, han ido desapareciendo de las cuentas del Ministerio de Empleo y Educación.
En mi caso, me correspondió asistir a la comparecencia del Secretario de Estado de Infraestructuras en la que aportó un aluvión de cifras para justificar la privatización de AENA. Y lo hizo pese a que quien correspondía hacerlo era a la ministra de Fomento, a la que pedimos en octubre de 2013, hace más de un año y medio, que explicase en la Cámara un proceso que, de momento, ha supuesto la venta del 49% del capital de la red pública de aeropuertos.
La salida a Bolsa ha puesto en bandeja de fondos buitre una parte importante del capital de la compañía. Fondos que especularán sin ningún tipo de escrúpulos con el futuro de nuestros aeropuertos gracias a una operación en la que el Partido Popular ha vuelto a quedarse solo, incluso con la oposición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Las prisas son malas consejeras en este tipo de operaciones y la celeridad del Gobierno, que también omitió que los Estatutos de Autonomía de Canarias, País Vasco y Cataluña reservan para dichos territorios la gestión de los aeropuertos de interés general en el caso de que el Estado no se reserve la misma, ya ha provocado que el Tribunal Supremo haya aceptado el recurso interpuesto por Canarias.
Primero dijeron que privatizaban AENA porque sus deudas eran insostenibles y había que mejorar su gestión. Falso. La compañía cerró 2014 con 1800 millones de euros de beneficio. Suficiente para asumir la deuda contraída. Hoy es ya la segunda empresa del mundo en su sector y la primera de Europa. El Gobierno ha demostrado que su única prioridad es ingresar más fondos, independientemente de cuál sea su procedencia, y hoy el núcleo duro está formado por fondos buitre especulativos. ¿Es esa la vía para aportar estabilidad?.
Para Canarias, los aeropuertos no son un instrumento para hacer caja, para nosotros son los elementos más potentes de nuestra economía porque vivimos de la conectividad y del sector turístico. Instrumentos con los que AENA ganó 320 millones de euros en 2013 y que ahora, con la entrada del capital privado, quedan al albur de las decisiones de sus nuevos socios. ¿Podrá garantizar Fomento que se realicen inversiones como las ampliaciones de las pistas de Lanzarote y El Hierro, la entrada en funcionamiento de la nueva terminal de Tenerife Sur, la nueva pista de Gando o la ampliación del horario de Fuerteventura?
Somos apenas tres representantes de CC en las Cortes Generales. Nuestras voces contrastan con el silencio atronador de los senadores y diputados del PP. Como dijo el secretario de Estado de Infraestructuras, al PP lo que le importa es la defensa de la "marca España", a nosotros Canarias.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria
