"Ya nadie tiene por qué enseñar el certificado de residencia para viajar". Estas palabras fueron pronunciadas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante una reciente visita a Canarias, y fueron reproducidas automáticamente en las emisoras de radio, televisiones, diarios digitales y en la prensa escrita. Su afirmación corrió como la pólvora casi a la misma velocidad que comenzaron a aflorar las críticas contra la titular de Fomento por su imprudencia y los comentarios en las redes sociales escritos por aquellos pasajeros que ese mismo día y en fechas posteriores se enfrentaban en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque a una realidad completamente diferente a la relatada por Pastor.
Trabajadores de distintas compañías aéreas me han confirmado que el sistema que ha habilitado el Ministerio de Fomento para verificar la residencia de los canarios sigue teniendo muchísimas lagunas y que, aunque las aerolíneas ya se han incorporado al mismo, no siempre es posible cotejar por vía telemática si el titular de un billete emitido tiene derecho o no a la bonificación del 50 por ciento.
Una realidad que, como muchas otras, desconoce la ministra de Fomento y que, pese a las consecuencias de sus palabras, no está dispuesta a aclarar para evitar que siga creciendo la lista de pasajeros que se ven obligados a quedarse en tierra o abonar el 50% restante del billete para poder embarcar. Viajeros canarios que, desesperados, asisten con impotencia y sin derecho a réplica a una situación inesperada que ha truncado muchos desplazamientos que, en Canarias, se deben casi siempre a motivos sanitarios, laborales, educativos, etcétera. O, por ejemplo, en festividades como Semana Santa, en la que se multiplican los viajes de muchos canarios para reencontrarse con su familia o disfrutar de sus vacaciones.
En un foro organizado por la Cadena Ser, la ministra reconoció que la obligación de presentar el certificado de residencia "ha sido una lata" para los canarios, pero que hoy, "afortunadamente, ya nadie tiene por qué enseñar el certificado para viajar". Lo dijo ante la incredulidad de muchos que asistían a dicho foro y que ese mismo día habían tenido que presentar el dichoso papelito que el Gobierno del Partido Popular rescató inesperadamente en 2012, en plena era digital, para evitar un fraude que, hasta ahora, ha sido incapaz de cuantificar.
Ana Pastor, a la que tantas veces he interpelado en el Senado, recurre siempre la misma estrategia para esquivar sus responsabilidades y culpar a otras administraciones de competencias que son exclusivas de su departamento. Sus afirmaciones son siempre tan tajantes que muchos, al oírla, no dudan lo más mínimo de la veracidad de sus palabras. Sin embargo, la vehemencia de Ana Pastor choca casi siempre con una realidad que difiere mucho de la que sus asesores le describen en sus informes.
La lista de imprudencias y comentarios desafortunados de la ministra de Fomento en sede parlamentaria es bastante amplia. Además de su obsesión por imponer el certificado de residente, un lastre que también sufren en Baleares, Ceuta y Melilla, ha llegado a afirmar que los precios de los trayectos aéreos con la Península apenas se han incrementado en pocos euros o que la conectividad de Canarias con el continente está plenamente cubierta con la actual oferta de plazas. Sin olvidar su intransigencia para bonificar las tasas aéreas hasta que el aeropuerto de Barajas tocó fondo y se vio obligada a rectificar y aplicar, a partir de este año, lo mismo que nosotros llevábamos rogándole, casi suplicándole, desde hace más de dos años.
Pero volvamos al certificado de residente. El Real Decreto 1/2014 de reforma en materia de infraestructuras y transporte, aprobado el pasado mes de enero, establece en su disposición transitoria primera que "para asegurar la correcta implementación e integridad del sistema telemático… las compañías aéreas, marítimas y sus agentes disponen de un periodo transitorio hasta el 1 de noviembre de 2014 para adaptarse a lo establecido".
Este Real Decreto pone sobre la mesa dos evidencias: que la ministra de Fomento es capaz de decir todo lo contrario de lo que establece la legislación que ella misma firma con tal de evitar reconocer un problema que aún sigue haciendo aguas y que, pese a que nos prometió que el sistema telemático estaría operativo seis meses después de la entrada en vigor del certificado, sigue alargando el plazo para que todas las compañías se adapten al sistema. Es decir, dos versiones totalmente opuestas sobre una misma realidad.
Aunque ya deberíamos estar acostumbrados a que las promesas de los ministros del Partido Popular casi nunca se cumplen y que su palabra no siempre coincide con sus acciones, nos sigue sorprendiendo la capacidad de muchos miembros del Gobierno para justificar ante los ciudadanos todo lo contrario de lo que luego aparece reflejado en el mismísimo Boletín Oficial del Estado. Así que, lo diga o no la ministra, no olviden acudir al aeropuerto con el certificado del siglo XX con el que nos obliga a viajar el Gobierno en el siglo XXI.
Narvay Quintero, senador por la isla de El Hierro