Venimos asistiendo en estos últimos meses a posicionamientos públicos de dirigentes políticos sobre la productividad, profesionalidad, eficacia y eficiencia de los empleados públicos en general. Todas estas tomas de postura ...
Venimos asistiendo en estos últimos meses a posicionamientos públicos de dirigentes políticos sobre la productividad, profesionalidad, eficacia y eficiencia de los empleados públicos en general.
Todas estas tomas de postura pretenden poner de relieve los privilegios de que goza el colectivo de empleados públicos. Privilegios que consisten en tener un puesto de trabajo en la actual situación de crisis económica. Se pretende, así de paso, culpar a los empleados públicos de la grave situación. Culpabilidad que, finalmente, habrá de suponer la excusa de responsabilidad de los mismos gobernantes. Veremos que ni los propios ciudadanos creen esta historia.
Permitidme analizar algunas cuestiones en las que vale la pena insistir. Hay que recordar que los puestos desempeñados por los empleados públicos devienen de una convocatoria pública de acceso, normalmente por concurso-oposición, que en algunos casos significa meses de preparación, cuando no años de intentar alcanzar un puesto de trabajo en la administración pública. Utilizo la palabra "normalmente", pues es verdad que hay casos en nuestra administración pública que no son exactamente así, pues el acceso de determinadas personas no cumple con ese proceso, ya que son amigos del político que tiene a su cargo el servicio. Muchos de estas personas son los que, de cara al exterior, dan la imagen del funcionario irresponsable e ineficaz.
El Gobierno canario quiere evaluar ahora la función de los empleados públicos. Y, francamente, estamos de acuerdo con ese empeño: somos los primeros que queremos que se regule, que se dictamine, que se consensue su instauración. Lo que no queremos, y es fácil entender por qué, es ser evaluados por personas adscritas a partidos políticos. La razón de ser del empleado público es crear un cuerpo independiente de la política, para que así, las decisiones administrativas no estén al albur de la política del momento. El empleado público es un garante de la legalidad, pero tal garantía se verá gravemente socavada si el político tiene la facultad de reducir el sueldo o la categoría del empleado público. Así, se corre el riesgo de privilegiar a aquellos empleados más dóciles, aquellos que no tengan escrúpulos para perjudicar el bien común.
Dice el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, que la batalla en la opinión pública la tienen ganada a los funcionarios, porque deduce que los empleados públicos tienen mala prensa. Vale la pena considerar el motivo de esta mala fama. Efectivamente, los empleados públicos gozan de un puesto de trabajo estable y justamente remunerado. Eso no es más que lo que, por justicia, debería corresponder a cada persona. Pero el consejero intuye que, aquellas personas que han sido injustamente tratadas por las políticas, entre ellos los cientos de miles de parados canarios, van a confundir el culpable de esta situación. Cuesta trabajo creer que los canarios sean así. Basta ver las encuestas de opinión recientemente publicadas para advertir que son los políticos, y no los funcionarios, los que se han convertido en un problema para la sociedad. Ruano no puede considerar que la sociedad canaria culpa a los empleados públicos de los 250.000 parados. Parece ser, más bien, que lo culpan a él. Veámoslo.
Atendiendo a la primera oleada del barómetro de la opinión pública en Canarias 2010 realizado por el Consejo Económico y Social, resulta que los canarios no están satisfechos con la gestión que está realizando el Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Su puntuación es del 3,22 sobre 10. A esto hay que añadir, el bajo interés por la política (3,53 sobre 10) que tienen los canarios, o la mala valoración que tienen sobre la situación política de Canarias, de un 3,16 sobre 10.
Y a todo esto ha contribuido y contribuye, la clase política canaria, con profesionales a su frente. Me van a permitir algunos botones de muestras, a las consideraciones anteriores, en forma de interrogantes.
¿Quién oculta la mala gestión de los expedientes administrativos en las diferentes administraciones públicas?, ¿Por qué cuando los empleados públicos exigimos responsabilidades patrimoniales a los gestores políticos, estos expedientes se olvidan en los cajones de los gobernantes? ¿Por qué se ha tenido que pagar más de 3 millones de euros en reclasificaciones profesionales o en fraudes de ley en el SCE por irregularidades en la contratación?
¿Quiénes imputan gastos personales a las cuentas públicas? (¿quien compró peinetas y mantillas, o bragas, gafas de sol o corbatas?) ¿Cuántos cargos políticos han pasado directamente de la Universidad a ostentar cargos directivos en la Administración, sin una oportuna valoración de sus méritos? ¿Quién valora su desempeño o mejor su ineptitud en sus puestos? ¿Cuántos de esos políticos profesionales ocupan en la actualidad dos o más puestos de trabajo? Téngase en cuenta que Canarias lidera la región europea con mayor tasa de desempleo.
¿Por qué tenemos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas la mala gestión realizada en el conflicto de la ampliación del Parlamento de Canarias? ¿Quién fue su responsable? ¿Por qué no se abrió el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial cuando se pagó más de 20 millones de euros?
*Javier Godoy Santana, secretario de Área Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias.