La noticia de este jueves la adelantaba en su edición matutina el diario Canarias 7. En concreto, afirmaban en este medio que el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias tendrán que hacer frente a una indemnización millonaria ...
La noticia de este jueves la adelantaba en su edición matutina el diario Canarias 7. En concreto, afirmaban en este medio que el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias tendrán que hacer frente a una indemnización millonaria -en torno a los 30 millones de euros- ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia que anulaba artículos del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) en Montaña Roja, en Yaiza. Luego llegó la reacción del Cabildo en forma de nota de prensa.
Incomprensiblemente, como ya le ha sucedido a este diario en varias ocasiones, el Gabinete de Prensa remite un escrito aclarando esta cuestión sin explicar que la información la ha publicado el diario Canarias 7, con lo que cualquiera que no sepa de qué va el asunto podría pensar que todo ha aparecido como por arte de magia. Lo importante es que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Carlos Espino, explican en el escrito que los servicios jurídicos internos y externos con los que cuentan -de momento no han perdido ningún caso vinculado con lo que se conoce como moratoria turística- ya están estudiando detenidamente el contenido del fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima un recurso presentado por los promotores del Plan Especial del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja.
Lo que interesa saber, porque no hay que olvidar que el dinero saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes, es qué ocurrirá con las indemnizaciones. ¿Es cierto que se tendrá que pagar más de 30 millones de euros a los promotores de este Plan Parcial, sería el Cabildo el que pagaría la cuenta o participaría el Gobierno de Canarias? De momento nos cuentan que los promotores tienen un plazo de 30 días para presentar un informe detallado y pormenorizado de lo que, "a su juicio", entienden como indemnización. A la conclusión de ese plazo, "se abrirá un nuevo periodo de tiempo en el que los técnicos del Cabildo de Lanzarote y los del Gobierno de Canarias podrán elaborar un contrainforme que acote los conceptos del estudio que presenten los promotores".
Para que lo entienda todo el mundo, lo que viene a explicar el Cabildo es que de indemnizaciones multimillonarias nada de nada. Primero se tiene que determinar con exactitud qué es lo que se debe indemnizar, porque sus servicios jurídicos tienen claro, como ya expusieron en su día cuando Mario Pérez era consejero de Política Territorial, que los promotores del Plan Parcial de Montaña Roja, por estricta interpretación de la sentencia a su favor que no se recurrió, nunca recibirían el dinero proveniente de la tasación a precios de 2005 de los terrenos y del negocio que no han hecho durante el largo proceso judicial. Es decir, lo único que habría que pagarles es lo que ellos invirtieron cuando en teoría se planificó un crecimiento de miles de camas para esa zona.
En definitiva, que seguimos estando ante un proceso judicial complejo, difícil y que según subrayan los responsables de los servicios jurídicos del Cabildo en ningún caso llegará a las cifras desorbitadas que se están barajando en concepto de indemnización.