La Operación "Unión" ha vuelto, dispuesta a dar una nueva lección a Lanzarote. A mostrar el lado más oscuro de la isla, pero también a convertirse en una nueva llamada de atención. Y es que pese a la contundencia de la primera y ...
La Operación "Unión" ha vuelto, dispuesta a dar una nueva lección a Lanzarote. A mostrar el lado más oscuro de la isla, pero también a convertirse en una nueva llamada de atención. Y es que pese a la contundencia de la primera y la segunda fase de este operativo policial y judicial, muchos querían seguir pensando que aquí no pasaba nada y lo mismo pactaban con imputados confesos o partidos que amparan la corrupción en sus filas, que mantenían en sus cargos en la administración pública a personas con puestos tan relevantes como el del jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, que ahora ha vuelto a ser detenido por segunda vez en la misma causa e incluso ha ingresado en prisión provisional.
En esta ocasión, la mayoría de los hechos investigados se remontan a legislaturas anteriores, con lo que la operación ha logrado tirar del hilo de las supuestas redes históricas de corrupción de la isla y encontrar pruebas también sobre presuntos hechos delictivos cometidos hace años. Y lo peor de todo, es la escasa sorpresa con la que se han acogido los nombres de algunos de los detenidos, e incluso las cábalas que se hacen sobre quiénes podrían ser los siguientes, como si media isla tuviera claro por dónde ha pasado la corrupción en Lanzarote.
Por eso, tiene más importancia aún si cabe esta investigación, en una sociedad que hasta hace muy poco había estado marcada por la impunidad de muchos dirigentes públicos y empresariales.
Con las nuevas detenciones, muchos han vuelto a desempolvar la bandera de la presunción de inocencia, que sin duda es un derecho básico en nuestra sociedad, pero que tampoco puede utilizarse de excusa para eludir responsabilidades. Y es que al margen de la labor judicial, los responsables políticos también deberían actuar, al menos cautelarmente. Porque los ciudadanos también tienen derecho a tener unas instituciones libres de toda mancha y de toda sospecha. Y eso, obviamente, está muy lejos de la actual realidad.
La Justicia, con los medios de los que les dotan los políticos a través de las instituciones que tienen competencias en la materia (Gobierno de España y Comunidades Autónomas), tarda en llegar. Y más en un caso como éste, en el que se entrecruzan una gran cantidad de tramas, subtramas y personas vinculadas a distintos frentes de la investigación. Por eso, pretender aparcar todas las decisiones hasta que lleguen las sentencias, puede llegar a rozar la temeridad.
Del medio centenar de imputados que hay hasta el momento, es posible que algunos finalmente resulten absueltos. Pero cerrar los ojos ante la evidencia de que se han destapado auténticas tramas de corrupción, resulta hasta una falta de respeto a la Justicia y a la inteligencia.
No se trata de condenar socialmente a alguien ni de hacer juicios paralelos, sino de tomar las debidas precauciones para que determinadas conductas queden definitivamente desterradas de las instituciones públicas. Porque lo que es insostenible es que cada vez que se firme un contrato con una empresa, se adjudique una obra o se anuncie un convenio urbanístico, los ciudadanos se echen a temblar pensando en lo que puede haber detrás.
Por eso, más allá de las posibles suspensiones de militancia impuestas o voluntarias, lo esencial es saber si los que ostentan cargos públicos o son funcionarios seguirán en sus puestos de trabajo pese a todo.
Los políticos están obligados a mojarse ante una situación de semejante calibre. O con medidas contundentes, o saliendo si lo prefieren a dar la cara por los imputados. Porque si no son capaces de poner la mano en el fuego por ellos, confirman que es necesario apartarles de sus cargos.
Además, se está olvidando que, independientemente de que haya o no hechos delictivos, también puede haber acciones políticamente inaceptables, como ha puesto de relieve esta operación. Pero el listón parecía estar tan bajo que por más conductas reprobables que pueda tener un funcionario, un concejal, un consejero o un alto cargo del Gobierno de Canarias, nada era suficientemente importante para apartarle de su cargo e impedir que siguiera participando en la toma de decisiones vitales para las instituciones, a no ser que tuviera dos o tres sentencias firmes a sus espaldas. Y a veces, ni aún así. Esperemos que esta vez sí haya servido para aprender la lección.