Me siento estafado. Y siento que la totalidad de los ciudadanos de Lanzarote, como los del resto del archipiélago, comparten conmigo este sentimiento. El Gobierno de Canarias, con total conciencia de sus actos, incrementó la partida de gastos derivados del cobro de un impuesto cuyos ingresos corresponden a los Cabildos, en su propio beneficio. Pero aún hay más. Aún cuando el actual consejero regional de Hacienda, José Carlos Mauricio, asegurara inicialmente que el equipo de Gobierno no recurriría el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que insta al Ejecutivo canario a devolver cantidades del orden de los ocho millones de euros, hemos tenido acceso al borrador del recurso de casación que su Servicio Jurídico ha hecho llegar al Alto Tribunal.
Y entonces, la sensación de estafa se transforma en vergüenza. Vergüenza ajena ante un grupo de mandatarios que, en aras de quién sabe qué ocultos intereses, optan por obviar los principios de lealtad y cooperación interadministrativa y utilizan la estrategia del ataque como la mejor defensa.
El citado borrador contiene perlas como que "la regulación legal no impone el deber de justificar dichos gastos [porcentaje por la gestión de los impuestos del REF] ni establece qué tipo de gastos comprendeesa administración, gestión o inversión ni indica criterios o pautas que permitan su determinación". Vamos, que a fiscalizar a otra parte. Por no hablar del argumento de peso que afirma que no existe en nuestro país un sistema de contabilidad por costes que permita la determinación de las correspondientes cargas y la obtención del coste de la gestión y administración de cada tributo.
El servicio jurídico del Gobierno de Canarias la emprende luego contra el dictamen pericial, al que tacha de "ilógico, absurdo y conducente a conclusiones inverosímiles, fruto del desconocimiento de las particularidades propias de la contabilidad pública". Aunque a la vista de los argumentos anteriores resulta harto difícil entrar en tan poco definido campo. E insiste en que el perito solicitó información "de la que no disponía la Administración, pues nada obliga en nuestro Derecho a contar con ella". Más lagunas, más rincones oscuros que, paradójicamente, no son reconocidos por el Gobierno de Canarias como "labor obstaculizadora".
Ante esta cadena de despropósitos, el grupo Socialista del Cabildo de Lanzarote considera que la institución debe pedir al Gobierno de Canarias el desistimiento del recurso de casación, que podría dilatar en más de cuatro años la solución definitiva. También planteamos la convocatoria de una reunión entre técnicos de ambas administraciones para definir las cantidades exactas que se adeudan y así proceder a su pago inmediato.
Manuel Fajardo Palarea
Secretario General del PSC-PSOE de Lanzarote