por Paulino Rivero Baute. Presidente de Coalición Canaria
El Gobierno socialista que salió de las elecciones del 14 de marzo de 2004 convirtió la reforma de los estatutos de autonomía en una de sus señas de identidad. Zapatero no se cansó de repetir que desde el diálogo, huyendo de la confrontación, cada territorio podría alcanzar un modelo de estatuto adecuado a su propia realidad.
Canarias recibió el mensaje y, sin dilación, el Gobierno de Canarias, dando cumplimiento a una promesa electoral de Coalición Canaria, puso en marcha un comité de expertos, formado por representantes de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, que elaboró un texto de referencia para la ponencia parlamentaria encargada de culminar el texto que será objeto de debate y votación en el Parlamento de Canarias para después, si se dan las condiciones, ser trasladado a las Cortes Generales.
Desde el primigenio Estatuto, Canarias, y esto no lo niegan nuestros detractores, ha avanzado como nunca. Nuestro Archipiélago ha mejorado su nivel de bienestar y ahora, con la revisión del texto original y su ulterior modificación, de lo que se trata es de afianzar, desde el entendimiento, un modelo de desarrollo acorde con nuestras singularidades.
Es posible que la ciudadanía no esté advirtiendo la dimensión de este debate. Los políticos somos muchas veces culpables de convertir lo trascendente enanodino en virtud de cruces de declaraciones, soflamas incendiarias y discusiones bizantinas, pero entre todos debemos hacer un esfuerzo para que resplandezca un único mensaje: Canarias necesita de la mejor reforma estatutaria posible.
Las personas que hayan seguido con cierta atención la evolución del proceso de reforma habrán observado que en todo momento ha despuntado la idea de que un nuevo estatuto debe traer parejo un cambio del sistema electoral. Se acusaba a los nacionalistas canarios de poner obstáculos para que no prosperase modificación alguna, pues el sistema todavía hoy imperante era asociado con los deseos del partido que en la actualidad dirigeel Gobierno de Canarias por perpetuarse en el poder. Fuegos de artificio.
El PSOE se ha cansado de aludir a una lista autonómica que no ha sido capaz de justificar y que incluso ha provocado desacuerdos en el seno de su organización -basta con reparar en un reciente artículo del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo,para objetivar que cuando habla de triple paridad se está refiriendo a mantener el actual statu quo-. Al PP no le ha quedado más remedio que actuar como comparsa y hacer ruido para alcanzar las migajas que le ha ofrecido el PSOE. Sólo Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa una propuesta. Decían que no éramos capaces y han tenido que asumir una realidad que les resulta amarga. Son ellos quienes, formando una pareja imposible en otras latitudes, demuestran cierta torpeza para clarificar su postura, optando por enrocarse y cerrarse en banda ante cualquier insinuación de diálogo.
Y llegado a este punto, no queda más remedio que hacer algunas precisiones. La lista autonómica que auspician PSOE y PP no aporta más proporcionalidad, porque los diez nuevos escaños se diluyen, sin que se puedan imputar a ningún elector en función de su isla de residencia, por lo que no disminuye la desproporción actual entre islas más y menos pobladas. Por ello, le corresponde al PSOE aclarar las supuestas bondades de su inconsistente propuesta.
Este modelo no tiene parangón en el Congreso, pues aZapatero sólo le votan en Madrid,y tampoco se sigue esa fórmula en las comunidades pluriprovinciales. Es más, algunas uniprovinciales, como Asturias y Murcia, dividen su territorio en, por lo menos, tres circunscripciones. Sin olvidar que Madrid quiere reformar su Estatuto, precisamente para crear circunscripciones territoriales. Los problemas de representatividad se resuelven asignando más escaños a los territorios más poblados, que es en lo que se basa la propuesta de Coalición Canaria.
La lista de diez escaños ni evita esa desproporción de votos entre islas ni permite la entrada de nuevas formaciones. Si extrapolamos los resultados de 1999 y 2003 y los aplicamos a esa lista de diez diputados constatamos que se reparten entre las mismas fuerzas que actualmente tienen representación en el Parlamento. En definitiva, es radicalmente falso que la modificación del sistema electoral en los términos de la propuesta de socialistas y populares introduzca un ápice de pluralismo político al Parlamento de Canarias, pues la lista autonómica de diez escaños no permitiría entrar, con los resultados de 1999 y 2003, a otro partido político.
Sin embargo, la propuesta de Coalición Canaria sí aumenta el peso de las islas más pobladas y, por ello mismo, da más posibilidades a otros partidos a entrar en el Parlamento. Es por ello por lo que debemos insistir en que nuestra propuesta es más democrática que la del PSOE, dando al sistema mayor pluralismo político, a la vez que es respetuosa con la identidad insular al aumentar los escaños de las todas las islas que han incrementado su población. Además, es una falacia afirmar que nuestra propuesta nos beneficia, pues según el modelo que hemos elevado, de los nueve escaños cuatro, y según los resultados de 2003, serían para el PP, tres para Coalición Canaria y dos para el PSOE. Por el contrario, la que nos beneficia electoralmente es su lista, que nos atribuiría cuatro escaños y tres a cada uno de ellos.
Sin embargo, el proyecto político de Coalición Canaria se asienta sobre la idea de construir Canarias de abajo a arriba, desde la isla como realidad física, política y social; no de arriba a abajo, como los partidos estatalistas y en esa línea va nuestra propuesta. Hemos movido ficha, ahora les toca a ellos. Sin espantadas, sin vacuos argumentos. Queremos el mejor Estatuto posible sin que se utilice la reforma electoral, por la que también apostamos los nacionalistas canarios, como freno de nada. Y es una cuestión de voluntad y de responsabilidad lograrlo.