Parece ser que en las instituciones de este país nadie es capaz de ver que ni naves ni carpas son instalaciones adecuadas para acoger a personas. Parece que no se quiere dar un trato humano a las personas que llegan en condiciones extremas a pesar de que Canarias es tierra de migrantes. Tristemente, en Lanzarote estas son las únicas dos opciones: poner en uso unas carpas instaladas por decisión del Ministerio de Interior al lado de la Comisaría de la Policía Nacional, en las inmediaciones del puerto, o seguir empleando una nave industrial en las afueras de la capital, próxima a una depuradora y cuyas condiciones infrahumanas han sido denunciadas en varias ocasiones.
Cronología de la “nave de la vergüenza de Lanzarote”
El recinto llamado recientemente por la prensa “nave de la vergüenza de Lanzarote” estuvo usándose como centro de acogida humanitaria gestionado por la Cruz Roja entre agosto de 2020 y abril de 2021. Decenas de personas han permanecido hacinadas durante meses en condiciones indignas en este espacio. La activista Helena Maleno, de la organización Caminando Fronteras difundió entonces en sus redes sociales un vídeo en el que varias mujeres denunciaban las condiciones de vida en la nave. En noviembre de 2020, el Defensor del Pueblo realizó una visita no anunciada en este espacio y también denunció las condiciones de la infraestructura en su informe sobre la migración en Canarias.
Desde septiembre de este año, la nave se ha convertido en un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE). Se trata de un dispositivo que sustituye al calabozo en la que las personas cumplen el periodo de detención legal, el cual no debería superar las 72 horas. En un CATE, las personas están bajo custodia policial y no tienen derecho a salir del recinto. Desde que cerró la nave como centro de acogida humanitaria, en Lanzarote ya no existen recursos de acogida para los adultos. Una vez transcurrido el periodo de detención legal, las personas están siendo trasladadas desde el CATE a otros recursos, según la situación : si son positivos a la Covid-19 o contactos estrechos, se aíslan en complejos hoteleros gestionados por la Cruz Roja en Puerto del Carmen. Si no, se realiza su traslado a campamentos en otras islas. En el caso de víctimas de trata u otros perfiles vulnerables, pueden ser derivadas a recursos específicos en la península. Recientemente, también ha vuelto a funcionar el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, en el que las personas pueden estar siendo privadas de libertad hasta 60 días mientras se tramita su deportación.
Pocos días después de la llegada de las primeras personas en la nave habilitada como CATE, la abogada y activista Loueila Mint al Mamy publicó en sus redes sociales otro vídeo en el que se pueden apreciar perfectamente las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas allí custodiadas. Se han concentrado hasta 500 personas en este lugar donde se pasa mucho calor durante el día, frío por la noche, húmedad e inundaciones. La nave no dispone de duchas y no permite realizar una adecuada separación ni entre hombres y mujeres, ni entre grupos de llegada para evitar contagios por la Covid-19. Amnistía Internacional España se ha desplazado a Lanzarote en el mismo periodo y alertó de que en la nave ''pueden repetirse imágenes que ya se han visto en el pasado'' y que ''no se garantiza la asistencia de un abogado, ni la correcta identificación de menores de edad o personas con necesidades especiales como las víctimas de trata''.
Las carpas en Arrecife : la polémica
También en el mes de septiembre, el Delegado del Gobierno anunció en los medios de comunicación que se estaba preparando un dispositivo de CATE móvil en Arrecife (algo que se llevaba hablando desde abril) : las carpas actualmente instaladas al lado de la Comisaría de la Policía Nacional, en un solar de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Desde que empezaron a montarse, varios partidos políticos locales se han pronunciado en contra. El 21 de octubre, el Ayuntamiento de Arrecife puso en marcha un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la instalación de 20 estructuras desmontables y ordenó la inmediata suspensión de las obras hasta que se regularice la situación. El expediente se refiere a un informe de Protección Civil que advierte de la alta inundabilidad de la zona en caso de lluvia, lo cual cuestionaría la idoneidad del lugar. También se denuncia que no se disponga de una autorización de la Autoridad Portuaria, cuyo trámite puede durar unos dos años. La respuesta de parte de la Delegación de Gobierno no tardó en darse : La subdelegada del Gobierno afirma que ya han pedido la cesión del solar a Puertos, y que mientras tanto se está tramitando la declaración de emergencia de esta intervención. Con ello, entienden que no serían necesarias más autorizaciones municipales. En cuanto a los sindicatos policiales, no hay consenso : uno se posiciona en contra de las carpas y otros dos celebran su implantación.
Ya han pasado tres semanas desde el momento fuerte de la polémica, las carpas todavía no están en uso y las personas que llegan en pateras siguen siendo custodiadas en la nave. Estamos ante una clara situación de bloqueo político en el que las personas migrantes están siendo instrumentalizadas.
Según las declaraciones de la Delegación de Gobierno, las 20 carpas tienen una capacidad total de hasta 200 personas. Están equipadas de camas-literas (en la nave se usan camastros, cuando no simples esterillas), están climatizadas, y disponen de duchas con agua caliente y de un número suficiente de retretes. Las condiciones que ofrecen parecen bastante más adecuadas que las de la nave, siempre y cuando no se alargue el plazo legal de 72 horas en el que deben permanecer allí. Además, ofrecen la posibilidad de separar las mujeres de los hombres y de mantener las distancias sanitarias entre los grupos por embarcación y así reducir los posibles contagios por Covid-19 en el recinto.
Nuestra postura : ¡Que se usen las carpas ya!
Ante esta situación, nuestra prioridad es recordar que estamos hablando de personas que llegan exhaustas de un viaje por mar. A la hora en la que cerramos este escrito, en la nave de la vergüenza 159 personas están siendo acogidas de forma inhumana. Aún teniendo instalaciones que podrían ofrecerles mejores condiciones, los criterios de oportunidad política impiden que se les ofrezca un trato más humanitario. No podemos sino denunciar la indecencia de un uso partidista de personas en situación de migración. No entendemos cómo en este momento se paraliza el uso de unas instalaciones que podrían mejorar la calidad de la primera acogida cuando, en otras ocasiones, se ponen en funcionamiento hoteles, negocios o bodegas sin permiso alguno…
Dada la emergencia actual, consideramos que debe prevalecer el bienestar de las personas usuarias de estos dispositivos y apelamos a la humanidad de la corporación municipal.
Sobre la inundabilidad de la zona en caso de fuertes lluvias, se trata de un asunto que afecta a la ciudadanía de Arrecife y a la imagen de la ciudad desde hace muchos años. Tal vez el ayuntamiento podría plantearse resolver el problema de una vez en lugar de bloquear un recurso posiblemente más adecuado que el que se usa actualmente. Por otro lado, recalcar que la nave se ha inundado con aguas fecales en repetidas ocasiones, con decenas de personas dentro, sin que ninguna institución insular lo denuncie o exija su cierre. No quisiéramos pensar que lo que molesta realmente al ayuntamiento no son tanto las condiciones de acogida de las personas migrantes sino la ubicación de las carpas en un lugar de paso del turismo de cruceros, pues estaríamos ante un caso evidente de política inundada de aporofobia y racismo, migrantes con dinero frente a migrantes pobres.
Estamos a favor del uso inmediato de las carpas pues es mejor recurso que la nave de la vergüenza. No por ello dejamos de condenar el desprecio demostrado por el Ministerio de Interior y la Delegación de Gobierno hacia las instituciones locales. La implementación de este tipo de medidas debería realizarse desde el diálogo, no con posturas autoritarias de tintes coloniales. Insistimos en que estas instalaciones deben garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como del personal a cargo, cumpliendo con las normas y los planes de evacuación en vigor. La Delegación de Gobierno debe actuar en todo momento de manera transparente y respetuosa ante la ciudadanía de Lanzarote.
Entendemos que la implantación de estas infraestructuras debe ser acompañada del correspondiente refuerzo de personal administrativo, para poder realizar las gestiones propias de las primeras 72h en tiempo y forma. El Ministerio de Interior ha recibido 13,5 millones de euros de la Unión Europea para reforzar la atención a las personas migrantes, entendemos que esta atención incluye, en el periodo de permanencia bajo custodia policial, una correcta asistencia jurídica, sanitaria, con intérpretes y que debe permitir un trato personalizado para detectar los perfiles vulnerables.
La Red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote pide que se desbloquee urgentemente la situación política que impide el uso del CATE temporal de Puerto Naos. No porque las carpas sean la solución definitiva, sino porque parecen ofrecer condiciones más dignas que las de la nave y ser un recurso temporal. Como colectivo volcado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, seguiremos velando por la detección y denuncia de cualquier vulneración de derechos o incumplimiento de los plazos legales de retención dentro de estas instalaciones una vez estén en uso.
También pedimos que se adopten las medidas necesarias para la construcción de un centro insular de acogida y atención en condiciones de dignidad y decencia humanitaria para el conjunto de las personas necesitadas de recursos alojativos : personas en migración pero también personas sin hogar u otras situaciones de vulnerabilidad social.
A pesar de apoyar de manera circunstancial el uso de un dispositivo implementado por el Ministerio de Interior, nos mantenemos firmemente opuestas al Plan Canarias y sus macrocampamentos ; seguimos denunciando la opacidad que rige la gestión de todos los centros de acogida de Canarias y exigimos que las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos tengan acceso a las instalaciones que acogen personas migrantes en Canarias, tanto adultos como menores.
Rechazamos con fuerza el paradigma actual de la gestión de los flujos migratorios en Canarias, racista y xenófobo ; la Ley de extranjería que criminaliza a las personas migrantes y el Pacto europeo sobre las migraciones que genera sufrimiento y muerte en todas las fronteras del espacio Schengen. La alternativa a estas políticas inhumanas son vías de migración legales y seguras.
Alertamos del peligro de políticas basadas en un profundo desconocimiento del fenómeno migratorio, las cuales solamente buscan justificar el racismo social e institucional y vinculan la inmigración con la inseguridad.
Acoger en condiciones dignas a las personas migrantes no es dar una mala imagen de nuestra capital, de nuestro municipio o de nuestra isla. Al contrario, estamos convencidas de que Canarias podría dar lecciones de humanidad al resto del mundo si tratara con la debida hospitalidad a cualquier persona que transita por sus islas.