Tocaban a su fin unos días de descanso en la acogedora y cálida Lanzarote y sus alrededores, cuando me asomé a la ventana del medio 'La Voz de Lanzarote' y en cierta forma me sobrecogió la lectura de una noticia que pudiera atentar indirectamente contra el derecho de un menor a su formación. El reportaje, bajo el título 'Las obras del IES de Haría, frenadas al presentar la constructora 27 modificaciones al proyecto', se encontraba magníficamente redactado por su autor/autora, con lo cual fue fácil de leer y comprender.
Finalizada la lectura y por mi experiencia de jurista "senior", me atrevería, con las reservas propias de no participar junto a parte alguna en el presente tema, que podríamos encontrarnos ante un dilema en materia de contratación pública donde subyace un llamativo aspecto económico por un lado, y por otro, unas probables deficiencias técnicas en el proyecto en cuestión, junto al probable perjuicio a los menores y sus familiares.
No voy a aburrir a los lectores con recursos jurídicos. ¡Ni hablar! Solo mencionaré para los directamente interesados en la licitación de la obra, que tanto el Consejo de Estado, como su Abogacía, disponen de dictámenes, hasta aburrir, sobre la patología que nos ocupa.
Examinadas las cifras de la licitación y adjudicación, el comportamiento del poder adjudicador y la parte licitadora, nos atreveríamos a opinar sin apenas riesgo a equivocarnos, que nos encontraríamos nuevamente, ante un ya viejo y tradicional problema referido a las desequilibrantes bajas temerarias convertidas en cantos de sirenas y falsos espejismos.
Es el resultado de un viejo axioma: "licitemos a la baja, que ya nos resarciremos posteriormente", con el agravante, de que la situación más favorable se encuentra siempre del lado del licitador. Efectuar una baja rabiosa de algo más de un 30% sobre el precio de licitación, hubiera dado de pensar previamente a cualquier Mesa de Contratación, ya que podría hasta suponer hasta la quiebra de una empresa.
Por el momento aparenta suspendida la obra "en una nube" con una barbaridad de 27 modificaciones al proyecto por parte de la contrata. y que probablemente surja alguna otra. Se aludirán deficiencias técnicas del proyecto. Por cierto, ¿QUIÉN HA SIDO SU AUTOR ?. Pues sería muy conveniente escucharle, siempre que no se encuentre ligado a la constructora. Evidentemente, también habría que escuchar a la misma, aunque lo suyo hubiese sido que la Mesa de Contratación hubiera solicitado a aquella la justificación pertinente ante tan desmesurada baja, la cual tampoco debería haber pasado desapercibida a los técnicos del Consistorio.
Suele ocurrir de esta forma, y no lo digo yo, si no como hemos apuntado, los mismísimos CONSEJO DE ESTADO, ABOGACÍA DEL MISMO, TRIBUNAL DE CUENTAS, etc. cuando se refieren al fraude que se comete cuando se alteran los principio básicos de la Contratación Pública.
Lo lamentable de todo esto es que, como perjudicados, se encuentran en primer lugar los alumnos, privados de unas condiciones escolares probablemente más óptimas que las anteriores, y en segundo lugar, las arcas consistoriales. Y al final ya verán como salen nuevamente a relucir las espaldas del contribuyente, que todo lo aguantan.
Lo más conveniente después de esta "tormenta", es que las partes negocien, si aún hay tiempo, hasta alcanzar un acuerdo, antes de recurrir a la vía judicial, si en realidad se ha pensado hacerlo el algún momento.
Finalmente, indiquemos que hemos sido siempre, fervorosos defensores del principio: " LA MEJOR INVERSION DE UN ESTADO ES LA FORMACIÓN DE SUS ALUMNOS". Por ello, no contribuyamos entre todos a hacer buena aquella frase de Leonardo da Vinci, Fragmenti letterari e filosofici V 22 : ES DIGNO DE COMPASIÓN EL ALUMNO QUE NO AVENTAJA A SU MAESTRO.
