Dos años y dos meses después de que el Gobierno del Estado nos obligase a retroceder a la década de los noventa, el Ministerio de Fomento nos promete que, a partir del 1 de noviembre, no será necesario acreditar nuestra residencia a través de un certificado de papel. Sin embargo, la supuesta defunción de una medida que nunca se debió haber aprobado, va acompañada de dudas y de advertencias sobre la conveniencia o no de seguir usando un papel que, en el caso de imprevistos, va a seguir siendo necesario.
El anuncio del Gobierno contrasta con la prudencia de quienes mejor conocen el sector. Las agencias de viaje ya han aconsejado a sus usuarios que sigan llevando el certificado como medida de precaución por si ocurre alguna incidencia con el sistema SARA (Sistema de Acreditación de Residencia Automático). Y otra advertencia más: también tendrán que portar el documento de empadronamiento los menores de 14 años que carezcan de DNI y aquellos que hayan cambiado de municipio recientemente.
Dos años y dos meses ha tardado el Gobierno en poner fin a una decisión que, en su momento, justificó aduciendo a los supuestos casos de fraude que se cometían por parte de aquellos que se beneficiaban de la bonificación sin tener derecho a ella. Dos años después, seguimos sin conocer los datos oficiales sobre cuántos casos han sido detectados por uso indebido.
En plena era digital, el Gobierno nos obligó a certificar nuestra residencia cada vez que acudíamos a un mostrador de facturación o a una puerta de embarque. Y ahora, sin que existan todas las certezas, nos dice que ya ha puesto a punto un sistema que ha tardado en implantar mucho más tiempo del que prometió y que, además, no será suficiente ni ofrece garantías.
Ha sido un largo periodo de anuncios incumplidos. La puesta en marcha de este sistema telemático de validación de la residencia se ha ido demorando desde el año 2013. Primero se anunció su implantación en abril del año pasado y al final se fijó la fecha del 1 de noviembre de 2014. Sin embargo, nosotros, que nos fiamos poco de los anuncios triunfalistas del Ministerio de Fomento, hemos presentado una enmienda al articulado de los Presupuestos del Estado de 2015 en la que proponemos que la condición de residente se acredite mediante el documento nacional de identidad.
Recuerdo que cuando entró en vigor la medida, con la connivencia y el silencio de los diputados y senadores del PP de Canarias, una periodista canaria se preguntaba en Twitter si el Gobierno se hubiese atrevido a adoptar una medida de este tipo en Cataluña o Euskadi. Lo dudo. Ambos territorios no hubiesen aceptado, como tampoco lo hacemos en Canarias y Baleares, un tropelía que nos ha obligado a certificar nuestra residencia durante más de dos años.
Los despropósitos con Canarias del departamento que dirige Ana Pastor son inadmisibles. Recuperó el certificado de residente, suprimió las bonificaciones de las tasas aéreas específicas para Canarias, ha reducido del 70 al 26 por ciento la ayuda al transporte de mercancías, abrió las puertas a la privatización de AENA, no ha incentivado la quinta libertad del aire en los aeropuertos canarios y, en solo cuatro años, ha aminorado en un 73 por ciento el presupuesto del convenio de carreteras. Medidas que certifican la insensibilidad del Gobierno del Estado con el territorio que más apoyo necesita para superar la crisis económica.
Desde el 3 de septiembre de 2012, día de la entrada en vigor del certificado de papel, muchas personas se han quedado en tierra o han tenido que desembolsar el 50 por ciento restante del billete para poder viajar. El Gobierno llegó a pedir perdón ante la fuerte contestación ciudadana, pero no dio marcha atrás a una iniciativa que el Ministerio de Fomento sacó inesperadamente de la chistera y, dos años y dos meses después, sigue sin ofrecer datos específicos sobre los supuestos delincuentes que han sido pillados gracias a su infalible sistema.
¿Adiós al certificado de residente? Esperemos que sí, pero esperamos también que alguien justifique una medida anacrónica e inconcebible en una era en la que el papel es sustituido gracias a las ventajas que ofrece la telemática.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria