La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU (Visocan) va a incorporar la utilización del derecho de superficie a su catálogo de estrategias orientadas a incrementar la oferta de vivienda protegida en las Islas con el fin de dar respuesta a la actual necesidad que tienen muchas familias canarias de tener un hogar.
Si bien la semana pasada, Visocan publicó en la Plataforma de Contratación Pública un nuevo concurso “llave en mano” para impulsar la finalización de obras inacabadas que puedan contribuir a poner en el mercado casas a precios asequibles; ahora trabaja en la puesta en marcha de un modelo, que se implementaría por primera vez en las Islas, y que consiste en la cesión del suelo que tiene disponible para que sea la iniciativa privada la que construya y gestione estos inmuebles.
Así lo anunció esta mañana, el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, durante la celebración en Santa Cruz de Tenerife de las segundas Jornadas Profesionales de Visocan “Proyectando Canarias”. En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y presidente del Consejo de Administración de Visocan, Pablo Rodríguez, apuntó que el Ejecutivo impulsa el derecho de superficie como fórmula para incrementar la oferta de vivienda en el mercado y hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago.
“Se trata de desarrollar el mayor número de iniciativas posibles que nos permitan multiplicar los instrumentos para consolidar el parque público y garantizar a las generaciones presentes y futuras el derecho de acceso a la vivienda”, destacó Rodríguez, para luego dejar claro que “el derecho de superficie permitirá que el Gobierno, a través de Visocan, pueda poner a disposición de los operadores privados un suelo, durante un periodo de tiempo, para construir viviendas que, posteriormente, se pondrán en el mercado en alquiler asequible. Se trata de un mecanismo consolidado, que ofrece garantías, y que ya se ha puesto en práctica en otras comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia”.
Precisamente, la segunda edición de estas jornadas profesionales contó con la participación del viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid, José María García Gómez, quien participó junto con Pablo Rodríguez, Agustín Fernández, y el consejero delegado de Serviland, Ernesto Tarazona, en una mesa de debate moderada por la directora de Prisa Media en Canarias, Lourdes Santana.
García Gómez compartió durante su intervención la experiencia que en la utilización de esta herramienta ha tenido su región a través del Plan VIVE Madrid. García Gómez precisó que se trata de “un modelo novedoso que prima la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación” y que, además de generar empleo y actividad económica, fija alquileres un 40% por debajo del precio de mercado.
Derecho de superficie
El derecho de superficie es una figura jurídica, que ya se ha utilizado con éxito en otras Comunidades Autónomas, y que permite a Visocan ceder a empresas privadas el suelo del que es titular por un plazo de hasta 75 años, para que estas construyan y gestionen vivienda privada protegida en régimen de alquiler asequible. De esta forma, se puede lograr incrementar el parque de viviendas asequibles en las Islas sin necesidad de que el sector público recurra a financiación externa; pues es la empresa privada la que invierte en la construcción y gestión. Al final de la concesión, el suelo y el inmueble revierten de nuevo a la Administración.
“Se trata de poner en marcha una primera experiencia con el objetivo de colocar en el mercado de alquiler asequible un total de 560 viviendas”, subraya Fernández, para luego hacer hincapié en que desde Visocan “queremos aumentar la oferta de viviendas protegidas y que los canarios puedan beneficiarse de alquileres más bajos, facilitando así el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras”.
Sobre VISOCAN
VISOCAN es la empresa pública del Gobierno de Canarias que se encarga de la promoción de viviendas protegidas en todo el Archipiélago atendiendo a las necesidades insulares y municipales y con el objetivo de lograr una correcta planificación territorial de los asentamientos urbanos de las Islas. Fundada en octubre de 1977, en la actualidad gestiona un parque de 6.221 viviendas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de toda la población canaria.