La presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), Beatriz Salazar, ha instado hoy a todos los agentes sociales y económicos de Canarias, así como a las instituciones públicas, a establecer una línea de diálogo formal que permita establecer las medidas necesarias para afrontar la emergencia habitacional en el archipiélago.
“Está claro que la situación que se vive en Canarias respecto a la falta de disponibilidad de vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía” -explica la presidenta-, quien añade que, “además, tiene una influencia negativa en la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras”.
Según explica Beatriz Salazar, “las dificultades que existen a la hora de encontrar una vivienda próxima a sus centros de trabajo es uno de los factores que limitan en mayor medida la buena marcha del mercado laboral”. “De hecho, es una de las razones que justifican que en muchos núcleos, especialmente las zonas turísticas, la oferta de empleo supere a la demanda de trabajo”, añade.
Por todo ello, la presidenta de la CEL considera que es fundamental que se lleven a cabo todas las acciones que permitan incrementar el parque de vivienda de Canarias. “Ninguna acción por sí sola resuelve la situación actual, por lo que desde la Confederación apostamos por hacer complementarias unas de las otras”, afirma. Por eso, apuesta por la colaboración entre las diferentes instituciones y el sector privado, implicando a todos los actores socioeconómicos implicados en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones.
Beatriz Salazar recuerda que en la actualidad hay más de 200.000 viviendas vacías, “en gran parte a causa de la inseguridad jurídica que sienten los propietarios a la hora de poner su propiedad en régimen de alquiler”.
“Estamos seguros de que mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, la oferta seguirá disminuyendo y los precios continuarán subiendo”, explica.
Para la presidenta, el impulso a la construcción de vivienda pública es otra de las acciones que deben ponerse en marcha para solucionar este problema que está generando tensiones en el sistema socioeconómico de Canarias.