La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y para "empoderar" a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones.
La titular de Vivienda, que esta tarde se reúne con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha indicado que van a apurar todo su margen de competencia valorando esta posible modificación de la ley considerando estas actividades como económicas y que se rijan como el resto de ellas y cuando entren en conflicto estas actividades con el acceso a la vivienda el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades prioricen siempre el derecho de acceso.
En una entrevista televisiva, ha añadido que las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y deben participar en estas decisiones.
En este sentido, ha pedido la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda y ha añadido que es evidente que el surgimiento de estos alojamientos turísticos está colisionando con el derecho a una vivienda digna, elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta de alquiler residencial.
Rodríguez ha hecho un llamamiento para que cada uno cumpla con sus competencias y ha celebrado que haya ayuntamientos que hayan tomado cartas en el asunto, como el caso de Barcelona, que los va a prohibir para beneficiar a la ciudadanía priorizando el derecho a la vivienda frente a intereses económicos y frente a un sector fundamental como es el turismo y ha pedido a Madrid que intervenga.
Ha explicado que desde el Ministerio han analizado la jurisprudencia y la normativa europea y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea habló de la "imperiosa" necesidad de intervenir cuando colisiona con el derecho de acceso a una vivienda.
En este ámbito, se puso en marcha un reglamento para regular y tener plataformas únicas de control en los estados miembros y España se va a adelantar a la puesta en marcha de esa plataforma para dar facilidades a los ayuntamientos y a las comunidades en la persecución de este fraude, que no es exclusivo de España.