Los inspectores de Salud Pública de Canarias han anunciado una huelga ante la "inaceptable situación de precariedad en que se encuentran los servicios de inspección sanitaria" del archipiélago. La misma se iniciará el 31 de mayo y, según publica La Provincia, se prevé extender hasta el 31 de septiembre.
"Llevamos más de una década reclamando mejoras en el servicio de inspección sanitaria, solicitando los medios personales y materiales para poder cumplir los mínimos requisitos que nos impone la normativa europea, ya que la Unión Europea ha ido evolucionando e incrementando las exigencias y en Canarias seguimos siendo los mismos y con lo mismo", ha denunciado la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (AISP) en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes.
En la misma, el colectivo ha explicado que los inspectores de sanidad, como se les conoce habitualmente, son un colectivo especializado formado por farmacéuticos y veterinarios, que desempeñan "funciones vitales en el ámbito de la Salud Pública, mediante la prevención de las enfermedades que se transmiten por el agua y los alimentos, y cuando es necesario, la protección de la salud de la ciudadanía con la adopción de medidas de policía sanitaria, como el cese de actividades o la inmovilización de alimentos peligrosos".
"Esta misión fundamental de la prevención de la enfermedad y protección de la salud la llevamos a cabo mediante el control y la vigilancia de los establecimientos con el fin de garantizar el suministro y abastecimiento de aguas y alimentos seguros", ha apuntado, señalando que a ello "se suman las labores de verificación del cumplimiento de las medidas de prevención frente al Covid-19 en todo tipo de establecimientos".
Una "alarmante" carencia de medios personales y materiales
Sin embargo, han puesto de manifiesto la "alarmante carencia de medios personales y materiales" que sufren. "Disponemos de una media de un inspector por cada 25.000 habitantes", han asegurando, afirmando que "la media en el resto del territorio español se sitúa en un inspector por cada 12.000 habitantes, siendo por lo tanto Canarias la Comunidad Autónoma más precaria del país".
"La carga de trabajo es en muchas zonas inasumible, a lo que tenemos que añadir las características territoriales singulares, con las dificultades y particularidades de cada isla, en especial las de las islas menores, no pudiendo cumplirse ni siquiera las actuaciones programadas, a lo que deben sumarse las actuaciones urgentes como alertas, denuncias, toxiinfecciones, etc. que se llevan a cabo en detrimento de las anteriores", han indicado.
Según han asegurado, "no se cubren en muchas ocasiones bajas ni se ocupan puestos vacantes, habiendo quedado municipios completos sin inspector durante largos periodos". "No se valoran las necesidades reales de los servicios, contando hoy con el mismo número de inspectores que en el año 2007", han añadido.
En cuanto a los medios materiales, han señalado que "en la gran mayoría de las islas apenas se dispone de espacio en las oficinas para trabajar ni de la dotación mínima necesaria". "El equipo de inspección consiste en un termómetro y un medidor de cloro, cumplimentándose aún hoy en día las actas de inspección a mano. La inspección electrónica prevista desde hace años continua sin implantarse", han detallado.
Falta de vehículos
La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias también ha puesto de manifiesto la "falta de vehículos" que sufren, a pesar de que deben desplazarse "dentro de la totalidad del territorio, desde las zonas céntricas de las ciudades hasta zonas remotas y de difícil acceso en muchas ocasiones incluso sin acceso asfaltado.
"Nunca ha habido medios de transporte adecuados, habiéndose desarrollado los servicios de inspección en base a la necesidad del uso de los vehículos particulares de los inspectores", han señalado. Al respecto, han indicado que si bien "recientemente se han dotado de algunos vehículos en algunas islas", a todas luces son "insuficientes" para cubrir las necesidades realices de los servicios de inspección.
"La única respuesta obtenida al reclamar una solución al problema del desplazamiento hacia las zonas de inspección asignadas ha sido el uso de la guagua, o que no merece ni ser comentado", han añadido.
Según han apuntado, "una de las consecuencias más graves de esta situación se vivió, y se sigue viviendo, en la isla de Gran Canaria, que realizó una reorganización del trabajo contraria a las propias órdenes de la Dirección General de Función Pública vulnerando, por tanto, la esfera competencial de actuación, y actuando de forma discriminatoria con respecto al resto de áreas, que supuso la apertura de numerosos procesos judiciales y un menoscabo en la salud de los propios inspectores, llegándose a producir, en algunos periodos, hasta un 50% de bajas".
Sin regulación que establezca y ordene sus funciones
La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canaria también ha denunciado la "falta de regulación". "Somos un colectivo muy particular en el seno de la administración, con funciones y dinámicas muy diferenciadas, incluso comparados con otros cuerpos de inspección. Sin embargo, no contamos con ninguna regulación específica que establezca y ordene nuestras funciones", han señalado.
En este sentido, han apuntado que "son frecuentes las alertas por detección de riesgos para la salud publica, situaciones en que se debe actuar de inmediato". Sin han dicho no disponer "de sistema alguno de guardias que permitan organizar la disponibilidad permanente inspectores para atenderlas".
Asimismo, han apuntado que cuentan "con puestos singulares en los mataderos, que tienen unas condiciones laborales muy específicas incluso con horarios nocturnos, trabajo en festivos, y guardias localizadas que incumplen la regulación actual" "Somos el único colectivo sanitario del Servicio Canario de Salud que no tiene regulado la nocturnidad, las guardias localizadas, la turnicidad, el trabajo en festivos, etc., y donde los sistemas de guardias, 24 horas durante los 7 días de la semana, necesarios para dar cumplimiento a la normativa europea, no están establecidos legalmente", han criticado.
Falta de reconocimiento
A todo lo anterior, han apuntado que se suma la "falta de reconocimiento" a su labor por parte de la administración. "No solo por el abandono de nuestro servicio y por ende de la salud pública, sino por ser el colectivo menos valorado de entre los distintos cuerpos de inspección, a pesar de efectuar labores esenciales y de complejidad técnica, donde el carácter de Autoridad Sanitaria que ostenta cada inspector, nos otorga la potestad y obligación de adoptar medidas de protección de la salud ante la constatación de riesgos, de la que somos individualmente responsables", han precisado.
"Ningún ciudadano se plantea hoy en día si el agua del grifo puede suponer un riesgo para su salud, ni elige los alimentos en el supermercado en base a cuales son más seguros o cuales pueden transmitirle alguna enfermedad, ni decide a que playa van a ir el fin de semana en función de la calidad de agua, etc., porque se sienten seguros. Esa seguridad la proporcionamos nosotros y venimos advirtiendo desde hace más de una década, la precariedad e insuficiencia de nuestro servicio, que se refleja en la incapacidad de garantizar esta seguridad, poniendo en riesgo la salud de toda la población", han añadido.
Reivindicaciones
Por todo ello, reclaman el establecimiento de un reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo de Inspectores de Salud Pública que regularice la singularidad del colectivo, así como una solución al problema del desplazamiento para efectuar sus funciones.
Asimismo, piden que se reconozca su labor "como personal sanitario esencial", una dotación de medios personales y materiales adecuada a las necesidades reales, y "respeto y dignidad profesional" para el colectivo.