El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este miércoles con carácter extraordinario y ha decidido prorrogar la limitación del número de personas que pueden reunirse en función del nivel de alerta de cada isla. Para ello, tendrá que dirigirse de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que deberá autorizar la prórroga de esta medida, que expira el próximo sábado 31 de julio.
El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha explicado que se solicitará que el plazo de vigencia sea solo de un mes, hasta finales de agosto, ya que consideran que así tiene más posibilidades de prosperar la autorización judicial, tras los reveses que han sufrido en los Tribunales con otras medidas.
En el caso de la limitación de las reuniones, ha recordado que sí fue avalada en mayo por el TSJC y ha subrayado que los indicadores son ahora “peores” que entonces, por lo que el Gobierno espera que esta restricción sí pueda mantenerse.
En el caso de Lanzarote, que desde la pasada semana se encuentra de nuevo en nivel de alerta 2, el máximo de no convivientes que pueden reunirse, tanto en espacios públicos como privados, es de seis personas, y el objetivo es mantener esa limitación. En nivel 1 el máximo está en 10 personas y en nivel 3 y 4 en cuatro personas.
Respecto a los niveles de alerta, Julio Pérez ha señalado que no se han abordado en la reunión extraordinaria de este miércoles, que solo tenía por objetivo tomar una decisión sobre esa medida que está a punto de expirar. Así, la revisión de la situación de cada isla se hará en el Consejo ordinario de este jueves
No obstante, el portavoz ha admitido la "preocupación" del Gobierno, tanto por la incidencia de Covid en el archipiélago como por la presión hospitalaria que comienza a haber, y ha adelantado que este jueves podrían anunciarse nuevas medidas.
Además, tal como ya adelantó el presidente del Gobierno canario, ha confirmado que estudian "exigir que ciertos colectivos de trabajadores o personas que prestan ciertos servicios estén vacunadas para que puedan seguir prestándolos".
Una "enseñanza" en el último varapalo del Supremo
En su comparecencia ante los medios, el portavoz del Gobierno de Canarias también ha lamentado el fallo del Tribunal Supremo sobre el toque de queda, conocido este martes, y ha admitido que obliga a que las peticiones que se hagan en el futuro ante los tribunales se realicen con "más detenimiento".
Al respecto, ha señalado que el fallo supone "una doctrina y una enseñanza" que aprenden y que el Ejecutivo incorporará en sus próximas decisiones.
Pérez apuntó que el TS ha hecho una comparación entre la petición de Canarias y la de otros territorios y ha querido precisar que cuando dice que ésta carece de justificación, no significa que "se han presentado mal los papeles o los documentos adecuados".
En este sentido, el portavoz subrayó que la doctrina judicial sostiene que la restricción de derechos es "tan intensa" que tiene que ser "absolutamente justificada" por los números, lo que obliga a hacer las peticiones "con más detenimiento y con más detalle".