"Tendrán que pasar muchos años para que los ciudadanos de Yaiza puedan percibir en su día a día la recuperación del saqueo al que fueron sometidas las arcas públicas municipales". Ése es uno de los mensajes que ha lanzado la acusación particular del caso Yate, en los escritos en los que se opone a que se suspenda la ejecución de las penas de prisión a las que fueron condenados el ex alcalde, José Francisco Reyes, y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, por la concesión masiva de licencias ilegales y la malversación de fondos del Consistorio
"El Ayuntamiento de Yaiza quedó en quiebra técnica de la que todavía no se ha recuperado", insiste el escrito de la abogada Irma Ferrer, que representa a la acusación particular ejercida por el ex consejero del PSOE y denunciante del caso Yate, Carlos Espino. Así, la letrada responde a uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Reyes, que pidió la suspensión de la pena alegando que los hechos que se juzgaron tienen una "nula incidencia social" por el tiempo transcurrido.
"La incidencia de los hechos recogidos en la sentencia no sólo se mantiene patente en el ámbito social, sino que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los hechos por los que ha sido condenado el señor Reyes determinan la realidad social, jurídica, económica, laboral y judicial de la isla de Lanzarote", sostiene la acusación particular, que recuerda incluso la reunión mantenida hace dos semanas por el colectivo de las Kellys con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para trasladarle "las pésimas condiciones laborales que sufren mientras desarrollan su trabajo en los hoteles ilegales de Yaiza".
"La fiesta de la prevaricación continuada"
"La sentencia recoge expresamente que dichos hoteles fueron autorizados gracias a la fiesta de la prevaricación continuada, a la que el señor Reyes se entregó, y que los mismos hoteles que generan pobreza salarial y condiciones laborales denigrantes, hasta el punto de ser atendidas personalmente por el presidente del Gobierno, fueron financiados con fondos europeos para zonas deprimidas, cuyo objetivo principal era el fomento del empleo estable y de calidad", insiste el escrito de la acusación particular.
Al respecto, recuerda que "las carencias sanitarias, educativas y sociales del municipio de Yaiza protagonizan las noticias diarias de la prensa insular, regional y nacional a diario", mientras que "la riqueza obtenida mediante el cohecho y el continuado blanqueo de capitales a la que se prestó el señor Reyes es inversamente proporcional al saqueo de las arcas municipales".
Además, subraya que "la decisión voluntaria y consciente del señor Reyes de transgredir la legislación municipal, insular y autonómica que propugnaba el control del desarrollo urbanístico, y de ignorar, de manera grosera y sostenida en el tiempo, las advertencias del Cabildo Insular y de la sociedad organizada de Lanzarote sobre la ilegalidad de sus actos, ha tenido y tiene consecuencias claras sobre la estructura insular", entre las que incluye la "pérdida de competitividad del destino por exceso de oferta", "presión sobre los recursos estratégicos" como el agua, la electricidad y los residuos y el crecimiento población.
"La herencia tras casi veinte años de pugna entre la legalidad y la delincuencia continuada que refleja la sentencia cuya ejecución se pretende suspender es devastadora desde el punto de vista social, ambiental y económica, pero también desde el punto de vista jurídico", agrega el escrito, que señala que "el imperio de la arbitrariedad protagonizada por el señor Reyes obligó a la puesta en marcha de una maquinaria judicial en defensa del Estado de Derecho, que ocupó y ocupa a juzgados y tribunales de todas las jurisdicciones".
"Arbitrariedad en beneficio de espurios intereses particulares"
En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes, señala que la sentencia "no relata hechos aislados", sino "un modus operandi basado en la concepción de la función pública como ejercicio de arbitrariedad y que se concretó en la consciente y deliberada dejación de las obligaciones propias de los funcionarios públicos en perjuicio del interés general y en beneficio de espurios intereses particulares".
Además de tener otras condenas a sus espaldas por prevaricación urbanística, el ex secretario confesó en esta causa que informó a favor de las licencias del puerto deportivo Marina Rubicón y del Plan Parcial Playa Blanca pese a que era consciente de su ilegalidad, y también que contribuyó a malversar fondos del Ayuntamiento autorizando pagos al alcalde que no le correspondían.
"El señor Bartolomé Fuentes se sitúa en la cúspide de la estructura fallida en que convirtieron al Ayuntamiento de Yaiza, al ostentar el cargo de secretario general de la institución y, por tanto, la persona designada para velar por el cumplimiento de la legalidad y la adecuación a la ley de las decisiones y actuaciones municipales", destaca la acusación popular, que considera que "no puede obviarse que el señor Reyes Rodríguez, principal condenado en este procedimiento en su condición de alcalde, apenas sabe leer ni escribir", tal como reconoció él mismo, y que por tanto "la persona responsable de constatar la legalidad de las resoluciones dictadas por el señor alcalde fue el señor Vicente Bartolomé".