El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, sigue intentando que se anule el escrito de acusación que pesa sobre él en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, que fue presentado por el grupo Podemos en el Cabildo como acusación popular. Así, aunque San Ginés ha visto rechazado su intento de que se anulen todas las actuaciones practicadas desde que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa, tiene otra vía abierta en la Audiencia Provincial, en este caso cuestionando la prórroga de 10 días que dio el juez a la acusación popular para presentar su calificación.
Inicialmente, la defensa de San Ginés presentó un recurso ante el propio Juzgado, pero fue rechazado por el juez instructor, que respondió que la prórroga estaba "absolutamente justificada en atención a las circunstancias concurrentes". Después, decidió dirigirse a la Audiencia Provincial, con un recurso de apelación que sigue pendiente de resolverse.
En ese recurso, la defensa del presidente reclama que "se deje sin efecto el auto" del juez autorizando esa prórroga" y que "se rechace la posibilidad de presentar escrito de acusación". Un escrito que en realidad ya está presentado desde el pasado mes de julio, y en el que se piden 12 años de inhabilitación para San Ginés y para los otros dos acusados: el secretario del Cabildo Francisco Perdomo y el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
Cuestiona que el juez "está obviando la doctrina Botín"
Aunque San Ginés basa su recurso en pedir que se anule la prórroga, y por tanto el escrito de la acusación popular, también repite los argumentos que ya fueron rechazados por el juez instructor en un auto firme. Así, la defensa del presidente insiste en que "el Juzgado está obviando la doctrina Botín", establecida después de que el conocido banquero consiguiera evitar sentarse en el banquillo al haber continuado en la causa solo la acusación popular, sin la Fiscalía ni acusación particular.
Cabe recordar que esa misma doctrina fue revisada posteriormente en el caso Nóos, cuando la Fiscalía rechazó acusar a la infanta Cristina, pero aún así terminó yendo a juicio a petición de la acusación popular. "No es posible que la acusación popular mantenga la acusación, debiendo el juez proceder al archivo de la causa y no dar nuevo plazo para acusar", insiste sin embargo la defensa del presidente en su recurso.
De esta forma, reitera un alegato que ya ha sido rechazado tanto por el magistrado como por la Fiscalía. Y es que aunque la fiscal asignada al caso pidió en mayo el "sobreseimiento provisional" de la causa, después ha dejado claro que eso no significa que el procedimiento tenga que darse por terminado. Incluso, al oponerse a la petición de San Ginés de que se anularan las últimas actuaciones practicadas en la causa, la fiscal advirtió que si el juez acuerda abrir juicio oral, le deberá volver a dar traslado para que decida si finalmente presentará escrito de acusación.
San Ginés ve "inexplicable" que el juez concediera 10 días más
Tras recibir el pasado mes de junio la providencia del Juzgado dándole 10 días para presentar su escrito de calificación, la acusación popular pidió que se le concediera una prórroga de 10 días más, tanto por la "complejidad" de la causa como por las nuevas circunstancias: la retirada de la acusación particular que ejercía Club Lanzarote ?que abandonó el procedimiento después de negociar un convenio con Pedro San Ginés- y la decisión de la Fiscalía de pedir el sobreseimiento provisional. Y esa prórroga fue autorizada por el magistrado, con una resolución que es la que el presidente pretende que se anule.
En su recurso, la defensa de San Ginés llega a hablar de "fraude de ley", de "burla al principio de legalidad", de "falta de respeto a la administración de justicia" y de "burla al límite de ser irrespetuosa", "contraria a la ley y a cualquier interpretación de la jurisprudencia". Por eso, pide que se anule la decisión del juez, que tacha de "inexplicable", de conceder diez días más para presentar ese escrito de acusación.
Dice que tuvo "más de un año", aunque el plazo empezó a contar en junio
"Las reglas del juego exigen una mínima diligencia procesal y si la acusación popular ha dejado pasar el tiempo para acusar, debe soportar las consecuencias de su desidia", sostiene en su recurso, en el que afirma que la acusación popular había tenido "un año" para presentar ese escrito de calificación. Se refiere así al plazo que se abrió al dictarse el auto de procedimiento abreviado, que es el que pone fin a la instrucción de la causa e inicia el trámite para llevarla a juicio.
Sin embargo, en la mayoría de los procedimientos penales, el plazo que se fija en ese auto no empieza a contar hasta que se resuelven los recursos que presentan contra él los investigados, como ocurrió en este caso. Fue en ese momento cuando el juez volvió a dirigirse a la acusación popular dándole los 10 días para presentar su escrito, y cuando después accedió a ampliar ese plazo a 20 días, como también es frecuente que ocurra en otras causas.
Además, al rechazar el primer recurso presentado por San Ginés ante el propio Juzgado, el magistrado recordó que incluso aunque no se hubiera concedido la prórroga y el escrito hubiera llegado unos días tarde, no hubiera sido motivo para expulsar al grupo Podemos como acusación popular.
