La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impedido el intento de los dueños de Marina Rubicón de "frustrar" la ejecución de la sentencia del caso Yate, que entre otras cosas declaró ilegal la licencia de ese puerto deportivo. En un auto fechado este 2 de julio, la Sección Segunda rechaza admitir a trámite el recurso de casación presentado el pasado mes de abril por la empresa, subrayando que ni está legitimada para interponerlo ni lo ha presentado en el momento procesal oportuno.
"No existe precepto alguno que posibilite interponer recurso de casación al que no ha sido parte en el procedimiento", señala la Audiencia, que cuestiona que pretendan personarse ahora, "ya no solo con posterioridad a la calificación de los hechos, a la celebración de la vista oral y a la sentencia, sino incluso a la firmeza de la sentencia".
Al respecto, explica que "el intento de personación" en esta causa "debió hacerse" durante la instrucción y no en la fase actual, "en la que difícilmente puede tramitarse un recurso de casación contra una sentencia" que ya ha sido declarada firme y que está en fase de ejecución, habiéndose ordenado ya el ingreso en prisión de dos de los condenados. Además, tal como había subrayado el Ministerio Fiscal, la Audiencia recuerda que este procedimiento duró "más de diez años" y que los dueños del puerto pudieron personarse en su día porque tenían perfecto conocimiento de su existencia.
Pretendían "erigirse en terceros de buena fe"
En su auto, la Audiencia recuerda que en la causa estuvo imputado el consejero delegado de Marina Rubicón, Rafael Lasso, además de los otros dos dueños del puerto, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. Respecto a Lasso, señala que fue el solicitante de la licencia para la construcción del puerto y recuerda que declaró como imputado el 30 de noviembre de 2011. "Prácticamente toda la declaración versó sobre la referida licencia, cuyo otorgamiento obedeció a la comisión de un delito de prevaricación urbanística, reconocido por el alcalde que la concedió, Francisco Reyes Rodríguez, condenado por ello en la presente causa", apunta el auto.
Este mismo argumento fue el que había planteado el Ministerio Fiscal para pedir que se rechazara la solicitud de Puerto Deportivo Marina Rubicón S.A. de personarse ahora en la causa. En su escrito, el fiscal Javier Ródenas cuestionaba que la empresa intentara "frustrar" la ejecución del fallo, pretendiendo ahora "erigirse en el tercero de buena fe afectado por una decisión judicial en la que no se le ha dado la oportunidad de defenderse".
Además, agregaba que el hecho de que finalmente se archivaran las actuaciones contra Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas no les atribuye "la cualidad procesal de tercero de buena fe". "Es claro que ha tenido un conocimiento e incluso ha sido protagonista del proceso penal", insistía el escrito, que recordaba que los tres fueron investigados por delitos de cohecho y que obtuvieron la licencia gracias a las "conductas delictivas" del ex alcalde.
Reyes confesó que fue sobornado
Tanto José Francisco Reyes como el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, confesaron en el juicio que cometieron un delito de prevaricación al otorgar este permiso, ya que eran conscientes de su ilegalidad. Incluso, Reyes admitió haber recibido un soborno de los dueños del puerto, que le dejaron un atraque gratuito durante años para la embarcación el Pachi, a cambio de otorgarles tanto esta licencia como las de los hoteles ilegales que estos mismos empresarios tienen en Playa Blanca.
A diferencia de las licencias hoteleras, que ya habían sido anuladas en la vía contencioso administrativa, la del puerto Marina Rubicón seguía en vigor hasta que llegó la sentencia del caso Yate, que fue la que anuló este permiso. En el marco de la ejecución de este fallo, la Audiencia ya ordenó dar cuenta de la sentencia al Ayuntamiento de Yaiza, para que tome conocimiento de la anulación de los permisos y proceda "a los efectos oportunos".
