La asociación de vecinos Almadracha, que agrupa a los dueños de las viviendas de La Bufona sobre las que pesan dos órdenes de derribo, ha anunciado que "estudiará qué medidas pueden adoptar" contra los promotores de esa urbanización y contra las administraciones públicas. Casi dos décadas después de que se iniciara la causa penal por la construcción de esas casas, que terminó el pasado año con una sentencia firme, los vecinos han emitido este jueves un comunicado para mostrar su "sorpresa" por las últimas noticias que se han publicado, es decir, el auto que ordena ejecutar ese fallo firme y da seis meses a los promotores para llevar a cabo el derribo parcial de las viviendas.
Aunque los compradores de las casas no se personaron en esa causa penal, en la que sí declararon como testigos, en su comunicado critican que han sido "los verdaderos condenados sin ser escuchados, vulnerando el derecho que da la Constitución a toda persona de ser escuchado en un proceso justo con todas las garantías".
"Los propietarios de las 14 viviendas muestran su asombro y desilusión con la
sentencia penal dictada dentro de un procedimiento en el que no han participado como perjudicados, a pesar de estar en juego parte de sus viviendas", señalan en su comunicado. Cabe recordar que además de esa orden de derribo dictada en la vía penal, sobre las casas también pesa otra orden de demolición dictada hace años por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que afecta a las obras ejecutadas en la parte trasera de las viviendas después de que les fueran entregadas. Unas obras que se realizaron sobre suelo rústico de protección y que incluyen piscinas, pérgolas y ampliaciones del inmueble.
En este caso, fueron los propios dueños de las casas quienes recurrieron las órdenes de derribo en los tribunales, en la vía contencioso administrativa, y la mayoría de los recursos han sido ya rechazados con sentencias firmes.
"La Apmun no suspendió ni paralizó las obras por falta de medios"
En su comunicado, la asociación vecinal afirma que las viviendas "fueron construidas con el permiso del Ayuntamiento de Arrecife y que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) no suspendió ni paralizó las obras por falta de medios" en su momento. Por eso, anuncian ahora que presentarán una "reclamación ante las dos administraciones públicas, ante la responsabilidad clara de éstas por permitir la construcción de las viviendas, permitiendo asimismo que personas con absoluto desconocimiento de lo que pasaba compraran las viviendas que ahora pretenden demoler parcialmente".
Desde la asociación aseguran que estos vecinos de Arrecife a los que representan "son terceros de buena y así han sido considerados por las sentencias que se señalan". Además, afirman que "no descansarán hasta ver que se hace verdadera justicia con esta urbanización", que consideran que está "abandonada por el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de recibir el pago de sus impuestos". Un pago de impuestos, por cierto, que no realizaron durante varios años tras adquirir las casas, tal como se puso de relieve durante el juicio, por las irregularidades en la inscripción de las mismas.
"Arruinar la vida a 14 familias por derribar parte de sus viviendas"
Desde la Asociación Almadracha han explicado que se sienten asombrados porque la familia Murillo, denunciante del caso -porque usurparon terrenos de su propiedad para levantar las casas-, "después de 17 años de batallas mediáticas solo ha conseguido que condenen al constructor y al promotor de las viviendas a 4 meses multa y arruinar la vida a 14 familias por derribar parte de sus viviendas".
Los vecinos recuerdan que las casas "fueron construidas entre el año 1995 a 2000, amparadas por licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Arrecife, cuando estaban al frente Isabel Déniz y Manuela Armas". No obstante, además de que parte de asentaba sobre suelo rústico de protección, la sentencia también considera acreditado que se hicieron obras posteriores no amparadas por esa licencia.
"Se les otorgó licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, dando así cobertura legal a las viviendas construidas en su totalidad", defienden por su parte desde la asociación. "Pocas viviendas en Lanzarote se han construido bajo un instrumento como es un Plan Parcial, sin embargo parece más fácil echarlo abajo que aquellas otras, muchas obras, construidas sin permiso alguno", cuestionan.
"Condenados salen con una sentencia más favorable"
A juicio de la asociación vecinal, "es lamentable ver como aquellos que han sido condenados salen del proceso con una sentencia más favorable que aquellos que no tuvieron esa oportunidad por el juzgado y que verán derribada parte de sus casas".
También han argumentado que por un caso de muy similares características ocurrido en Sanxenxo, "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en una reciente sentencia de 10 de enero de 2017 por no haber dado el Tribunal audiencia a los propietarios de una vivienda cuyo derribo se había ordenado".
Según han expuesto desde la asociación, esa sentencia "termina concluyendo que los tribunales españoles no se pueden olvidar de los legítimos propietarios de esas viviendas, ya que para hacer justicia necesitan tener en cuenta a estos inocentes propietarios".