El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife ha vuelto a echar abajo la pretensión de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA) de que se disuelva Transparencia Urbanística, conocida por su papel de denunciante y acusación popular en muchas causas de corrupción. Ahora, el tribunal ha inadmitido un recurso de la polémica asociación contra la sentencia que rechazó la "incomprensible" e "improcedente" demanda de Jiménez de Asúa contra Transparencia Urbanística.
"No alcanza esta juzgadora a entender qué legitimación o interés legítimo tiene la Asociación Jiménez de Asúa para solicitar la declaración judicial de disolución de la asociación demandada", sostenía el fallo judicial que fue recurrido por Jiménez de Asúa, en el que concluía que esta asociación ni siquiera estaba "legitimada" para presentar esa demanda, por lo que la rechazaba íntegramente al considerarse que era "improcedente".
Este fallo se sumaba además al que ya había emitido el mismo Juzgado rechazando las medidas cautelares que había solicitado la asociación de juristas dentro de este pleito, en el que reclamó que Transparencia Urbanística fuera disuelta cautelarmente, alegando supuestas irregularidades en su funcionamiento que no pudo demostrar.
Una asociación "útil a los intereses" de acusados de corrupción
En concreto, en la vista de medidas cautelares que se celebró, Jiménez de Asúa acusó a Transparencia Urbanística de incumplir hasta 70 preceptos legales, aunque no los detalló. De hecho, su demanda se centraba principalmente en que Transparencia Urbanística había mantenido un presidente en funciones durante más tiempo del que permiten sus estatutos internos, a pesar de que el motivo fue que la que entonces era presidenta, María Hernández Martí, se encontraba de baja por enfermedad, tal y como defendió Transparencia Urbanística en su respuesta, donde cuestionó que AJJA cometiera "la osadía y ligereza" de poner en duda esa situación de baja temporal llegando a sostener que la persona que le sustituía "usurpó sus funciones".
En la sentencia dictada posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife señalaba que las asociaciones sí están sometidas a control judicial, pero que "lo normal es que sea solicitado por los propios socios, cuando entiendan que la actividad de los órganos directivos se ha extralimitado" y Transparencia Urbanística ya expuso en su respuesta a la demanda que no había habido queja alguna de los socios, sino de otra asociación que ha venido siendo "útil a los intereses de Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero" y otros acusados e imputados en causas de corrupción.
Y es que, la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa ha venido pretendiendo ejercer la acusación popular en varios casos de corrupción pero, cuando ha conseguido entrar, sus principales pasos se han encaminado a intentar entorpecer esos procedimientos, tal como han venido advirtiendo la Fiscalía, los jueces de instrucción y la Audiencia Provincial, que llegó a imponer a la asociación una multa de 1.000 euros por "mala fe procesal", al intentar apartar a la juez instructora del caso Unión. Jiménez de Asúa también presentó sin éxito una querella contra el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, y la Fiscalía se refirió a ella como un "caballo de Troya con intereses bastardos".
Este mismo lunes se conoció un nuevo fallo en contra de esta asociación, en el que la Audiencia Provincial desestimaba en firme la pretensión de Jiménez de Asúa de personarse como acusación popular en el caso Montecarlo ante "la inexistencia de un interés legítimo y concreto" de la asociación en esta causa.