Dos años después de que se dictara la sentencia del caso Yate, el Ayuntamiento de Yaiza va a tener que dar explicaciones en los tribunales sobre los pasos que ha dado para ejecutar ese fallo, que anuló decenas de licencias hoteleras de Playa Blanca y también la del puerto deportivo Marina Rubicón. Así lo ha ordenado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha acordado remitir un oficio al Consistorio pidiéndole que "acredite el cumplimiento de lo dispuesto" en esa sentencia.
La diligencia está fechada el pasado 15 de marzo, dentro de la fase de ejecución del fallo dictado en abril de 2017, por el que fueron condenadas nueve personas por delitos de cohecho, prevaricación urbanística, malversación y blanqueo de capitales. El principal acusado, el ex alcalde José Francisco Reyes, reconoció durante el juicio que otorgó esos permisos a sabiendas de su ilegalidad y a cambio de sobornos, confesando así la existencia de una trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca, por la que actualmente ya se encuentra en prisión cumpliendo una condena de seis años de cárcel.
Además de dinero en metálico, Reyes confesó haber recibido también otros sobornos, incluyendo uno de los dueños de Marina Rubicón -Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas-, que le dejaron atracar gratis durante años en el puerto la embarcación "El Pachi". Tal como sostenía la Fiscalía y reconoció el ex alcalde al aceptar los hechos relatados en el escrito de acusación, ese "regalo" se produjo por otorgarles tanto la licencia ilegal del puerto como las licencias hoteleras que recibieron estos mismos empresarios.
Licencias a cambio de sobornos
"Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística de aplicación por el acusado José Francisco Reyes a los administradores de la entidad Puerto Deportivo Rubicón SA, entre las que destaca la propia licencia concedida para la construcción de dicho puerto deportivo por decreto de fecha 20 de marzo de 2003, así como otras licencias anuladas por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por su frontal contravención a las normas urbanísticas de aplicación para la construcción de establecimientos hoteleros", señalaba la sentencia del caso Yate.
Entre esas licencias se encuentran la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, que fueron concedidas a Juan Francisco Rosa, en una de ellas "tres días después" de que la pidiera. La tercera, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En cuanto a la del puerto deportivo, quien la solicitó fue Rafael Lasso, y lo hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había ordenado paralizar las obras, que se habían iniciado sin ningún tipo de permiso. Solo seis días después, tal como subraya la sentencia, Reyes le otorgó esa licencia ilegal.
A diferencia de las licencias hoteleras, que ya habían sido anuladas en la vía contencioso administrativa, la de Marina Rubicón seguía en vigor hasta que llegó la sentencia del caso Yate, por lo que las mayores consecuencias de ese fallo fueron para este puerto ilegal. De hecho, los dueños intentaron personarse en la causa tras conocer el fallo, intentando impedir su ejecución, aunque los tribunales rechazaron todas sus pretensiones, recordando que este procedimiento duró "más de diez años" y que los dueños del puerto pudieron personarse en su día porque tenían perfecto conocimiento de su existencia, entre otras cosas porque llegaron a estar imputados en la causa.
De la vía contencioso administrativa a la vía penal
En cuanto al procedimiento del que debe dar cuenta el Ayuntamiento de Yaiza, es el mismo que se inició cuando se instó la ejecución de las sentencias que anularon licencias hoteleras en la vía contencioso administrativa hace una década, aunque en este caso para cumplir una sentencia penal. Así, los propietarios de cada construcción con licencia anulada deben dirigirse al Consistorio para pedir un nuevo permiso e intentar proceder a la legalización en caso de que sea posible.
Dentro del proceso iniciado hace ya años en el Ayuntamiento, de momento solo dos hoteles han conseguido superar ese trámite, mientras que otros el Consistorio concluyó que eran ilegalizables. Es el caso del Princesa Yaiza, del Son Bou y del Papagayo Arena, que ni siquiera podían autorizarse con el nuevo Plan General, pese a que este documento allanó ese camino aumentando incluso la edificabilidad permitida en la zona. Así, el Ayuntamiento instó a la propiedad a presentar proyectos que implicarían el derribo de al menos una parte de lo construido, especialmente en el caso del Son Bou y el Papagayo Arena, pero a día de hoy siguen sin llevarse a cabo.
Ahora, además de dar cuenta en la vía penal de esos procedimientos, el Ayuntamiento tendrá que informar de los pasos seguidos con Marina Rubicón, que también tendría que haber solicitado ya una nueva licencia tras la sentencia del caso Yate. Cabe recordar que cuando se construyó el puerto, el Plan General que estaba en vigor ni siquiera contemplaba este tipo de infraestructura. Sin embargo, el nuevo documento aprobado en 2014 sí pasó a darle cabida, aunque aún está por determinar si podría legalizarse todo lo construido.
En ese Plan General pasaba a clasificarse ese suelo como urbano consolidado ordenado, señalando que los propios dueños del puerto fueron quienes presentaron una propuesta de "ordenación" que fue asumida en su totalidad por el Gobierno de Canarias, dando así por bueno lo que en realidad ya estaba construido. No obstante, precisaba que Puertos Canarios no había emitido un informe favorable y advertía que si ese informe no llegaba, se consideraría "como ámbito no ordenado".