La autoridad judicial al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife ha ordenado protección especial para tres inmigrantes que han identificado al presunto patrón de la patera que arribó a Órzola el pasado 24 de noviembre, en la que fallecieron ocho personas al volcar la embarcación.
La juez Sandra Barrera ratificó este lunes la orden de prisión provisional que había dictado en su día contra el supuesto patrón, después de que los tres pasajeros, tras cumplir la cuarentena por Covid, confirmaran la identificación con el nombre y el reconocimiento fotográfico. Está pendiente de que lo hagan en rueda de reconocimiento, que previsiblemente se celebrará en enero.
El investigado se encuentra ingresado en el centro de preventivos de Tahíche como presunto autor de ocho delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La juez instructora considera que los tres migrantes que han identificado al patrón deben de ser protegidos para preservar su integridad física, por lo que se encuentran bajo custodia policial. Según se indica desde el TSJC, su declaración después de que se practique la rueda de reconocimiento podría realizarse como prueba preconstituida, para evitar su presencia física en la vista oral del juicio que se celebraría en su día.
El cuerpo de uno de los fallecidos permanece aún en instalaciones forenses
Con respecto a los cuerpos de los fallecidos, los dos que dieron positivo en Covid fueron inhumados en el cementerio de Teguise, envueltos en una sábana blanca y mirando hacia la meca, en un entierro que corrió a cargo del Ayuntamiento de Haría.
En cuanto a los cuerpos de los otros seis fallecidos, cinco de ellos fueron repatriados a Marruecos, pero uno continúa en las instalaciones del Instituto Anatómico Forense de Arrecife, según han confirmado desde el TSJC. Y es que, después de que el Juzgado hiciera los trámites con el consulado y pusiera los cadáveres bajo su custodia para que éste procediera a su repatriación, una familia pidió que el cuerpo se quedara en Lanzarote y que fuera enterrado en la isla.
Tras ello, el consulado pidió a la autoridad judicial que diera permiso para enterrar el cadáver en Lanzarote, pero el Juzgado entiende que, una vez remitidos los cuerpos al consulado, ha perdido toda la competencia sobre el asunto, por lo que éste ha quedado en manos del consulado, de la funeraria y de la familia del fallecido.