El juicio del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de sobornos, ha quedado este martes visto para sentencia en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Once años después que se iniciara la instrucción, ya solo falta que la Audiencia Provincial dicte su fallo, que tendrá nueve condenas seguras, tras la confesión de la mayor parte de los acusados.
Esto ha provocado que el juicio se haya desarrollado en solo dos jornadas, de menos de tres horas cada una, frente a los dos meses y medio que estaban señalados inicialmente para celebrar la vista oral. Además, en esta última jornada del juicio, el Ministerio Fiscal y la acusación popular han terminado renunciando a tres peritos que debían declarar este martes, ante los problemas técnicos para establecer la comunicación por videoconferencia con los Juzgados de Lanzarote. Y es que en caso de no haber renunciado, la vista tendría que haberse suspendido, sin saber cuándo se fijaría una nueva fecha.
Frente a los 11 acusados que se sentaron en el banquillo el lunes, este martes ya solo quedaban dos, el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y el asesor fiscal José Rafael Mesa Ferrer, que son los únicos que no han reconocido los hechos ni aceptado las penas que pide para ellos el Ministerio Fiscal. Para Lorenzo, acusado de un delito de prevaricación urbanística por emitir un informe positivo al proyecto de urbanización del ilegal Plan Parcial Playa Blanca, el fiscal pide 8 años y medio de inhabilitación.
"Calificación alternativa" para Rafael Mesa Ferrer
En cuanto a Rafael Mesa Ferrer, está acusado de haber ayudado a blanquear el dinero que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, admite haber recibido con sobornos de distintos empresarios. Para él, la Fiscalía pidió al inicio del juicio 2 años y 9 meses de cárcel, 5 años de inhabilitación y una multa de 143.840 euros. No obstante, al presentar sus conclusiones finales, el fiscal Javier Ródenas ha planteado también una "calificación alternativa", de forma subsidiaria, en caso de que la Sala no considere acreditado el tipo penal por el que se ha formulado acusación contra él.
Al respecto, cabe recordar que ya en la primera jornada del juicio, Rafael Mesa Ferrer centró su defensa en que era su hermano, el también acusado Benito Mesa Ferrer, quien se encargaba de la empresa que compartían, Management & Consulting Lanzarote SL. A través de esa sociedad se administraba una empresa pantalla de José Francisco Reyes, Sea Sun Lanzarote, creada para ocultar su patrimonio, según ha confesado el propio ex alcalde y también el otro asesor fiscal hermano acusado.
En sus conclusiones, el fiscal ha insistido en que Rafael Mesa Ferrer sí intervenía directamente en ese blanqueo y, para sostenerlo, ha relatado los distintos hechos que muestran la estrecha relación que mantenía con Reyes, incluyendo un viaje que realizaron juntos pagado con fondos públicos del Ayuntamiento de Yaiza. En cualquier caso, de no considerarse acreditada esa intervención directa, ha señalado que sí existiría un delito por "imprudencia grave", que es el que ha planteado como calificación alternativa. Y es que como administrador solidario de la empresa, estaba obligado a conocer su actividad o si se estaba utilizando "para blanquear dinero producto de la corrupción urbanística".
En caso de que se estimara ese otro tipo penal del delito de blanqueo, el fiscal ha pedido una pena alternativa con menos tiempo de prisión, concretamente 15 meses, pero una mayor multa. Así, a los 143.840 euros que pedía inicialmente para este acusado, ha reclamado que se sumen otros 146.320 euros.
La sentencia decidirá sobre la ilegalidad de Marina Rubicón
Antes de pasar a las conclusiones finales de la Fiscalía, de la acusación popular y de las defensas, en la jornada de este martes solo han declarado finalmente tres agentes de la Policía Nacional, de la unidad de blanqueo de capitales, que realizaron en su día el informe patrimonial de Reyes, y una técnico del Gobierno de Canarias. Esta última ha declarado en relación al Plan Parcial Playa Blanca, aunque su interrogatorio solo ha sido para ratificarse en el informe que emitió en su día sobre la ilegalidad de ese Plan y de su tramitación.
Ahora, con las conformidades de nueve de los acusados, la Audiencia solo deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o no de Antonio Lorenzo y Rafael Mesa Ferrer. Y también sobre la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, que la Fiscalía pide que sea declarada ilegal en esta causa. Cabe recordar que de todas las licencias que se han analizado en este procedimiento penal, todas habían sido ya anuladas en la vía contencioso administrativa, incluyendo los 19 complejos de hoteles y apartamentos y el Plan Parcial Playa Blanca en su conjunto.
El abogado que ganó aquellos pleitos representando al Cabildo, y que elaboró el informe en el que se basó la denuncia que dio origen a esta causa, Agustín Domingo Acosta, era uno de los peritos que debía declarar este martes, aunque se ha terminado renunciando a su testimonio por los problemas técnicos para conectar con los Juzgados de Lanzarote. Y lo mismo ha ocurrido con el que era jefe de la Oficina Técnica del Plan Insular del Cabildo, Leopoldo Díaz, y el que fuera técnico de esa misma Oficina, Esteban Armas, cuando el Cabildo era "un ejemplo de la defensa de la legalidad urbanística", según ha destacado la abogada de la acusación particular.
Sobornos por valor de cientos de miles de euros en metálico y en regalos
Ahora, la denuncia interpuesta hace 11 años por el que era consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, que decidió acudir a la vía penal, ha terminado en la confesión de nueve acusados, incluido el ex alcalde, que reconoce que era plenamente consciente de la ilegalidad de esas licencias y que las otorgó a cambio de sobornos. Entre ellos, ha admitido el cobro de 300.000 euros en metálico de distintos empresarios, a los que se suman muchos otros 'regalos', como disfrutar de un atraque gratis en el puerto deportivo Marina Rubicón. Solo esa "dádiva" está valorada en más de 60.000 euros, y Reyes ha confesado que la recibió a cambio de otorgar una licencia ilegal a ese puerto y a tres hoteles de los dueños de Marina Rubicón: el Princesa Yaiza y el Son Bou, propiedad de Juan Francisco Rosa, y el Meliá Volcán, cuya licencia fue solicitada por Francisco Armas y que pertenece al grupo Martinón.
Para los nueve acusados que han mostrado su conformidad con el escrito de acusación, en principio la sentencia se limitará a hacer oficiales esas condenas. En el caso de Reyes, se le impondrán 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación, una multa que ya ha abonado de más de 300.000 euros -para cubrir las cantidades que se le reclaman a él, a su mujer y a sus tres hijos- y el decomiso de los bienes que compró con el dinero de los sobornos, incluyendo parte de un piso en Tenerife, la embarcación El Pachi, 5 vehículos y un spa. Además, será decomisado el dinero que había en sus cuentas corrientes cuando fueron intervenidas dentro de esa causa, así como los 13.000 euros en efectivo que se encontraron en su domicilio.