El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ya ha remitido la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja al Juzgado de lo Penal, para que ponga fecha al juicio que sentará en el banquillo al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al ex secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, y al ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.
De esta forma, el juez Jerónimo Alonso da por cerrada su intervención en este procedimiento, que queda ya en manos del órgano que se encargará de enjuiciarlo. La diligencia ordenando la remisión de la causa al Jugado de lo Penal está fechada el pasado 22 de julio, tras haberse recibido ya los escritos de defensa de los tres acusados. Así, se cumple el último trámite después de que en julio de 2017 el magistrado diera por cerrada la instrucción, concluyendo que había indicios de delito para llevar la causa a juicio y abriendo el plazo para presentar escritos de acusación.
En ese momento aún había cuatro imputados y todos ellos recurrieron ese auto ante la Audiencia Provincial, pero la Fiscalía se opuso a todos los recursos señalando que había "sobrados indicios" de prevaricación y coacciones. Así lo entendieron también las distintas secciones de la Audiencia que rechazaron tres de esos recursos, aunque no ocurrió lo mismo con el presentado por Ignacio Calatayud. Éste recayó en la Sección en la que entonces estaba el juez Salvador Alba -que actualmente está apartado de su cargo y acaba de ser juzgado por graves delitos en el ejercicio de su labor como magistrado-, y éste acordó estimarlo parcialmente y 'desimputar' a Calatayud.
El supuesto "ideólogo" no estará en el banquillo
A raíz de esa decisión, que ya no era recurrible, la Fiscalía anunció que al no poder acusar al que había sido señalado como el "ideólogo" de la incautación ?que asesoraba a San Ginés para adoptar esta medida mientras trabajaba para la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas-, tampoco formularía acusación contra el resto. Sin embargo, siguiendo el criterio del juez instructor, quien sí presentó escrito de acusación fue la acusación popular, ejercida por los ahora ex consejeros del grupo Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez.
En base a ese escrito, el juez ordenó en noviembre de 2018 la apertura de juicio oral, pero desde entonces San Ginés ha ido presentado una cascada de recursos ?algunos "sin fundamentación alguna", tal como le reprochó la Audiencia- para intentar evitar el juicio. No obstante, lo único que ha conseguido con esos recursos es retrasar la vista, cuya fecha ya solo depende ahora del Juzgado de lo Penal de Arrecife que se haga cargo de su conocimiento.
"Su deseo de beneficiar a Canal Gestión"
En este juicio, tanto San Ginés como los otros dos acusados se enfrentan a una petición de 12 años de inhabilitación por delitos de prevaricación, por incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja sin orden judicial y sin un solo informe por escrito que avalara esta medida, para entregársela después a Canal Gestión.
"Era la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada", señala el escrito de acusación, que recuerda que Canal facturó "mil millones de litros de agua más" en ese año, desde que el ex presidente le entregó las plantas que pertenecían a Club Lanzarote y hasta que la Justicia anuló esa medida.
"El cúmulo de irregularidades a las que se presta el señor San Ginés para favorecer el negocio de Canal Gestión Lanzarote S.A.U. ha sido puesto de manifiesto por el TSJC desde su origen, es decir, desde la celebración del concurso negociado por el que se le concede la gestión del ciclo integral del agua a la filial de Canal Isabel II", añade la acusación, en referencia a la sentencia que ordenó revisar también ese procedimiento de adjudicación, al considerar acreditado que se introdujeron "modificaciones sustanciales" en los pliegos "en beneficio" de esta empresa madrileña, que a su vez está inmersa en graves causas de corrupción.
La retirada de Club tras negociar un acuerdo con San Ginés
Fue después de esa adjudicación cuando Pedro San Ginés decidió incautar la desaladora de Montaña Roja, basándose en un expediente por tres supuestas faltas leves y una menos grave. En la misma resolución en la que acordó abrir ese expediente, San Ginés ordenó la incautación como medida cautelar, pese a que ninguna normativa ampara esa medida, tal como sentenciaron después los tribunales, que la calificaron de "extrema", "desproporcionada" e "ilegal".
Además de acudir a la vía contencioso administrativa, Club Lanzarote presentó una querella que dio origen a este procedimiento penal, aunque después se retiró de la causa tras negociar un acuerdo con San Ginés, por el que hoy día sigue explotando las plantas y por el que se archivaron todos los expedientes que se habían abierto a la empresa por supuestas faltas que nunca llegaron a sancionarse.