"Esto sobrepasa el concepto mismo de la corrupción. Todo tenía que pasar por el filtro de Tahíche, por la mirada carcelaria de un recluso. No hay artículo del Código Penal que recoja este nivel delictivo, esa sumisión". Así ha resumido el fiscal Javier Ródenas la "historia negra corrupta que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009", al presentar sus conclusiones finales en el juicio de la pieza 12 del caso Unión, que arrancó hace casi dos meses y terminará esta semana, a falta solo de que todas las defensas presenten también su alegato final.
Durante esta jornada, celebrada en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el turno del Ministerio Fiscal, de las acusaciones particular y popular y de dos de los abogados defensores: el de Juan Francisco Rosa y el de uno de los acusados que han confesado los hechos, el empresario Jesús Manuel Martín Brito, dueño de Infogelan, que ha reconocido que pagó 100.000 euros en sobornos a cambio de recibir más de un millón de euros del Ayuntamiento de Arrecife, en algunos casos por trabajos que ni siquiera se habían realizado.
"Arrecife fue rehén de una prosperidad de casino. Únicamente ganaba la banca del PIL, la banca de Dimas Martín", ha relatado el fiscal, que ha pedido a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que vaya más allá de los delitos puntuales que han quedado acreditados -y que han sido reconocidos por seis de los doce acusados- y que en su sentencia refleje que "existió una trama delictiva corrupta para enriquecerse". "La intención del Ministerio Fiscal no es solo acreditar una acción punible. La aspiración es mucho mayor. Tienen la potestad de que se haga Justicia", ha reclamado Ródenas, insistiendo en la necesidad de que una sentencia recoja esa "verdad inmutable" de que un "un recluso de Tahíche coordinaba y dirigía" la administración y contaba con la "sumisión" del Ayuntamiento de Arrecife. "No basta con condenar. Si esto no lo transmutan en una verdad jurídica inmutable, no habrá servido para nada", ha advertido.
"No hay mayor preso que quien sigue órdenes de un recluso"
Durante casi dos horas y media en las que casi ni ha echado mano de papeles ni ordenador, el fiscal ha ido recordando las declaraciones, conversaciones telefónicas, documentos y cartas que sostienen la acusación y que reflejan cómo el líder histórico del PIL daba instrucciones a los concejales de su partido de a quién debían pagar, de qué facturas debían retener o cómo debían bloquear determinadas adjudicaciones, como la del Plan de Barrios, con "conductas que rayaban la extorsión".
"No hay mayor preso que aquel que tiene que seguir las órdenes de un recluso diariamente", ha enfatizado el fiscal, señalando que Dimas estaba en prisión pero que los ediles también estaban "privados de su libertad", ya que actuaban bajo la "obediencia debida" hacia el que "todos señalaban como el jefe", y se enfrentaban a constantes "presiones". Y para sostenerlo ha ido recordando las distintas llamadas que se han escuchado durante el juicio y las cartas que Dimas Martín enviaba al que era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, que fue uno de los imputados que confesó durante la instrucción pero que falleció antes de que llegara el juicio.
"Los concejales eran los subalternos de Dimas", ha insistido Ródenas, al explicar que se dan todos los requisitos que fija el Código Penal para que exista una asociación ilícita, y que pasan por la existencia de una estructura permanente y estable, un reparto claro de funciones, "una obediencia que raya la sumisión" y un objetivo de enriquecimiento ilícito, obteniendo dinero tanto para el partido como para el beneficio personal de los acusados. Además, ha subrayado que la existencia de esa asociación ilícita "ha sido reconocida por todos menos por el jefe", Dimas Martín, en referencia tanto a las confesiones de José Miguel Rodríguez como de otro ex concejal que se sienta en el banquillo, Ubaldo Becerra.
Rebate la "versión infantil" de "primaria" de Antonio Machín
Quien no ha reconocido los hechos es el otro ex edil del PIL acusado en la causa, Antonio Machín, y en él ha centrado el fiscal buena parte de su intervención. De hecho, durante el juicio llegó a aumentar la pena que solicita para él, pasando de 14 años y medio a 16 años y cinco meses, al considerar que ha quedado acreditado que el delito de cohecho por el que está acusado fue un delito continuado.
En sus conclusiones, Ródenas ha insistido en que Antonio Machín también se benefició de los 100.000 euros que el dueño de Infogelan pagó en comisiones ilegales a los concejales del PIL, a cambio de adjudicaciones y pagos autorizados desde la Concejalía de Parques y Jardines que ostentaba este edil. Al respecto, ha recordado que así lo declaró José Miguel Rodríguez en fase de instrucción, y también que ambos ediles fueron sometidos incluso a un careo en los Juzgados. Además, ha hecho referencia a las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por la UCO, en las que Antonio Machín habla con Rodríguez de este empresario, al que se refería como "el chico de las cabras".
En su declaración en los Juzgados, el concejal negó primero que utilizara ese apodo, hasta que le hicieron escuchar la conversación. Entonces, según Ródenas, Machín utilizó argumentos de "primero de primaria", una "versión infantil", para afirmar que de lo que estaban hablando era de comprar "carne y vino para un asadero".
"El chico de las cabras es buen pagador", ha recordado el fiscal que se escuchaba en esas conversaciones entre Machín y Rodríguez. "¿El de las cabrillas ha dado resuello"?, "No, ni señales", decían en otra. En esa misma llamada, Antonio Machín, que durante el juicio ha negado tener nada que ver con la adjudicación o con la supervisión de las obras, afirmaba que a uno de los trabajos que estaba ejecutando esta empresa le quedaban "menos de cuatro metros". "Te dije que lo pararas todo", le respondía entonces José Miguel Rodríguez.
A estas conversaciones, que el fiscal considera prueba suficiente de que Machín conocía y participaba de la exigencia de comisiones ilegales a este empresario, Ródenas ha sumado también otras. "He mandado al chico de las cabras a arreglar unos techos", decía Antonio Machín en una de ellas, pese a que niega haber participado en la adjudicación de obras.
Adjudicaciones "por la vía de hecho"
Precisamente en este punto ha hecho también hincapié el fiscal, ya que Machín basa su defensa en que no tenía delegada por el alcalde la capacidad de contratar y en que no aparece su firma adjudicando obras. Ahí, Ródenas ha vuelto a dirigirse a los magistrados de la Sala, pidiendo que vayan más allá del "hecho formal" y profundicen en "cómo se ejecutaba". "Han de penetrar, porque una característica de la prevaricación es la absoluta falta de competencia", ha subrayado, explicando que lo que hacían era "acudir a una vía de hecho", "prescindir de todo asomo de procedimiento" y adjudicar la obra sin ningún tipo de trámite. "Si no se respeta la norma, claro que se puede prevaricar", ha subrayado.
En el caso de Machín, ha relatado que intervino en 64 expedientes de Infogelan, algunos con encargos "hasta verbales", por valor de más de un millón de euros. "Dice que no aparece su firma, pero sí está en la propuesta de gasto y en las facturas", ha detallado Ródenas, explicando que se omitieron otros trámites, incluyendo que ni siquiera existía un presupuesto del Ayuntamiento y que luego las facturas eran firmadas por auxiliares administrativos que firmaban como técnicos sin serlo, tal como confirmaron los propios firmantes al declarar como testigos en el juicio.
"Les daba igual firmar una factura de un millón de euros que de mil euros, porque no controlaban nada", ha cuestionado, recordando que precisamente esas firmas suponen la conformidad de que se ha ejecutado el trabajo, cuando en realidad nadie lo comprobaba. En su declaración, esas auxiliares también ratificaron que estamparon sus firmas por orden de Antonio Machín, que durante el juicio se negó a responder a las preguntas del fiscal y solo contestó a su propia abogada.
Además, el fiscal también ha subrayado que Machín "podría haberse negado en cualquier momento" y estos delitos de malversación no se hubieran producido, "independientemente de que no tuviera el control de los fondos públicos", ha subrayado, señalando a la Audiencia la importancia de tener "especial cuidado en la sentencia". Y es que en el primer fallo de Unión, por los pagos a Rodríguez Batllori, el Supremo rebajó después las condenas eliminando el delito de malversación en algunos acusados por una "omisión" en la redacción de la sentencia, relativa precisamente a no haber hecho mención a que tenían control sobre los fondos públicos. Al respecto, la tesis del Ministerio Fiscal es que al margen del interventor, Carlos Sáenz -también acusado en la causa y que ha reconocido los delitos-, o del que era concejal de Hacienda, la participación del resto de acusados también fue decisiva para que se perpetrara el delito de malversación.
Lo "grosero y burdo" de un expediente hizo hasta reír al perito
Al referirse a los 64 expedientes de Infogelan, Javier Ródenas ha destacado que solo en uno de ellos existía un decreto de adjudicación, "que también es clamorosamente arbitrario", y en el que intervino la que era jefa de Contratación de Arrecife, Elena Martín. Sobre ese expediente, ha recordado que se desglosó la cuantía para fraccionar el contrato, que el empresario que hizo los pliegos fue el mismo que resultó adjudicatario y que incluso en la demanda interna inicial del Ayuntamiento aparecía ya "arriba tachado el nombre de Infogelan". Al respecto, el fiscal ha recordado que el perito que declaró en el juicio no pudo evitar la risa al ver ese documento. "Es que es burdo, es grosero", ha enfatizado.
Respecto a Elena Martín -para la que ya retiró la acusación por revelación de información privilegiada y fraude pero mantiene la de prevaricación-, el representante del Ministerio Fiscal ha señalado que "no puede escapar de su condición de jefa de Contratación". Y es que aunque su defensa se ha basado en que en el Ayuntamiento había otro departamento independiente de Compras, Ródenas mantiene que su labor era motivar las decisiones, dar instrucciones de que no se podían fraccionar contratos y dar una respuesta jurídica a lo que planteaban los políticos. "Tenía que haber actuado para impedir esa contratación por vía de hecho", ha sostenido, volviendo a subrayar que además ni siquiera había un presupuesto del Ayuntamiento, solo del empresario.
Además, ha destacado que "la escasez de testigos de la defensa ha sido llamativa", ya que renunciaron prácticamente a todos los que habían solicitado manteniendo solo dos. "Sobre todo si se pone en contraste con el combate que han mantenido en términos de defensa", ha añadido en referencia a todos los ataques a la instrucción, intentando que se anularan pruebas, autos y las actuaciones en su conjunto.
Lemes y Reina Fabre
En cuanto a los otros dos empresarios acusados que no han confesado, Samuel Lemes y Manuel Gregorio Reina Fabre, el fiscal también considera acreditada su participación. Respecto a Lemes, ha recordado que se refería a Dimas como "el jefe" en una conversación con José Miguel Rodríguez. "Él es muy dicharachero y dijo que llama jefe a todo el mundo, pero la cuestión es que cuando dijo el jefe, su interlocutor sabía que se refería a Dimas", ha apostillado el fiscal.
Además, aunque Samuel Lemes alegó que en realidad él no era el administrador de la empresa, sino su padre, Rodénas ha recordado que estaba "todo el día metido en el Ayuntamiento de Arrecife" y que en la causa constan "más de 27 llamadas" que intercambió con el entonces concejal de Hacienda citándose en el Consistorio para hablar de adjudicaciones y de pagos de facturas. "Podemos cambiar el 'como Pedro por su casa' por 'estaba en el Ayuntamiento como Samuel por su casa", ha ironizado.
Respecto a Reina Fabre, ha recordado que tanto tras su detención como tres años después, cuando volvió a declarar al levantarse el secreto de sumario, este empresario reconoció haber entregado sobornos por valor de 4.000 euros a cambio del pago de facturas del Ayuntamiento. Sin embargo, en el juicio ha negado los hechos, afirmando que le pidieron dinero pero que no llegó a entregarlo, y asegurando que si declaró lo contrario fue porque estaba "inducido", porque tenía una condena anterior por tráfico de drogas y temía ir a la cárcel. "Dice que tuvo un percance con el hachís y que si no decía lo que le preguntaban iba a ir a prisión. Tendría más lógica pensar que tenía posibilidades de ir a prisión si reconoce que ha cometido un delito, no al contrario", ha destacado el fiscal, que considera que más que "inducido" parece que fue "abducido".
Además, ha recordado que tanto José Miguel Rodríguez como Ubaldo Becerra confesaron haber recibido ese soborno de Reina Fabre. "Era su modo de actuar y cuando el empresario se cansó de pagar, no le contrataron nunca más", ha relatado, instando a la Audiencia a que valore qué declaración tiene más "credibilidad", si las dos que prestó en fase de instrucción o la que ha realizado durante el juicio, que choca con la de otro de los acusados y con la del fallecido José Miguel Rodríguez.
Del mismo modo, ha insistido también en el delito de malversación y ha recordado la declaración durante el juicio de un perito, en referencia a un trabajo por el que Reina Fabre facturó en dos ocasiones al Ayuntamiento. Según el empresario, fueron dos intervenciones distintas para arreglar la misma fuente, pero el perito declaró que aunque fuera así, cuando se hizo la segunda obra estaría en garantía la primera, por lo que el Consistorio no tendría que haber vuelto a pagar.
Así, el fiscal se ha vuelto a referir a la "verificación totalmente clamorosa y arbitraria de ese trabajo supuestamente realizado", al igual que sucedió con otras facturas investigadas en esta causa. De hecho, ha recordado que uno de los acusados confesos, Martín Brito, ha devuelto ya 50.000 euros, tras reconocer que en uno de los casos cobró hasta cuatro veces por el mismo servicio.
"El testimonio de las personas que participaron en la trama corrupta"
En cuanto a los acusados que han confesado y que han incriminado al resto, el fiscal se ha adelantado a los alegatos de las defensas, que "dirán que eso se ha recompensado con las rebajas de la pena". A eso, ha respondido que hay jurisprudencia que avala esos acuerdos de conformidad y ha subrayado que "la principal fuente de prueba cuando se desarticula una trama corrupta es el testimonio de las personas que participaron en la trama corrupta".
Además, ha hecho hincapié en que esas confesiones están avaladas por el resto de pruebas, ya que lo que declararon José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra se corresponde con lo escuchado en las conversaciones telefónicas, con lo que se pudo leer en las cartas remitidas por Dimas y hasta con las agendas interceptadas por la UCO, "el diario corrupto" que refleja las reuniones que mantenía el líder del PIL cuando estaba fuera de prisión con el tercer grado penitenciario. "Confirma la veracidad objetiva de las confesiones", ha señalado Ródenas.
El fiscal también se ha referido a la declaración de Antonio Machín sobre su supuesta conversación con un preso, que según él también había compartido celda antes con José Miguel Rodríguez, y que le contó que la noche antes de confesar y dar otros nombres, Rodríguez estaba "dubitativo" y tenía una lista que le había dado diciéndole que si no les incriminaba "no iba a ver a sus hijos". Al respecto, Ródenas ha rechazado esta "sugerencia insidiosa" y ha pedido que se le dé respuesta en la sentencia.
"No conozco una defensa más meticulosa que la letrada de Antonio Machín", ha comenzado señalado el fiscal en referencia a Juana Fernandéz de las Heras, hija de Felipe Fernández Camero, para rebatir lo que ha definido como "la tesis del preso casual". "Ha presentado cerca de 70 recursos. La protesta todo. ¿Ustedes creen que no hubiera intentado traer aquí a ese preso?", ha cuestionado el fiscal.
Frente a esto, Ródenas ha querido destacar el trabajo realizado durante la instrucción. De hecho, ha comenzado sus conclusiones con un "agradecimiento al cuerpo de letrados de la administración de Justicia", antiguamente conocidos como secretarios judiciales, y en particular a la que fue letrada en el Juzgado Número 5 cuando se cerró la instrucción del caso Unión, Sonia Herrera Mayoral, y a la letrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. "Tiene un mérito impagable el esfuerzo de reseñar todo folio por folio. Ese esfuerzo ha sido aprovechado por el Ministerio Fiscal, porque tenía interés en las pruebas de convicción. Ese interés que no tuvieron otros que luego denuncian indefensión", ha apuntado en referencia a todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, y en especial por la de Antonio Machín, para pedir la nulidad de las actuaciones alegando supuestas vulneraciones de derechos que ya han sido desestimadas en otras piezas de Unión que tienen sentencia firme.