El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha condenado al dueño de la Pescadería Los Alisios de San Bartolomé y a un empleado a tres años y medio y dos años y nueve meses de cárcel, respectivamente, por vender un mero con ciguatera intoxicando a 14 personas. Los condenados deberán asimismo compensar a los afectados con indemnizaciones que van de los 910 a los 10.401 euros sumando un total de más de 50.000.
La sala considera que Saúl Levi Hernández e Ismael Hernández son culpables de un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario en concurso con tres delitos y once faltas de lesiones. Y es que, todos los afectados tuvieron que acudir a Urgencias, necesitando algunos de ellos un tratamiento médico de hasta tres meses y quedándole a la mayoría secuelas en forma de parestesias.
Los hechos tuvieron lugar entre los días 3 y 7 de diciembre de 2013 cuando, según se recoge en la sentencia, los acusados vendieron por trozos un mero de más de 29 kilos "sin haber llevado a cabo previamente los procedimientos de control que establece para la primera venta de productos pesqueros la Ley de Pesca Marítima del Estado y el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias". Como consecuencia del "incumplimiento" de dichos protocolos, "no se detectó que el mero estaba infectado por la ciguatoxina", resultando sus compradores "infectados por la ciguatera".
Los dos acusados, que tienen además antecedentes por tráfico de drogas, también han sido multados. Para Saúl Levi Hernández, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha fijado una multa de 2.690 euros y para Ismael Hernández de 1.920.
"Era más grande que el niño de seis años"
Durante el juicio, los acusados negaron haber vendido un ejemplar de mero superior a los 29 kilos, que es el límite fijado para el control de la ciguatoxina, "ni pescado por ellos mismos, ni adquirido a un tercero" rechazando asimismo que "ningún mero por ellos comercializado no pasase los controles de detección". Para ello, aportaron documentos de compra por parte de Saúl Levi Hernández de un mero de cuatro kilos el 2 de diciembre y de otro de 12 el día 5. Sin embargo, la sala da por bueno el testimonio de algunos de los afectados, que "llegaron a ver el tamaño del mero" y que manifestaron que nunca habían visto un ejemplar tan grande. Una de ellas, que acudió con su hijo a la pescadería, declaró incluso que el pescadero le dijo "como de broma" que el pescado "era más grande que el niño, que en esa época podía pesar con seis años 20 kilos".
Cuando Inspección de Salud Pública se personó en la pescadería el 9 de diciembre, no encontraron ni rastro del mero, pero según se apunta en el fallo, dos de los perjudicados habían avisado a los acusados de que "habían sido contaminados" una hora antes, por lo que la sala considera que "tuvieron tiempo de deshacerse de las pruebas y de idear una versión de los hechos"
"Nunca en Canarias, ni en toda la Macaronesia, se ha dado un caso de mero de 12 kilos, y mucho menos uno de cuatro, que tengan ciguatoxina", manifestó además el jefe de Sección de Salud Pública del Área de Salud de Lanzarote durante la vista oral, que expuso su "casi certeza total" de que el mero que se vendió a los afectados no se correspondía con los meros que figuraban en las dos facturas aportadas por la pescadería.
La jueza considera que "no hay ninguna base para dudar de los testimonios de los testigos directos" y "comparte los argumentos de los expertos" señalando además su "convicción" de que el mero que se vendió en la pescadería Los Alisios de San Bartolomé "procedía de una pesca particular del barco del acusado Saúl Levi Hernández".
"Mala praxis" en la Cofradía de San Ginés
Una técnico inspectora de Salud Pública, que también declaró en el juicio, expuso además que, hasta que ocurrió este caso, se habían venido registrando "problemas" en la Cofradía de San Ginés, "porque hacían las etiquetas sin controlar realmente de qué pescado se trata".
Según explicó, a la caja, además de la etiqueta, debe acompañarle una factura que hace la propia lonja, en la que se describe el producto que ha pasado por ese trámite, que se llama Primera Venta y que por cada caja tiene que haber necesariamente una etiqueta. Sin embargo, este sistema "no se venía cumpliendo". "El problema era que la cofradía y los pescadores tenían un horario distinto", manifestó la técnico inspectora de Salud Públuca en la vista oral, señalando que "entonces los pescadores iban directamente al distribuidor y le entregaban el pescado sin documentación alguna", emitiéndose la misma "posteriormente". Incluso, añadió, que en muchas ocasiones se dejaba "el pescado en las furgonetas y, sin pesar ni examinar el cargamento, los de la cofradía les hacían las etiquetas y las facturas de primera venta fiándose de su palabra".
La jueza considera que "como consecuencia de esta mala práctica", el acusado Saúl Levi Hernández "pudo perfectamente no presentar el mero de gran tamaño para su examen y conseguir una etiqueta y factura de primera venta por un mero de menor peso". "Con esta irregular praxis de las cofradías, se ha puesto en peligro la salud de los consumidores de toda la isla de Lanzarote durante muchos años y es hasta sorprendente que no haya habido más brotes por contaminación de ciguatera como éste a lo largo de los últimos años", manifiesta.
"Pensé que me moría"
Fue una de las afectadas la que también dio la alarma a través de La Voz y denunció lo sucedido el 12 de diciembre, pues hasta ese momento Salud Pública no había hecho pública la situación, a pesar de que el primer caso se había diagnosticado tres días antes.
Tanto esta mujer como otro de los afectados por el brote de ciguatera relataron entonces su experiencia a La Voz. "Pensé que me moría", confesaba un hombre que tras consumir el pescado comenzó a sufrir un calvario con diarreas, calambres, dolores de muelas, picores y, sobre todo, alteración de sensaciones térmicas. "Toco agua fría y es como si cogiera hielo, me quema. La sensación es como cuando has estado jugando con nieve y se te quedan las manos ardiendo. No sabes si tienes frío o calor", relataba.