La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha accedido a aplazar el juicio que iba a celebrarse este miércoles contra el ex concejal del PP en San Bartolomé Pedro Reyes, contra el ex interventor Carlos Sáenz y contra el empresario José Daniel Hernández, atendiendo así la petición formulada por una de las defensas. El motivo es la muerte de un familiar cercano de uno de los abogados, por lo que se ha fijado una nueva fecha para el próximo 18 de noviembre.
La causa se centra en el pago fraudulento de casi 600.000 euros entre los años 2004 y 2007 a este empresario, que ya fue condenado en una pieza del caso Unión por hechos prácticamente idénticos ocurridos en Arrecife, al haber cobrado un cuarto de millón de euros del Consistorio capitalino por supuestos servicios que realmente no había prestado. En ese juicio, José Daniel Hernández ya compartió banquillo con Carlos Sáenz, que fue interventor tanto en Arrecife como en San Bartolomé y que tiene además otras condenas a sus espaldas, las últimas dictadas por conformidad después de que confesara los hechos.
En esta nueva causa, la Fiscalía pide que los tres acusados sean condenados por delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude y malversación de caudales públicos. Tanto para Sáenz como para Pedro Reyes pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación, mientras que para José Daniel Hernández solicita cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación.
"Crearon la apariencia de que se iban a prestar servicios"
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los tres acusados se pusieron de acuerdo e "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos del Ayuntamiento de San Bartolomé", para que José Daniel Hernández "obtuviera un enriquecimiento patrimonial ilícito". Para ello, "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en el municipio de San Bartolomé, a sabiendas de que en muchas ocasiones, tales servicios no iban a ejecutarse".
En total, Hernández llegó a cobrar 582.813 euros del Consistorio de San Bartolomé a través de una de sus empresas, Proyectos y Servicios de Lanzarote, "prescindiendo total y absolutamente de las normas que regulaban el procedimiento de contratación pública" y "bajo la ficción de múltiples expedientes". En ellos, según la Fiscalía, "se creaba la ficción de adjudicación directa por contrato menor", cuando lo cierto es que la cuantía impedía recurrir a ese procedimiento y obligaba a sacarlo a concurso.
Además, de los 36 expedientes que se tramitaron, la Fiscalía sostiene que "al menos en 13 de ellos no se llegó a realizar la obra o a prestar el servicio objeto del contrato". De esta forma, considera acreditado que como mínimo 155.061 euros se abonaron sin que el Ayuntamiento obtuviera contraprestación alguna, por lo que ésa es la cantidad que reclama que los tres acusados devuelvan de forma solidaria al Consistorio.
En cuanto a Pedro Reyes, señala que firmó la conformidad de 17 de esas facturas en calidad de concejal de Servicios Públicos, "pese a tener conocimiento de su mendacidad, asumiendo el gasto y simulando que el expediente de contratación era válido y que el servicio o la obra se habían desempeñado en las condiciones pactadas".
Otro ex edil del PP condenado en San Bartolomé
Además de las condenas y de los juicios que aún tiene pendientes en el caso Unión por malversar fondos públicos de Arrecife, Carlos Sáenz ya había sido condenado también por otro saqueo en San Bartolomé, dentro de la primera pieza que ha ido a juicio del caso Montecarlo. En esa pieza, fue condenado además otro ex concejal del PP en el municipio, Javier Betancort, que al igual que el resto de los acusados reconoció los hechos y aceptó la pena que solicitaba la Fiscalía, tras alcanzar un acuerdo de conformidad.
Ese fallo que ya es firme condenó al ex interventor tres años de prisión; a dos años y medio al empresario José Vicente Montesinos y a un año de cárcel al tesorero, Luis Manuel Rodríguez, al ex alcalde de CC, Miguel Martín, y al ex concejal de Hacienda por el PP, Javier Betancort, por autorizar pagos por servicios no prestados a las empresas de Montesinos.
En sus hechos probados, que fueron reconocidos por los acusados, la sentencia señala que entre los cinco contribuyeron a malversar en total más de 470.000 euros entre los años 2002 y 2012, cada uno desde el cargo que ocupaba en el Consistorio. En esa causa también estaba acusado otro ex concejal del PP, Cándido Reguera, que no llegó a juicio ya que falleció durante la instrucción. Reguera fue edil de Hacienda en San Bartolomé y después alcalde de Arrecife, en un periodo por el que también estaba acusado en otras piezas de Montecarlo junto a Carlos Sáenz y Javier Betancort.