La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado un escrito ante el Gobierno de Canarias reclamando que se investigue al Ayuntamiento de Teguise por una presunta “dejación de funciones” en relación con la muerte de Timple, que llevaba años viviendo en la calle cuando fue maltratado y asesinado por dos personas que ya han sido condenadas por esos hechos.
ANPBA recuerda que La Ley de Protección Animal de Canarias establece que es competencia municipal la recogida de animales vagabundos, por lo que entiende que el Ayuntamiento era “el responsable directo y último de Timple”, y que “debió haber desplegado los medios más efectivos, adecuados y humanitarios para, en tan dilatado espacio de tiempo, haberlo retirado de la calle e ingresado en un centro de acogida”.
De hecho, subraya que su apodo surgió del nombre de una calle de Costa Teguise en la que solía estar. “Se trataba de un perro acostumbrado a la zona y fácil de localizar a efectos de su recogida. Y no era un animal agresivo”, destaca la asociación.
Por eso, reclama al Gobierno de Canarias que abra una investigación para depurar posibles responsabilidades, ya que recalca que la misma Ley canaria establece que es el Ejecutivo regional el responsable de intervenir ante posibles “acciones u omisiones” inadecuadas por parte de los ayuntamientos.
Cuestiona la sentencia y pide reformar el Código Penal
En un comunicado, la asociación también cuestiona que el Ayuntamiento no se personara como acusación en la causa contra los dos autores de la muerte de Timple, ya que sostiene que debió “velar por una justicia adecuada” para el animal, “para lograr una condena más justa”. Al respecto, señala que aunque se celebró un juicio rápido, el Consistorio tuvo “suficientes días desde que tuvo conocimiento de la horrible muerte del animal y la fecha en la que la Policía Local de Teguise presentó las actas policiales en el Juzgado”.
Respecto a la sentencia, que condenó a dos personas a cuatro meses de prisión después de que confesaran los hechos y alcanzaran un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ANPBA considera que carece de “todo carácter disuasorio” y que “ha transmitido a la ciudadanía una impresión negativa y de rechazo a la actuación de la Justicia”.
“Es manifiesto el hastío de la sociedad ante inasumibles sentencias por maltrato animal con resultado de muerte que, por imperativo legal, hay que acatar y aceptar, como lo es ésta, que ya es firme y contra ella no cabe recurso alguno, una condena de sólo cuatro meses de prisión a quienes cruelmente acabaron con la vida de un inocente animal cuyo sufrimiento jamás podremos siquiera imaginar, maniatado, amordazado y expuesto al inmisericorde sol de un mes de julio hasta que, la falta de oxígeno y de frescor tronchó, partió en dos, su amada vida”, añaden.
Por eso, anuncian también que se dirigirán al Congreso de los Diputados para pedir una reforma del Código Penal, que es el que establece las penas para delitos de maltrato animal. Al igual que otras asociaciones y colectivos que han levantado la voz sobre este tema, ANPBA considera que es necesario “un verdadero cambio legislativo para una mayor protección de los animales ante actos crueles”, para que “los maltratadores puedan ingresar efectivamente en la cárcel”.