La portavoz de la PAH en Lanzarote, Cristina Cividanes, tendrá que desalojar la casa en la que vive y, además, pagar una multa. Así lo establece la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arrecife, según ha comunicado la propia Plataforma en su página de Facebook. Cividanes, miembro de la Obra Social de la PAH y portavoz habitual ante los medios en la isla, ‘ocupó’ una vivienda de Bankia, que asegura que llevaba "dos años abandonada", junto con su hija, que entonces era menor de edad. La entidad recurrió a la vía judicial para desalojar a Cividanes y los tribunales han fallado ahora a favor del banco. La sentencia establece que la portavoz sea "desahuciada de manera inminente", señala la Plataforma.
"Bankia, la entidad más rescatada con dinero público quiere echar a otra familia de su casa. Bankia ha preferido llevar a juicio a una familia de la Obra Social de la PAH, sin otra alternativa habitacional, para echarla a la calle en lugar de darles el alquiler social que piden", denuncia la Plataforma. "Esta vivienda llevaba vacía 2 años y Bankia la tenía completamente desatendida, no se hacía cargo de los gastos de comunidad ni suministros, cuando Cristina y su hija, en aquel momento, menor de edad, se vieron obligadas a recuperarla para no vivir en la calle", explican. Así, para la PAH, al "despropósito de Bankia" hay que "añadir el de la ‘justicia’, ya que Cristina se ha tenido que enfrentar a un juicio por no tener donde vivir sin derecho ni siguiera a un abogado", critican.
Ante este fallo, la Plataforma advierte a Bankia que no "consentirá" que desahucie a Cristina, que está desempleada, y su familia "solo para tener otra casa vacía más que acumular". "Queremos un alquiler social para ella y no vamos a parar hasta conseguirlo, si tocas a una, nos tocas a todas porque además ¡Bankia es Nuestra!", reivindican, en alusión dinero entregado a esta entidad para su rescate.
"Agotar todas las vías" antes de ‘ocupar’
Cividanes compareció el pasado 20 de octubre ante el juez, en una vista en la que trató de defender su deseo de permanecer en la vivienda y argumentar que ha "recorrido todas las administraciones buscando ayuda", que lleva "5 años esperando" una vivienda social del Gobierno de Canarias" y que "Bankia tenía una deuda con la comunidad" y ella no ha sido "una carga para la comunidad" , así como las "mejoras" que ha hecho en la vivienda. Presentó al magistrado "los recibos de pagar la luz, agua y comunidad" desde que vive ahí y también los documentos que prueban que "estaba en negociación con Bankia solicitando un alquiler social, en cualquier casa".
La portavoz de la PAH denunciaba entonces especialmente que la entidad "se niega" a concederle un alquiler social, que señalaba además que podía ser en cualquier otra vivienda, "aunque esté en el rincón más remoto de la isla". "Es su modus operandi en toda España; prefieren las casas vacías a negociar y dar un alquiler social", recalcaba. Incidía, además, en que antes de entrar en la Obra Social o entrar en una vivienda "agotó todas las vías".
