El esperado informe jurídico de la Fundación César Manrique, encargado al Servicio Departamental del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha ratificado las "dudas" del organismo sobre la regularidad en la tramitación de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, por lo que pide la "revocación" del documetno. Aseguran, en base al informe, que tanto la Adaptación Básica como la "corrección de errores" son "nulas de pleno derecho", lo que deja en una "inseguridad jurídica" al actual Plan que podría ser anulado también, tanto por las "irregularidades en su procedimiento", como por la falta de un Informe de Sostenibilidad Ambiental vinculante que no se incorporó en su momento y que no puede incluirse "a posteriori".
El informe encargado por la FCM hace un repaso por la tramitación de tres documentos que afectan al planeamiento municipal. Y tanto la Adaptación Básica como la "corrección de errores" que se aprobaron, mientras se llevaba a cabo la tramitación del actual PGOU de Arrecife, cuya aprobación inicial fue el pasado mes de marzo, han desencadenado según este dictamen un "riesgo legal" que de cara al futuro podría anular de pleno derecho el Plan.
En primer lugar, se argumenta que cuando se aprobó la Adaptación Básica en 2002 se trataba de un procedimiento abreviado para ajustar el planeamiento a la legislación urbanística canaria. Éste no permite la recalificación de suelo ni cambios sustanciales que afecten al modelo territorial y, sin embargo, durante el proceso se incluyeron, según recoge el dictamen jurídico, modificaciones de "calado". Es decir, la valoración de la FCM sostiene que "se excedió palmariamente de su propio ámbito". "Se introdujeron auténticas modificaciones en los usos y condiciones de suelo y reformuló el modelo territorial mediante la alteración de las clasificaciones establecidas para importantes volúmenes", especifica el escrito. Lo que entienden que supone una "desviación del procedimiento administrativo" y que por tanto, concluye el informe, "no es conforme a Derecho".
Por otro lado, la ULPGC considera que cuando a lo largo de 2005, se acordó "corregir" la Adaptación Básica se asumieron de esta manera los errores introducidos en el documento y, aunque es legal esa corrección, se llevó a cabo de tal manera que lo que realmente se hizo fue una "revisión encubierta de las irregularidades observadas", cuando el proceso administrativo de la corrección es válido para "errores materiales, aritméticos o de hecho, que resulten manifiestos a simple vista". Esto en el dictamen significa que "vuelve a incurrirse en los mismos errores ? que con la Adaptación Básica - y a multiplicar éstos". "Ha sido evidente la utilización de dichos procedimientos para unos fines distintos y al margen de aquellos para los que están previstos", concreta el informe que considera también "nula de pleno derecho" la "corrección de errores".
En el informe se sigue argumentando que como el actual trámite es realmente una revisión del planeamiento municipal, la irregularidad de las anteriores actuaciones afecta a la aprobación inicial del Plan General, por lo que "el procedimiento está viciado" y la aprobación inicial del Plan General "no puede ser utilizada para corregir los defectos observados en los anteriores documentos". A esto se suma la ausencia de un informe de sostenibilidad ambiental, que exige la Ley 9/2006 y que no se introdujo en su momento. Y según este dictamen, puesto que es vinculante no puede ser insertado "a posteriori", por lo que considera que la aprobación inicial del PGOU también es "nula de pleno derecho".
Son los argumentos que sirven a la FCM para pedir la revocación del documento, con el fin de evitar futuros "conflictos jurídicos". Según la Fundación, el Plan se encuentra en una "fragilidad jurídica" que lo hace vulnerable y que podría derivar en la anulación del prodecimiento de dicho trámite. Esa inseguridad jurídica lleva al organismo a posicionarse con respecto al presente documento y solicita al ayuntamiento de Arrecife "la clarificación del marco de ordenación urbanística vigente de la ciudad", "la revisión de oficio de la Adaptación Básica" y que se estime la alegación de la FCM en la que se solicitaba la retirada de la Aprobación Inicial por la ausencia del preceptivo "Informe de Sostenibilidad Ambiental".