El desalojo del centenar de personas en Playa Blanca, que se hizo efectivo el pasado martes, ha desatado la indignación en Lanzarote. Todas las familias afectadas, compuestas por 75 adultos y 24 menores, han quedado en situación de vulnerabilidad y sin un hogar en el que establecerse de nuevo.
Con motivo de este desahucio masivo, el abogado del despacho Fuenmayor Abogados, que representa a 19 de las familias que llevan años viviendo en la urbanización, Ayose Hernández, ha hablado con La Voz para explicar la situación a la que se enfrentan los afectados.
A pesar de que la causa sigue abierta y aún no se ha marcado la fecha de celebración del juicio oral, el desahucio se hizo efectivo dos días atrás. El Juzgado de Instrucción que lleva el caso en Arrecife dio luz verde al lanzamiento y rechazó los escritos presentados por las diferentes defensas para paralizar por cuarta vez el desalojo.
"No se ha resuelto el escrito de suspensión", ha indicado el letrado Ayose Hernández, quien entiende que al tratarse de "familias vulnerables, de una ocupacióon pacífica y sin violencia" debió de haberse aplicado el decreto que prohibía su desahucio hasta el 31 de diciembre de este año.
Asimismo, también ha querido resaltar, como ya adelantó La Voz, que las personas que ocupaban las viviendas hicieron una propuesta a la promotora para poder quedarse pagando un alquiler. Sin embargo, recibieron una negativa por parte de la empresa. "No dieron razones para justificar la negativa, ni siquiera por motivos relativos al derrumbre, dejaron claro que no había negociación", ha indicado Hernández. Mientras, el abogado ha explicado que "les ofrecieron entre 50 y 100 euros" por familia para que abandonaran el lugar "y evitar así el problema".
Una vez llevado a cabo el desalojo algunas familias siguen estando en la calle y otras realojadas en casas de familiares de forma temporal. En algunos casos, los perjudicados se plantean incluso dejar la isla y trasladarse a otras en las que puedan acceder a una vivienda asequible.
Por otra parte, el letrado ha aclarado por qué las familias rechazaron ser reubicadas en el Aula de la Naturaleza de Máguez, tal y como adelantó el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña. En este sentido, el abogado ha indicado que "no rechazaron la propuesta", sino que se les ofreció una guagua que los trasladaba hasta el lugar, pero "sin una posibilidad de retorno".
"Prefirieron no ir y quedarse por si les llamaban para trabajar y así, poder ganar dinero para llevárselo a su familia", relata Ayose Hernández.
Asimismo, el defensor de 19 de las familias desahuciadas señalan que las soluciones llegaron tarde y de forma improvisada. "Muchos meses ha habido para hacerlo, lo suyo había sido haberlo intentado antes, ahora ya es tarde", ha declarado el letrado.
500.000 euros por conseguir el desalojo
Durante el desalojo, recoger sus pertenencias fue una tarea complicada para las familias. El letrado medió para lograr que pudieran recoger sus objetos personales. "Pretendían que una vez que saliesen ya no pudiesen entrar ", ha confesado. Hizo lo posible para lograrlo. "Le pedí al teniente que al menos pudieran coger las pertenencias y no tirárselas como animales", ha añadido.
La denuncia que concluyó con el desalojo de estas 99 personas en Playa Blanca fue presentada por el promotor Ignacio Díaz de Aguilar en enero de 2023. "A nadie le había interesado hasta ahora", ha destacado el abogado, quien defiende que "el desalojo se ha producido debido a una serie de intereses económicos"claros y manifiestos".
En este sentido, el letrado ha señalado que "en la propia escritura de compraventa aparece una promesa de que la persona que sea capaz de desalojar a las familias recibirá una compensación de 500.000 euros".
No se dispone de informes que certifiquen el riesgo de derrumbe, como ya desmintió el Ayuntamiento de Yaiza en un comunicado. Así pues, el letrado ha revelado que "solamente hay uno que evidentemente, va a manifestar lo que al denunciante le interese, entre ellos la promotora". A su manera de entenderlo, la revisión no se ha hecho de la manera debidamente correcta. "El Juzgado debería haber asignado judicialmente a un perito o un aparejador que fuese y pudiese certificar el estado de las viviendas", ha añadido Hernández.
Otras ocupaciones en Costa Teguise y Playa Blanca
Sobre las diversas ocupaciones que se están llevando a cabo en Costa Teguise y Playa Blanca, muy cerca de la calle Malvasía, lugar en el que ha tenido lugar el desalojo, el letrado es contundente. "Al final, acabará ocurriendo lo mismo. Si nuevamente vuelve a caer en el mismo Juzgado, entiendo que el proceder será igual", ha advertido el letrado.