El Ayuntamiento de Yaiza ha impuesto una sanción de 3.001 euros al dueño de un bar situado en el centro comercial Papagayo de Playa Blanca por la "producción de ruidos y molestias", calificada como una infracción grave. Los hechos que han dado lugar a esta sanción ocurrieron sobre las 2,50 horas de la madrugada del pasado 22 de marzo, cuando una patrulla de la Policía Local se encontraba por la zona y pudo comprobar que el Buskers Bar tenía "las puertas abiertas, con la música a gran volumen en forma de karaoke, oyéndose a bastante distancia del mismo".
Tras recibir la denuncia de los agentes, la Concejalía de Actividades Clasificadas abrió un expediente y notificó los hechos al responsable del local, Geoffrey Edward Kitcher, que presentó alegaciones y pidió que el Ayuntamiento aclarara "si los agentes denunciantes hicieron medición" y, en caso afirmativo, solicitaba una copia y la calibración y homologación del aparato. Además, defendía que el hecho que le imputaban "debió de ser aislado" y que "nunca" antes se les había abierto un expediente.
Tras recibir su escrito, el Ayuntamiento pidió un nuevo informe a los agentes, que se ratificaron en la denuncia, señalando que "el día señalado se pudo comprobar por los actuantes cómo desde dicho local se emitía música al exterior por tener todas las puertas abiertas, cuando a este tipo de locales se les exige tener todas las puertas y ventanas cerradas e insonorizadas, más doble puerta de entrada para los clientes y así evitar que la música salga al exterior según la Ley 7/2011". Además, señalaban que "no hace falta medir el ruido proveniente del local con un sonómetro, dado que directamente la normativa prohíbe tener las puertas abiertas emitiendo música al exterior como es el caso".
En base a ese segundo informe, y señalando además que las actas policiales "gozan de un principio de veracidad y fuerza probatoria", el Consistorio ha rechazado las alegaciones y ha aplicado esta sanción por una infracción grave de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. No obstante, ha impuesto la menor cuantía prevista por la ley, que establece sanciones desde 3.001 euros hasta 15.000 por este tipo de infracciones, e incluso contempla la posibilidad de cerrar temporalmente el establecimiento.
Ahora, el responsable del local tiene aún 15 días para presentar alegaciones contra la resolución del expediente sancionador, que se cerró el pasado 1 de diciembre.