El Ayuntamiento de Yaiza no va a apartar de su cargo al secretario del Consistorio, Vicente Bartolomé Fuentes, ni al aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco Cabrera, [condenados por un delito continuado de prevaricación urbanística.->62104] Pese a que la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife les impone una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, el Consistorio ha decidido "respaldar a los trabajadores y funcionarios, en aras del principio de presunción de inocencia, hasta que los tribunales no se pronuncien en sentencia firme". Y es que hay que recordar que contra la sentencia cabe recurso.
Así, el Ayuntamiento no adoptará ninguna medida respecto a ellos, pese a que la sentencia considera probado que los dos técnicos, en al menos dos expedientes, informaron favorablemente a la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, "a sabiendas de que incumplían manifiestamente con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente".
El Consistorio no ha querido pronunciarse sobre la situación concreta de estos inmuebles, ni sobre las licencias que se concedieron. Según han señalado, lo que se intentará hacer es abrir un "expediente de revisión de esas licencias, para analizarlas una a una y actuar en consecuencia", pese a que una sentencia las ha declarado irregulares.
Lo único que está haciendo en estos momentos el Ayuntamiento de Yaiza es "gestiones tendentes a que el próximo Plan General recoja todas las construcciones que se encuentran dentro de los núcleos de población del municipio", según han señalado desde el gabinete de prensa.
Una orden de derribo que nunca se cumplió
Las licencias en las que, según la sentencia, se ha probado su ilegalidad, son las concedidas a Tomas Negrín González, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle La Vista de Femés, y a Jorge Facundo Reyes Rodríguez, hermano de José Francisco Reyes, para una casa unifamiliar en la plaza San Marcial número 2 de Femés.
Incluso en este último caso, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordenó en junio de 2005 el "restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada, mediante la demolición de las obras de construcción de la edificación de dos plantas destinadas a vivienda". La resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La vivienda, según el Ayuntamiento de Yaiza, "sigue en pie, nunca se derribó, pero está deshabitada". Al parecer, no tiene ni puertas ni ventanas.
El secretario del Consistorio sureño, Vicente Bartolomé Fuentes, declaró en el juicio que sus informes "carecían de toda relevancia jurídica" y que él los elaboró a título meramente "ilustrativo" por la inexistencia de una unidad urbanística administrativa y porque el Ayuntamiento carecía de funcionarios especializados en esta materia. Al respecto, el Consistorio no ha sabido aclarar este jueves a La Voz si ya cuentacon esta unidad y este personal, ni si son las mismas personas las que siguen emitiendo los informes del Ayuntamiento.
Otras causas pendientes
Ésta es la primera condena contra Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, pero ambos tienen otras causas pendientes, incluyendo una que ya fue juzgada y en la que se sentaron en el banquillo junto al ex alcalde, José Francisco Reyes, pero que [aún está pendiente de sentencia->55763]. En aquel juicio, celebrado el pasado mes de junio, el fiscal pidió ocho años de inhabilitación para Vicente Bartolomé por un presunto delito de prevaricación, mientras que para Pablo Carrasco solicitó cinco años de inhabilitación y cuatro de cárcel, al sumar también un presunto delito de falsedad documental en la concesión de una licencia.
Además, Vicente Bartolomé Fuentes también está imputado por un presunto delito de prevaricación por conceder [una licencia que no se ajustaba a la legalidad en el caso de Costa Roja.->38229] Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza [está imputado por asociación ilícita, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística en el caso "Reyes", ->61453] que investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En este caso también está imputado Pablo Carrasco.
Incluso, Bartolomé Fuentes fue [detenido en el marco de la Operación "Unión" ->28015] por un presunto delito de cohecho. Según el informe de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Yaiza [guardaba 56.000 euros de su propiedad en la caja fuerte de su despacho del Consistorio.->34738] Los agentes hallaron en el registro, practicado el 28 de mayo de 2009, esta cantidad de dinero, así como varios documentos oficiales de recaudación, "los cuales presentaban evidentes signos de manipulación", según el informe de la UCO.
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